La Junta compra diez viviendas al banco malo para destinarlas a alquiler social en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha adquirido 10 viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocido como el banco malo, con el fin de incorporarlas al parque público de vivienda y ofrecerlas en régimen de alquiler social o cesión de uso.

El coste total de la operación asciende a 747.150 euros, repartidos entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (344.824 euros) y la Junta de Castilla y León (402.395 euros). Además, se ha incluido una cantidad para las obras de adecuación de las viviendas, que también serán financiadas en esta misma proporción.

Las 10 viviendas adquiridas se encuentran en los municipios de Burgos, Salamanca, Segovia y Laguna de Duero, donde hay un gran número de familias en situación de vulnerabilidad que demandan una vivienda en alquiler. Estas viviendas se alquilarán a un precio que oscilará entre los 125 y los 400 euros mensuales, dependiendo de su ubicación y superficie, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales del inquilino. Los inquilinos no aportarán más del 30% de sus ingresos.

La adquisición de estas 10 viviendas se debe a un convenio de colaboración firmado en 2015 entre la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente (actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) y la SAREB, que prevé la incorporación de 100 viviendas al parque público de alquiler de la Junta de Castilla y León durante un periodo de cuatro años, con una inversión total de 660.000 euros.

La Junta de Castilla y León tiene previsto seguir adquiriendo viviendas en el marco del Plan para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, con una inversión prevista de 10.500.000 euros y un total de 150 viviendas en los próximos cuatro años. Estas viviendas también se destinarán al alquiler o cesión de uso.

Esta compra se enmarca en el Plan para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y se ha llevado a cabo gracias a un acuerdo firmado el 26 de octubre de 2022 entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.