Las Cortes de Castilla y León mantienen la mayoría de PP y Cs en las comisiones y PSOE y Podemos reiteran que irán al Constitucional

La Mesa de las Cortes acordó hoy, con el voto en contra de los dos representantes socialistas, mantener la composición actual de las comisiones parlamentarias en las que la suma de PP y Cs da mayoría absoluta, de manera que la salida de María Montero de la formación naranja no se refleja en una nueva proporcionalidad como exigen PSOE y Podemos, dispuestos a llevar el caso al Tribunal Constitucional.

El máximo órgano parlamentario asumió el informe de los servicios jurídicos de la Cámara en el que, con los mismos criterios de inicio de la legislatura de un procurador por comisión más la proporcionalidad en base a los escaños de cada grupo conforme a la Ley D’Hont, no se altera la composición.

De esa manera, las comisiones de las Cortes seguirán formadas por 17 miembros: siete del Grupo Socialista, que fue el más votado en las elecciones de mayo y consiguió 35 escaños; seis del Grupo Popular, con 29 procuradores; tres de Ciudadanos, ahora con 11 tras la pérdida de María Montero; uno del Grupo Mixto.

Los portavoces del PP, Raúl de la Hoz, y de Ciudadanos, David Castaño, afirmaron que el informe de los letrados se ajusta a derecho y a la proporcionalidad de cada grupo, y consideraron que la oposición, en concreto la socialista, busca un “ventaja política” en una tránsfuga, después de perder la moción de censura contra la Junta.

Por su parte, la socialista Patricia Gómez expresó el rechazo de su grupo al informe jurídico e insistió en que se refleje la situación actual en la que los socios de PP y de Ciudadanos han perdido la mayoría absoluta en la Cámara, por lo que mantuvo, como ya habían anunciado, que presentarán un recurso en el Tribunal Constitucional.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), consideró que mantener la actual composición es “una tropelía” que no se ajusta a las reglas democráticas y expresó también su posición de recurrir en el Tribunal Constitucional.

Fernández se refirió a un apartado del informe en el que se plantea ocho representantes para los socialistas, seis para los populares, tres para los naranjas y uno para el mixto, que él respaldó, pero tanto Castaño como De la Hoz rebatieron que el informe apuesta por mantener la actual situación y desecha esa composición por ser “más ficticia” en relación a los 81 miembros del hemiciclo.

El portavoz de Cs argumentó que el Grupo Socialista y Podemos “se adueñan” del voto de un heterogéneo Grupo Mixto (Vox, UPL y Por Ávila) y de la posición de la procuradora no adscrita, María Montero, para sumar una mayoría absoluta, sin saber si éstos van a votar siempre en contra de los socios de gobierno.

De manera gráfica, Castaño reiteró que PP y Cs están a falta de un escaño para la mayoría absoluta y el PSOE de seis, lo que no compartió Patricia Gómez, que insistió en que el citado informe no refleja la realidad actual de la Cámara y sostuvo, como ejemplo y ante las dudas de ir al Constitucional expresadas por los portavoces popular y naranja, que hace dos años les dio la razón en la comisión de las eólicas.

Gómez recalcó que PP y PSOE han perdido la mayoría y a partir de ahora tendrán que negociar todos los asuntos, lo que no preocupó a De la Hoz, quien afirmó que tienen la mano tendida a todos los miembros del Mixto, no a socialistas y morados porque saben que no la van a recoger.

Transfuguismo

Tanto Castaño como De la Hoz apelaron al Pacto Antitranfuguismo para definir a María Montero por dejar el partido por cuyas siglas fue elegida sin devolver el acta de parlamentaria, como la pide su grupo, mientras que PSOE y Podemos no creen que sea así cuando ha dejado Ciudadanos por razones políticas pero no votó a favor de la moción de censura socialista.

El portavoz popular incidió en que el pasado 11 de noviembre se reunió el Pacto Antitransfuguismo, presidido por la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en el que se recoge que se traiciona al grupo que se abandona, por lo que, desde el punto de vista político, atribuyó esa condición a Montero, con independencia de la posición de su voto y consideró que “tiene sentido” que se la reclame el acta.