Castilla y León no tiene capital. La Comunidad es la única, junto con el País Vasco, cuyo Estatuto de Autonomía no determina la capitalidad de la región, aunque actualmente las sedes de las principales instituciones –las Cortes, la Junta y la Presidencia de la misma– se ubiquen en Valladolid, la ciudad más poblada de la región.
El Estatuto de Castilla y León, aprobado el 22 de febrero de 1983, no hace mención alguna a cuál es la capital de la región, ni tampoco hace referencia al lugar en el que deben ubicarse las principales instituciones de la Junta. Esta última cuestión se haya regulada en la Ley de Sedes, aprobada cuatro años después del Estatuto, en 1987.
La delicada diversidad identitaria de Castilla y León
La razón fundamental de que al configurarse la comunidad de Castilla y León se optase por no determinar la capital de la misma va estrechamente unida al complejo proceso de construcción de una autonomía que surgió de la fusión de dos regiones: Castilla La Vieja y la Región Leonesa, con sensibilidades muy diferentes. Además, dos antiguas provincias de Castilla La Vieja, Santander y Logroño, impulsaron sus propios procesos autonómicos y, por tanto, se desligaron de la nueva comunidad. Quedaban por tanto las tres provincias de León: León, Zamora y Salamanca, y las seis de Castilla La Vieja menos las dos ya mencionadas: Palencia, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos y Soria. Pero las complicaciones no terminarían aquí.
En julio de 1981 la Diputación de Segovia inició el proceso para que la provincia se constituyera en una comunidad autónoma propia y de los 210 municipios de la provincia, 178 votaron a favor de esta decisión. Pero la capital segoviana votó de manera contraria a esta iniciativa y finalmente las Cortes Generales impusieron la incorporación de Segovia al proceso autonómico de Castilla y León. Con todo, la cosa no quedó ahí y 54 senadores presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la incorporación de Segovia a la nueva comunidad autónoma, aunque finalmente, en noviembre de 1984, el Tribunal Constitucional declaró la norma recién aprobada conforme con la Constitución.
La cuestión leonesa también fue un hándicap en la conformación de la nueva autonomía. La Región Leonesa tenía, y tiene, una fuerte identidad histórica y esto generó rechazo en parte de su población a la hora de unirse a la nueva comunidad de Castilla y León. Una vez aprobado el Estatuto, en junio de 1983, el Grupo de Alianza Popular en el Senado presentó un recurso de inconstitucionalidad también con respecto a la incorporación de León a la nueva autonomía, si bien, en septiembre de 1984 el Tribunal Constitucional falló en favor de la incorporación.
Finalmente, el 22 de febrero de 1983 se terminaría aprobando en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Autonomía de Castilla y León –el último que se aprobaría en España– con 208 votos favorables, 100 abstenciones, cuatro votos contrarios y dos nulos. Y los legisladores, que habían aprendido la lección tras el tortuoso camino de construcción de la autonomía, decidieron no hacer mención a la capital de la Comunidad en la recién aprobada norma para evitar herir sensibilidades y crear discordia entre las diferentes sensibilidades identitarias de Castilla y León.
La Ley de Sedes y la centralización de Aznar
El Estatuto de Castilla y León determinaba que una futura ley fijaría "la sede o sedes de las instituciones de autogobierno" de la Comunidad, aunque esa norma tardaría cuatro años en ver la luz. Curiosamente, fue Alianza Popular el partido menos proclive a que las sedes de las instituciones se ubicasen en Valladolid y el que hizo que la aprobación de esa ley se postergase –hay que recordar que el recurso de inconstitucionalidad con respecto a la incorporación de León lo había presentado AP en 1983– pero, sin embargo, sería un presidente popular el que terminaría aprobando la norma.
El 29 de diciembre de 1987, bajo el mandato de José María Aznar –que había accedido al poder en julio de ese año, acabando con cuatro años de dominio socialista–quedó aprobada la Ley 13/1987 por la que se determinaba que la sede de las Instituciones de Autogobierno de Castilla y León se ubicaría, desde ese momento, en Valladolid.
Se decretó así que el Castillo de Fuensaldaña se convirtiera oficialmente, aunque ya lo era provisionalmente desde 1983, en la sede de las Cortes de Castilla y León, una condición que albergó hasta la inauguración de la actual sede en la capital, en 2007. También se ubicarían en Valladolid la Presidencia de la Junta y las consejerías de la misma. Con todo, otras instituciones se ubicaron en otras provincias. El Tribunal Superior de Justicia en Burgos, el Tribunal de Cuentas en Palencia, el Consejo Consultivo en Zamora y el Procurador del Común en León.
La aprobación de esta Ley de Sedes no trajo consigo ningún cambio con respecto a la capitalidad de la región, que seguiría vacante, aunque sí que produjo una centralización de facto en torno a la ciudad de Valladolid que no terminó de convencer a las provincias periféricas, especialmente al leonesismo, que vivió su primer momento de auge durante la década de los 90, en respuesta a lo que consideraban un proceso de centralización cada vez mayor de la Comunidad.
Las reformas del Estatuto y la moción de 2019
Las sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía –en 1994, 1999 y 2007– obviaron la cuestión de la capitalidad de Castilla y León y los legisladores de nuevo decidieron evitar tocar un asunto especialmente delicado en una comunidad con tan heterogéneas sensibilidades. Habría que esperar al año 2019 a que el fuego se reavivase.
El día 1 de octubre de ese año, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, impulsó una moción para que se declarase a la ciudad capital oficial de Castilla y León, que saldría adelante en el Consistorio con el apoyo del PSOE. La aprobación de esta moción generó una reacción inmediata en las direcciones autonómicas de ambos partidos, que mostraron su contrariedad, y, especialmente, en las agrupaciones de ambos partidos en León que, por supuesto, se opusieron frontalmente a que esa posibilidad siquiera se plantease.
La moción terminó quedando en nada y sirvió como precedente de las mociones leonesistas que comenzarían a aprobarse en diversos ayuntamientos de esa provincia a partir de diciembre de ese mismo año y que inauguraron un nuevo momento de auge de ese movimiento, que culminaría en la obtención de tres procuradores por parte de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero, su mejor resultado en 23 años.
La cuestión de la capitalidad de Castilla y León sigue quedando, pues, como un tema sin resolver y las formaciones políticas no parecen interesadas en remover un statu quo que ha garantizado casi 40 años de relativa calma en una comunidad que nació de un proceso de construcción turbulento, fruto de su diversidad identitaria.