El líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta desde mañana, Juan García-Gallardo, va a estar “más que entretenido” con la “representación institucional y liderazgo político” que ejercerá desde su nuevo puesto. Unas funciones que se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
“Este es un Gobierno de coalición, con un líder del Partido Popular que ha sido investido y yo, por lo que ejerceré como líder político de la parte de Vox”, ha apuntado García-Gallardo, que aprovechó para ironizar las competencias de su antecesor, Francisco Igea, que además de la vicepresidencia ostentó la portavocía y la Consejería de Transparencia y Acción Exterior, dado que, según el líder de Vox en la Comunidad, “se dedicó básicamente a repartir subvenciones a ayudas que sostienen la inmigración irregular”. Un nuevo rifirrafe con el único procurador de Ciudadanos en las Cortes, que ya ha anunciado en las redes que espera que rectifique o le denunciará.
Para el futuro vicepresidente de la Junta su objetivo es “mejorar la vida de los castellanos y leoneses”, a través de un programa político basado en “poner a la familia en el centro de todas las políticas, defender al campo, que ha sido abandonado demasiado tiempo, y revitalizar la industria y el turismo”.
Un gran día
Al contrario de lo que han señalado otros líderes políticos como Luis Tudanca (PSOE) o Francisco Igea (Ciudadanos) para el burgalés, “hoy es un gran día para la democracia de Castilla y León”, tras un acuerdo entre su formación y el Partido Popular que “será ejemplo de los muchos otros que estarán posiblemente por venir”.
Entre las premisas de este Gobierno ha enumerado: “Vamos a mejorar la atención al campo, vamos a mejorar la industria y la posibilidad de atraer inversiones industriales, y vamos a atraer cierta normalidad legislativa en algunas leyes que suscitan cierto interés”.
Eliminación del Estado de las Autonomías
Como es habitual, se le ha vuelto a preguntar por la polémica suscitada por sus declaraciones de que Vox no renunciará a su “objetivo fundacional” de derogar el Estado de las Autonomías pese a entrar a pertenecer a un gobierno autonómico, García-Gallardo no vio “ningún problema al respecto” porque se trata de “un estado fracasado y una máquina de lapidar dinero público que provoca que Castilla y León sea discriminada presupuestariamente”. Además ha vuelto a justificar que no puedan tomar ya la decisión ya que cuentan con un 17% de representación en Castilla y León mientras que, para modificar la Constitución, “se exigen mayorías reforzadas”.
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