El próximo lunes 14 de marzo, justo dentro de una semana, la Audiencia Provincial de Valladolid celebrará el macrojuicio por el caso ‘Perla Negra’, o lo que es lo mismo, el juicio por el edificio que la Consejería de Economía compró en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y donde se intuyen delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, delitos que se habrían cometido entre 2005 y 2011.

Un edificio que tenía una previsión de coste de 50 millones y por el que finalmente se pagó casi 70 millones de euros. ¿Dónde fue ese dinero? Pues eso es lo que pretende aclarar este macrojuicio que contará con toda la expectación mediática en las próximas semanas y que lo hace justo cuando el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra en plenas negociaciones para formar Gobierno. Durante los 23 días de sesiones (del 14 de marzo al 29 de abril), irán pasando casi 70 testigos, entre ellos caras tan conocidas la del ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ex consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Además se solicitará la colaboración de más de 20 peritos para desgranar lo que muchos han considerado, sobre todo desde el PSOE, que se presenta como acusación, “trama”. Eso sí, unos testigos y peritos que no podrán ser grabados por los medios de comunicación.

Qué se investiga

En la 'Perla Negra' se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Los hechos vienen referidos al arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

Según fiscalía, estas operaciones fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez. Así, fueron varias las mercantiles que se vieron favorecidas como URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L., a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Desarrollo del juicio

El juicio del Procedimiento Abreviado tendrá lugar en la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial del Palacio de Justicia de Valladolid los días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de marzo, y 4, 5, 6, 7, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 de abril a las 10:00 horas. Pocos juicios se recuerdan que se hayan extendido tanto en el tiempo.

Además, la previsión es que las declaraciones de los acusados comiencen el día 14 y concluyan el día 17 de marzo. Posteriormente, comparecerán los 92 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, tendrán lugar las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.

Peticiones de cárcel

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

Por su parte, en el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.

Prohibido grabar a testigos

El juicio no ha comenzado y ya arranca con polémica. Y es que, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la guía que ha enviado a los medios de comunicación para seguir el macrojuicio anuncian que estará prohibido grabar a testigos y peritos. Una decisión inaudita (salvo en casos de menores y testigos protegidos) y que muchos ven como la excusa perfecta para proteger la imagen del que fuera presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que tendrá que acudir a la Audiencia para declarar como testigo el próximo 30 de marzo. Según las indicaciones, los periodistas pueden grabar audio y vídeo y obtener imágenes fijas durante los primeros diez minutos de cada sesión, pero "el rostro de testigos y peritos no puede ser grabado ni emitido". En su defensa, el TSJ asegura que es  “habitual” en los juicios que celebra la Audiencia Provincial.