Hace justo un año Castilla y León vivió el inicio de un terremoto político. El fracaso de la moción de censura del 22 de marzo de 2021, a través de la que el PSOE, con Luis Tudanca a la cabeza, pretendía desalojar a Alfonso Fernández Mañueco del poder en la región, supuso el inicio de una serie de acontecimientos que desembocaron en la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de diciembre y el acuerdo del PP con Vox, rubricado el 10 de marzo, antes de la sesión constitutiva de las Cortes.
El eco de Murcia que impulsó la moción de censura en Castilla y León
El inicio de la primavera del año pasado trajo consigo una convulsión en la política española. El 9 de marzo, el PSOE y Ciudadanos habían presentado una moción de censura en la Región y en el Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de desalojar del cargo al popular Fernando López Miras. Ambos partidos querían aprovechar la situación de extrema debilidad del partido tras el batacazo electoral en los comicios catalanes, el mes anterior, en los que había obtenido solo tres escaños frente a los seis de Ciudadanos y a los 11 de Vox. Pero la jugada no saldría como esperaban.
El PP puso en marcha a su maquinaria e impidió que la moción saliera adelante, al lograr el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos, a los que integró en el nuevo Ejecutivo murciano. El movimiento sísmico causado por el fallido intento tuvo su eco en la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso dinamitó el Gobierno de coalición, destituyendo a todos los consejeros de Ciudadanos y convocando elecciones anticipadas para el 4 de mayo, ante el temor de que la operación se repitiera en su región.
El eco de Murcia llegó también a Castilla y León y Luis Tudanca anunció la presentación de una moción de censura contra Mañueco, instando a Ciudadanos a apoyarla. En este caso, el PSOE no logró su objetivo y Francisco Igea se mantuvo fiel al acuerdo alcanzado con el PP en 2019, si bien comenzaron a dejarse entrever grietas en el seno del Gobierno de coalición. Una procuradora de Ciudadanos, la salmantina María Montero, abandonó el grupo parlamentario poco antes de la votación al mostrarse favorable a la moción de censura. Quedó como diputada no adscrita y se abstuvo en la votación aquel 22 de marzo.
No obstante, la moción de censura no salió adelante ya que los 29 procuradores del PP, los 11 que le quedaban a Ciudadanos y la procuradora de Vox, votaron en contra. Luis Tudanca logró el voto favorable, además de sus 35 representantes, de los dos de Unidas Podemos. El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el de Por Ávila se unieron a la postura mostrada por la procuradora no adscrita de Ciudadanos y también se abstuvieron. La moción no salió adelante, el Gobierno de coalición se mantuvo, pero fue el principio del fin para el idilio entre Mañueco e Igea.
Los siete meses desde la moción hasta la convocatoria anticipada de elecciones
Tras unos meses de relativa calma, en septiembre saltaron todas las alarmas en Ciudadanos después de que el PP, su socio de Gobierno, votara junto con el PSOE la retirada del plan de reestructuración de la atención primaria en el medio rural ideado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de Ciudadanos. Una primera grieta en un Ejecutivo de coalición que no tardaría en saltar por los aires.
La negociación para aprobar los presupuestos de 2022 hizo constatar aún de forma más evidente la cada vez más creciente división entre PP y Ciudadanos. Mañueco acusó a su exsocio de haber estado negociando su postura frente a las cuentas con el único procurador del partido Por Ávila sin avisarle y, además, acusó a Ciudadanos de estar preparando en secreto una moción de censura con el PSOE, al estilo de la presentada en Murcia medio año antes.
El 20 de diciembre de 2021, finalmente, el presidente Mañueco convocó elecciones anticipadas y destituyó de manera fulminante a todos los consejeros de Ciudadanos y a su vicepresidente, Francisco Igea, emulando la estrategia de Isabel Díaz Ayuso unos meses antes en la Comunidad de Madrid. Pero la jugada de Mañueco no otorgaría al PP los réditos que esperaba.
Las elecciones del 13 de febrero, la guerra interna del PP y el acuerdo con Vox
Desde la convocatoria anticipada de elecciones, Castilla y León entró en una campaña electoral de facto y los líderes nacionales se volcaron en las primeras elecciones anticipadas de la historia de la región, que también eran las primeras que se celebraban en solitario y sin ir acompañadas de las municipales.
En un inicio, el PP de Mañueco se mostraba confiado en poder acercarse a los 41 años que conceden la mayoría absoluta y tener que depender, como mucho, de la abstención de algunos de los partidos provinciales que afrontaban estos comicios como la primera cita electoral de importancia para el movimiento de la España Vaciada. Pero según avanzaba la campaña electoral y se iban conociendo encuestas, tanto externas como internas, la inquietud por la posibilidad de no lograr su objetivo comenzó a hacerse cada vez más presente. Un miedo que, como se demostró después, no era infundado.
La noche electoral del 13 de febrero el PP obtuvo 31 escaños, solo dos más que en 2019, y cosechó su peor resultado histórico en número de votos en la región. Se cumplían, pues, los peores pronósticos de los populares y Mañueco se veía abocado a lanzarse a los brazos de Vox, que había pasado de tan solo una procuradora a 13 representantes, si quería conservar el poder.
En un principio, Mañueco se cerró a dejar entrar al partido encabezado por Juan García-Gallardo en el nuevo Ejecutivo, en la línea marcada por la dirección nacional del PP, que apostaba por un Gobierno en solitario de los populares. El propio presidente del partido, Pablo Casado, cerró la puerta a la posibilidad de un acuerdo que implicase la entrada de Vox en el Ejecutivo y alertó contra "el populismo y el extremismo", en referencia a los de Santiago Abascal, solo 48 horas después de conocerse los resultados electorales.
Pero cuando se acababa de iniciar la primera ronda de negociaciones para conformar el nuevo Gobierno, sucedió algo que lo cambiaría todo. La guerra interna desatada en el PP a nivel nacional –tras conocerse un presunto espionaje de la dirección a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– dejó a Casado en una situación de debilidad que debilitaría a su vez su firme posición con respecto al pacto en Castilla y León.
Esta situación, junto con la convocatoria del Congreso extraordinario del partido y el encumbramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de facto a nivel nacional, reforzó la independencia de Mañueco para negociar con manos libres su nuevo Ejecutivo. Finalmente, el 10 de marzo, quince minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes de la XI Legislatura, el presidente en funciones anunciaba un acuerdo de Gobierno con Vox que implicaba la vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de la Cámara para los de García-Gallardo, unos puestos que eran exigencia innegociable para Vox, que tenía intención de utilizar Castilla y León como su primer laboratorio de experimentación de gestión.
En el momento actual solo queda por saberse la fecha de la sesión de investidura, 25 o 28 de marzo, y qué consejerías ocupará Vox –suenan Agricultura, Industria y Cultura– en el nuevo Ejecutivo. Un año frenético desde la fallida moción de censura que ha cambiado para siempre la política en Castilla y León.