La memoria histórica ha vuelto a la primera línea de debate en Castilla y León durante los últimos meses. La intención de la Junta, en virtud del acuerdo entre PP y Vox rubricado el pasado 10 de marzo, de aprobar un Decreto de Concordia que sustituya al Decreto de Memoria Histórica de abril de 2018, ha hecho saltar las alarmas en las asociaciones memorialistas y ha generado indignación entre la oposición, mientras Vox se ha anotado un tanto al incluir una de sus medidas estrella entre las prioritarias del Ejecutivo de coalición.
Este nuevo Decreto, cuya tramitación está previsto que se inicie este verano –y que era una de las principales exigencias de Vox durante las negociaciones para dar su apoyo al presidente, Alfonso Fernández Mañueco–, contribuirá, según sus impulsores, a "no reabrir heridas" y ya en el acuerdo de Gobierno se anticipaba por donde irían los tiros. El tercer eje del pacto apuesta por "reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles".
A pesar de que el anterior Decreto de Memoria Histórica fue impulsado por el PP durante el Gobierno de Juan Vicente Herrera (2001-2019), los populares han aceptado las tesis de Vox en este sentido para garantizar la gobernabilidad y han dado luz verde a este repentino cambio de posición. En este contexto, muchos pueblos de Castilla y León se niegan a retirar algunos vestigios del período franquista que han sobrevivido a la Ley de Memoria Histórica nacional de 2007 y al Decreto autonómico de 2018. En muchos casos, con las más variopintas excusas.
José Antonio...Primo de Rivera, ¿o no?
Varios municipios que cuentan entre sus calles con algunas nombradas José Antonio se niegan a cambiar esos apelativos al no poder confirmar que se trate de Primo de Rivera, fundador de Falange Española en 1933 y ejecutado el 20 de noviembre de 1936 por las tropas republicanas en la prisión de Alicante. Por ejemplo, el municipio de El Fresno (Ávila) asegura que el motivo de no cambiar su calle José Antonio es que "no se tiene certeza de que dicha denominación de calle no se corresponda con alguna persona notable de este municipio". Añaden que, en este caso, esto no supondría "incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".
El consistorio de El Fresno asegura también que "resulta especialmente dificultoso consultar en el Archivo Municipal el origen de dichas vías públicas, por cuanto una parte importante del archivo se quemó". La misma excusa se ha repetido en los casos de los pueblos abulenses de Salvadiós, Serranillos y Gemuño, que también cuentan con calles José Antonio pero sin apellido.
Dos municipios burgaleses, Merindad de Montija y Moradillo de Roa, también han decidido mantener sus vías dedicadas a José Antonio con la excusa de que podrían refererise a vecinos ilustres del pueblo y no al fundador de Falange. Un caso especialmente curioso es el del Pasaje Primo de Rivera en Aranda de Duero. El ayuntamiento de ese municipio asegura que esta vía está dedicada al general Fernando Primo de Rivera y Sobremonte (1831-1921), fallecido antes del estallido de la Guerra Civil. Desde el consistorio, aseguran que "en el periódico La Correspondencia de España, de 8 de octubre de 1874, se señala que los vecinos liberales de Aranda de Duero en vista de los especiales servicios que el digno general Primo de Rivera prestó a la provincia de Burgos han acordado dar su nombre a la plaza que se llamaba del Obispo".
En el pueblo leonés de Villamandos, el consistorio asegura que "se desconocen los antecedentes que dan lugar a que la calle José Antonio tenga esta denominación y no es posible determinar si está dedicada a José Antonio Primo de Rivera o a otra persona o institución". En la localidad palentina de Fromista se muestran dispuestos a investigar el origen de su calle José Antonio, mientras que en el municipio salmantino de Fresno Alhándiga se niegan a cambiar su calle José Antonio, también con la excusa de desconocer su origen.
En el municipio vallisoletano de Roturas la excusa es la misma: el consistorio alega que "se ha pedido la opinión de los vecinos de dicha calle y no están de acuerdo en que se cambie el nombre por los problemas de tipo burocrático que les origina". Además, continúa el ayuntamiento, esos vecinos "estiman que el nombre de José Antonio no es patrimonio del franquismo" y alega que se ha buscado en el Archivo Municipal pero no se ha encontrado nada al respecto.
Llamativo es también el caso del pueblo segoviano de Honrubia de la Cuesta. En esta localidad, con una plaza que lleva el nombre de Primo de Rivera, el ayuntamiento asegura que dicha plaza "se denomina así desde antes de la Guerra Civil". "Como medio de prueba remitimos una partida de nacimiento de una vecina del pueblo del 7 de abril de 1926 en la que consta que nace en la Plaza Primo de Rivera, por lo que entendemos que dicha calle no está afectada por la Ley de Memoria Histórica".
El mismo argumento ha sido utilizado en el municipio soriano de Valdelagua del Cerro. El ayuntamiento asegura que "la calle se refiere a Miguel Primo de Rivera y fue designada mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 6 de junio de 1927", es decir, nueve años antes del inicio de la Guerra Civil.
Onésimo Redondo: el vecino que "ayudaba a los más humildes"
Especialmente surrealista es la historia relatada por el alcalde del municipio vallisoletano de Adalia ante la petición de retirada de la calle Onésimo Redondo de la localidad, que el regidor asegura que está dedicada a un vecino muy querido en el pueblo que vivió mucho tiempo atrás de la Guerra Civil y que nada tiene que ver con el fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) en 1931.
"Mi abuelo, que murió con 100 años y seis meses exactos, cuando yo contaba con 24 años, me contó varias veces la historia de Onésimo Redondo", comenta el alcalde en su respuesta a la petición. "Existe en este pueblo el pago de la Pelibaya que, según la leyenda, era una señora llamada así por el color bayo de su pelo y de la que se desconoce su nombre. El tal Onésimo Redondo era su nieto, o tal vez su bisnieto, y de él se recuerda su disposición a ayudar a la gente más humilde, motivo por el cual, en épocas muy anteriores al conflicto civil, el Ayuntamiento habría decidido honrarle con la denominación de una calle".
El caso de San Leonardo de Yagüe
El municipio soriano de San Leonardo de Yagüe dedica su nombre al general Juan Yagüe, natural de esa localidad y considerado responsable de la masacre de Badajoz durante la Guerra Civil Española, en la que fueron asesinados entre 2.000 y 4.000 republicanos. El consistorio municipal se niega a cambiar su nombre y se ampara para ello en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de 2007. "Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".
La corporación municipal recuerda que "se vio involucrada en sendos procedimientos judiciales sobre la denominación actual del municipio y entendieron que la denominación nada tenía que ver con esa exaltación y fue votada por todas las fuerzas políticas presentes en la Corporación, de muy distintas ideologías todas ellas".
Fraga y Calvo Sotelo
El municipio leonés de Molinaseca cuenta con una Avenida Manuel Fraga Iribarne que se niega a cambiar de nombre alegando que "dicha nomenclatura no es franquista ni incumple lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica". El ayuntamiento de la localidad asegura que se escogió este nombre "en base a los méritos democráticos adquiridos por un Padre de la Constitución de 1978" y que se concedió "el honor de aparecer en dicha calle "a un político de la época democrática por sus actos y méritos en la época constitucional".
Se da la circunstancia de que el historial político de Manuel Fraga cabalga entre ambos períodos, el franquista y el democrático. Bajo el régimen de Franco tuvo los cargos de ministro de Información y Turismo (1962-1969) y vicepresidente y ministro de la Gobernación (1975-1976). Después, en época democrática fue el líder de Alianza Popular (1976-1990) y diputado en el Congreso y en el Parlamento Europeo y, posteriormente, presidente de la Xunta de Galicia (1990-2005), para acabar su carrera como senador hasta 2011, un año antes de su fallecimiento.
Otro personaje polémico es José Calvo Sotelo. Líder del partido monárquico y conservador Renovación Española durante la Segunda República (1931-1936), si bien es cierto que en los últimos meses previos al golpe de Estado de Francisco Franco se mostró partidario de que el Ejército "reestableciese el orden público en España" no llegó a vivir la Guerra Civil ni el franquismo ya que fue asesinado por el guardaespaldas del político socialista Indalecio Prieto cinco días antes del estallido de la contienda.
Varios municipios de Castilla y León se han negado a cambiar sus calles referidas a Calvo Sotelo alegando que no llegó a vivir la Guerra Civil ni la dictadura y que, por tanto, no se ve afectado por la Ley de Memoria Histórica. Otros también alegan que el nombre Calvo Sotelo de sus calles hace referencia a Leopoldo Calvo Sotelo, segundo presidente de la democracia (1981-1982) y hermano menor del político monárquico. Entre ellos, destacan Hontoria de Cerrato y Valle de Cerrato en Palencia, Aldeaseca de Alba y Valdecarros en Salamanca, Sanchonuño en Segovia o Zambrina en Segovia.
Un monolito en un espacio privado y placas rotas
Otros pueblos de la región han utilizado excusas diferentes. Por ejemplo, el municipio de Corcos alega que un monolito franquista que se ubica en la finca de Aguilarejo, en su término municipal, está en un espacio privado y que "no se ha podido determinar quién o quiénes fueron los promotores del monolito, cuando se levantó y cómo se financió". Otro municipio que alega que su simbología franquista se haya en espacio privado es el de San Esteban de Gormaz, en Soria.
El pueblo vallisoletano de Siete Iglesias de Trabancos, por su parte, ante la petición de retirada de una placa a los caídos del bando franquista en la Guerra Civil asegura que la misma ya no existe. "Dicha lápida fue completamente destrozada hace aproximadamente dos años, en acto vandálico, sin que se haya procedido a su reemplazo ni por este Ayuntamiento, ni por la parroquia ni por entidad ni asociación ninguna, de tal modo que hoy por hoy no existe tal placa, siendo por tanto innecesaria la adopción de ningún acuerdo de retirada de la misma", afirma el consistorio del municipio.
En la localidad vallisoletana de Moral de la Reina, ante la solicitud de retirada de otra placa franquista, el ayuntamiento asegura que no son "competentes", al ser el edificio en el que se encuentra la misma "titularidad de la Iglesia católica". Un sin fin de excusas de toda índole y condición que han permitido resistir al paso del tiempo a decenas de vestigios franquistas en Castilla y León.