Ni 50 días de cortesía para el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León

La tradición parlamentaria así lo indica. Hasta hace no mucho tiempo, era habitual que se respetasen los 100 primeros días al cargo de los gobiernos que se conformaban tras cada cita con las urnas, fuese a nivel nacional o autonómico. Un período en el que las aguas se calmaban y el tono de los envites parlamentarios adquiría un cariz manso y sosegado, mientras las formaciones políticas de la oposición se dedicaban a analizar y evaluar los pasos dados por el nuevo Ejecutivo. En Castilla y León no ha sucedido así. 

El Gobierno de coalición conformado por el Partido Popular y Vox –primera ocasión en que la formación de Santiago Abascal integra un Ejecutivo en su historia– no ha vivido un solo día de respiro desde que se anunció el acuerdo entre ambas formaciones y los partidos del bloque opositor han afilado sus uñas desde un inicio. Este mismo martes, en la primera jornada del pleno de las Cortes de esta semana, un áspero cara a cara entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su exvicepresidente, Francisco Igea, dejaba claro el tono a seguir en esta legislatura. 

Igea preguntaba al presidente por sus primeros 50 días de Gobierno y Mañueco le achacaba el haber recortado a la mitad ese período de cortesía a la realidad de que el procurador de Ciudadanos se reparte a partes iguales las intervenciones parlamentarias con el portavoz del Grupo Mixto, al que ahora pertenece, el dirigente de Unidas Podemos en la región, Pablo Fernández.

De la sesión de investidura a la toma de posesión

Solo una semana después de la toma de posesión de Mañueco, en virtud del acuerdo con Vox, el dirigente socialista, Luis Tudanca, ya acusaba a los populares de ser "el prinicpal agente de inestabilidad". Tudanca definía el plan anticrisis aprobado en el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo como un "juego de trileros" y una "mentira". "De todas las medidas que contiene ese plan, 260 millones de euros son peticiones al Gobierno de España", ha comentado. Acerca de la bajada fiscal de medio punto en el tramo autonómico de IRPF aseguraba que "deja fuera a 780.000 castellanos y leoneses, a los que más necesitan ayuda, a los que tienen rentas más bajas", destacando, también, que esa reducción de cargas fiscales no era progresiva.

El Grupo Mixto también mostraba su contrariedad con el nuevo Ejecutivo casi desde el inicio. El pasado 26 de abril los procuradores de Ciudadanos y Unidas Podemos, Francisco Igea y Pablo Fernández, presentaban un escrito en las Cortes para que se reconsiderase la retirada de la asignación al dirigente liberal, viceportavoz del grupo. Además, el PSOE acusaba a PP y Vox de "reducir el número de preguntas parlamentarias para reducir la capacidad de acción de la oposición". Un tono contundente que anticipaba que la relación entre un espectro y otro del signo político en la región no iba a ser precisamente fluida.

La XI Legislatura echa a andar

El pasado 4 de mayo, una vez anunciada la fecha de los primeros plenos, el de designación de los senadores autonómicos y el de presentación del informe del Procurador del Común, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, denunciaba la falta de transparencia del nuevo Ejecutivo. "No se publican las agendas de los consejeros, las subvenciones, y todo ese esfuerzo que habíamos hecho parece que se ha perdido en apenas dos semanas. Es el cambio que viene, el cambio de la opacidad y el autoritarismo", aseguraba.

Poco después, ante la inadmisión del escrito presentado por el Grupo Mixto, Igea anunció que presentarían un recurso ante el Tribunal Constitucional por la retirada del sueldo al viceportavoz. Después, llegaría el pleno de designación de los senadores autonómicos y la oposición repondría de nuevo la munición parlamentaria. PSOE y Unidas Podemos consideraron "un insulto y una vergüenza" la candidatura del vitoriano Javier Maroto, que finalmente saldría adelante el día 10 de mayo gracias a los votos de PP y Vox.

Posteriormente, llegarían las comparecencias de los consejeros para presentar su programa de legislatura y la oposición, de nuevo, aprovecho para cargar contra el Gobierno, aún no habiéndose iniciado el período ordinario de sesiones. Especialmente en la comparecencia del polémico consejero de Industria, Mariano Veganzones, de Vox, que el PSOE calificó de "lamentable" y a quien el Grupo Mixto acusó de haber transmutado "en una persona totalmente irracional".

El primer pleno de las Cortes: un 'todos contra Gallardo'

Mientras el ambiente se iba caldeando, llegó la fecha del primer pleno ordinario de la XI Legislatura, el pasado 24 de mayo. La sesión se convirtió, desde el inicio, en una sucesión de ataques al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, incrementados tras las palabras de este hacia la procuradora socialista con discapacidad Noelia Frutos, a la que aseguró que iba a tratar "como si fuera una persona como todas las demás".

En ese mismo pleno, tanto el PSOE, como los procuradores del Grupo Mixto y, más tímidamente, los del Grupo UPL-Soria Ya, arremetieron contra el nuevo Ejecutivo, centrando el foco de sus ataques en el vicepresidente de la Junta y en la presencia de Vox en el Gobierno. "Ha metido a la extrema derecha en el Gobierno y lleva seis meses sin hacer nada. Ha creado un Gobierno de barra de bar que dice que hay que cargarse el estado autonómico, la memoria histórica, y que los maestros y maestras enseñan posturas sexuales a los niños. Qué pena en lo que han convertido a Castilla y León", señalaba el líder socialista, Luis Tudanca. 

El pleno de esta semana llegó con el eco de aquellas dos sesiones, aunque el tono pareció relajarse, al menos hasta el mediodía de este miércoles. El PSOE planteó una Proposición No de Ley (PNL) para reprobar a García-Gallardo, tumbada por el PP, que trajo consigo de nuevo las declaraciones más altisonantes a la Cámara. La procuradora socialista Patricia Gómez Urbán aseguró que el vicepresidente no era "un ejemplo para nadie" y García-Gallardo respondió afirmando que Frutos había acudido al pleno de hace dos semanas "predispuesta a hacerse la ofendida". Menos de 50 días de cortesía, por tanto, para el primer Gobierno en el que participa Vox desde que irrumpió en la escena política nacional.