El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernádez Carriedo, ha desmentido hoy que Castilla y León vaya a tener que devolver 180 millones de los 232 destinados a la Comunidad por el Gobierno en ayudas a empresas para paliar el impacto de la COVID-19, cuando ya tienen “bastantes más de 100 millones ejecutados” y no está cerrada la resolución de estos apoyos. “No se de dónde se sacan ese dato”, dijo Carriedo en relación a una denuncia efectuada por UPTA, y recordó que el plazo para pedir estas ayudas se cerró el 15 de noviembre, y tienen hasta finales de año para su resolución, y hasta el 30 de junio del 2022, para cerrar con el Gobierno la convocatoria.

Carriedo ha recordado que Castilla y León fue la segunda autonomía que convocó estas subvenciones, prorrogó una y otra vez los plazos, y amplió los sectores que podían beneficiarse desde 96 de base establecidos por el Gobierno, a 590, el 97 por ciento del total.

El consejero ha lamentado, no obstante, las dificultades de muchas empresa para poder acceder a estas ayudas, por los criterios rígidos impuestos desde el Ejecutivo central, y trasladó que ya envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno, para reclamar su flexibilización y “todavía están a tiempo”, dijo.

Por encima de la media nacional

Carriedo expuso que Castilla y León estará por encima de la media en ejecución de estos fondos, aunque insistió en que habría que flexibilizar los criterios que obligan a las empresas a justificar un 30 por ciento en pérdidas, y un proceso de endeudamiento para afrontar los gastos, porque muchas están en ese límite, y han empleado sus ahorros y su patrimonio para transitar por la crisis, y no pueden justificar su financiación por terceros.

El consejero de Economía y Hacienda reclamó, no obstante, que si no se ejecutan todas las ayudas, la Comunidad pueda disponer de los fondos que sobren, para poder ayudas a muchas empresas que lo están pasando muy mal en la actualidad por la “rotura de stoks” que impide determinados aprovisionamientos.