La renuncia de PP y Vox a la dieta de 220 euros por asistir al pleno provoca un nuevo choque en las Cortes

Las dietas que cobran los políticos por hacer su trabajo siempre es un tema polémico. Un eterno debate sobre si deben hacerlo o no que estos días en Castilla y León vive un nuevo capítulo. En este caso por la celebración de un pleno fuera de lo previsto para que PP y Vox subsanen un error en las anteriores votaciones. Por este motivo, los dos grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de la Junta han decido renunciar a cobrar lo que les correspondería por acudir (dietas y kilometraje) al pleno de este próximo jueves.

Hay que recordar que las Cortes de Castilla y León tienen un sistema de retribución diferente para los 81 procuradores dependiendo de si se realiza en dedicación exclusiva o no. A este grupo pertenecen 23 procuradores de diferentes grupos, que tienen una asignación fija. Mientras que el resto, 51, cobran las dietas, que en este caso son de 220 euros por pleno y el kilometraje. Además, hay que sumar siete miembros del Gobierno que cobran como tales, y en este caso son procuradores sin remuneración. Por lo que el ahorro es de 5.720 euros más los kilometrajes (0,20 euros), lo que podría hacer un total superior a los 7.800 euros.

Tras su error en la votación, y como gesto, el PP y Vox renuncian a las dietas que se generen en enero próximo, habilitado para tramitar la proposición de ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas. Sin embargo, desde la oposición, en especial del portavoz del PSOE, Luis Tudanca, lo ven como un gesto de cara a la galería y aseguran que no es posible hacerlo. Algo que ha querido desmentir el portavoz del grupo parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ya que tienen carácter indemnizatorio. Sería diferente si estuvieran catalogadas como salario, que es algo a lo que no se puede renunciar.

En anteriores legislaturas el criterio que se aplicó fue el de que estos pagos eran irrenunciables si el procurador asistía a las sesiones, pero ahora, los servicios jurídicos de las Cortes han dado el Ok a la negativa de cobrar este pago, ya que tienen carácter de indemnización.

La oposición sí lo cobrará

De esta manera, de los 44 procuradores que forman la bancada de PP y Vox, 26 son susceptibles de cobrar este dieta (18 del PP y 8 de Vox) y que ahora van a rechazar. “Los únicos que lo van a cobrar son la oposición, ellos son libres y lo harán, Vox y PP, no”, ha zanjado De la Hoz, que ha insistido en que no se debe confundir conceptos como “indemnización, dietas y salarios”.

El portavoz del PP también ha respondido a las acusaciones de Luis Tudanca de que durante la época de la pandemia se anunció una donación de lo recibido en las Cortes por parte de los procuradores al no haber actividad y que finalmente solo el PSOE hizo esta entrega y lo mostró públicamente. “Algunos hicieron alarde de sus donaciones, otros lo hicimos en la privacidad”, ha apuntado para reiterar que aquel supuesto no tiene nada que ver con lo que está produciendo ahora. “Son bombas de humo”. “Dejen de tomar el pelo, ¡ya!”, afirmó por el contrario el socialista.

De la Hoz ha recalcado que será el único “gasto extra” para las arcas públicas, ya que las sesiones de comisión que pudieran celebrarse serían las habilitadas para la presentación de informes por parte del Consejo de Cuentas, por lo que no habría convocatoria extraordinaria. Al igual que el pleno definitivo en el que se aprobaría la nueva norma que será ordinario ya en febrero, mes hábil. De la Hoz ha defendido la posibilidad de PP y Vox para enmendar el error presupuestario frente al Gobierno, que no ha rectificado la ley del ‘solo sí es sí’, que ha puesto  a “20 violadores en la calle”.

Por su parte, el único procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado la renuncia a dietas de Procuradores durante este mes de enero. “Ya está bien de degradar la vida política de esta Comunidad. En vez de renunciar a las dietas, yo les propongo que se las ganen con su trabajo”, y ha criticado al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, al reprochar que su “única misión” es indicar el sentido del voto, y para eso “tiene que leer el guion. Gana 90.000 euros para levantar un dedo y decirles a los otros señores que tienen que votar”. En la misma línea se mostró, Pablo Fernández, procurador de Unidas Podemos, que calificó el gasto de este pleno en 13.000 euros para las arcas públicas.