La población en riesgo de pobreza o exclusión social se ha disparado en Castilla y León hasta el 23,1% tras las sucesivas crisis económicas que se han ido encadenando desde 2008 y como especial consecuencia de la que se derivó tras la irrupción de la pandemia en 2020.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector en España, ha pedido hoy a las administraciones y al sector privado que, con más de diez millones de personas pobres en España, "se llegue a acuerdos concretos en materia social porque si no, en cinco años, todas las familias que están en una situación tan vulnerable además de estar en exclusión, será población que habrá que mantener".
Lo ha hecho en el encuentro que ha mantenido en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Cescyl), junto al presidente de esta institución, Enrique Cabero, así como la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha recordado que "Castilla y León fue la primera comunidad en destinar el 10% de los primeros 150 millones de los Fondos Next Generation a esta plataforma para que pudieran gestionarlos directamente".
Una consejería que ya destinó 186 millones de euros para proyectos de inclusión social en 2021 y que lleva ya 200 millones asignados a proyectos sociales en lo que va de año.
Para hacer más eficientes estas ayudas, Blanco ha anunciado que el Plan estratégico de impulso del tercer sector social podría estar operativo a comienzos del próximo año.
La necesidad de un impulso mayor
El denominado tercer sector lo constituyen entidades que surgen por iniciativa de la ciudadanía o del sector privado por involucrarse en acciones concretas que mejoren la vida de las personas.
El responsable nacional de esta plataforma, organización que celebra el próximo día 9 de octubre diez años de existencia, ha insistido en la necesidad de "velar decididamente por la inserción laboral de estas personas" a través de un equilibrio entre el sector público y privado.
Respecto a cuáles son los colectivos más vulnerables en la actual crisis, Poyato ha indicado que lo son "todas las familias que se han quedado fuera del mercado laboral, que son los mismos colectivos que antes pero ampliado" dado el actual escenario inflacionista y las mayores dificultades para encontrar empleo o cubrir las necesidades básicas de alimentación o energéticas.
"El tercer sector no puede acostumbrarse a una crisis tras otra sino que hay que plantear fórmulas para gestionar lo que tenemos", ha recalcado.
Más ayudas para la pobreza energética
Uno de los principales problemas a los que se va a enfrentar toda la población y de manera más acuciante aquella que está en riesgo de exclusión, es el alto coste de la energía.
Al respecto, Isabel Blanco ha asegurado que "La Junta trabaja en estas nuevas necesidades sobre energía térmica y eléctrica para las familias", al tiempo que ha recordado que el pasado verano el Ejecutivo regional ya aprobó un decreto con bonos de urgencia social para dar respuesta de forma ágil a estas necesidades.