La Junta de Castilla y León trabaja en una nueva orden de extracción de lobos, para ello se están dotando de la “mayor seguridad jurídica” para continuar realizando los controles de población del lobo. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido que Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León tratan de realizar controles pero se han encontrado “numerosos” problemas en los tribunales por la falta de seguridad jurídica de la norma aprobada por el Gobierno de España.

Una norma que se comienza a redactar después de que el pasado viernes se hiciera pública la sentencia de la Audiencia Nacional que avala el control de ejemplares de lobo por parte de las comunidades autónomas, algo que para Quiñones abre un “pequeño hueco” que deja al control la orden ministerial, tras la reclamación de una organización conservacionista. 

Además ha insistido en que Europa camina en el “sentido contrario” al Ejecutivo central, tras la resolución del Europarlamento. Ha criticado que con el “control excepcional que ha puesto el Ministerio” es imposible. “El panorama es de una absoluta irregularidad e irresponsabilidad política así como un ataque más, de los muchos, del Gobierno de España a nuestro medio rural”, concluyó.

Suárez-Quiñones ha realizado un resumen del camino recorrido por la caza del lobo desde que la orden ministerial de septiembre de 2021 incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Eso impidió la gestión del control del lobo al norte del río Duero, tal y como ocurría hasta entonces en las comunidades del norte del país.