Casi un año después de aquellas elecciones anticipadas que cambiaron a Ciudadanos por Vox como socio de gobierno del PP en la Junta de Castilla y León, la pregunta es si Mañueco se arrepiente, o no, de romper con los de Igea para bailar ahora al son que marca Gallardo. Y de cambiar un pacto de legislatura en apariencia cómodo, marcado especialmente por las exigencias de transparencia y de buen gobierno de los naranjas, por otro con una línea ideológica muy marcada en la que los de Abascal dejan una impronta difícil de defender para la línea moderada que promueve la actual directiva de Alberto Núñez Feijóo, su principal baza para liderar un espacio hegemónico de centro, hoy huérfano de referente.

Con aquel pacto, firmado in extremis aquel 10 de marzo escasos minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, Vox consiguió no solo la presidencia de la cámara autonómica, con la que maneja los tiempos y los mecanismos de la dinámica parlamentaria. El documento en el que estamparon su firma apresuradamente Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo refleja, en esencia, la idiosincrasia de Vox. Sin ambages y sin paños calientes.

De hecho, el propio presidente pasó de puntillas en aquella rúbrica sobre el contenido del mismo, sin que ni siquiera los periodistas tuvieran en la mano en aquel momento los puntos del acuerdo en una rueda de prensa en la que lo único que se anunció fue que PP y Vox gobernarían Castilla y León en los próximos cuatro años. Fue a posteriori cuando la prensa tuvo acceso a los 11 ejes y 32 acciones concretas que ambos partidos se comprometieron a cumplir a lo largo de la legislatura.

En un año netamente electoral, la mejor baza que Vox puede lucir ante su electorado son los logros del único gobierno autonómico donde está presente, el de Castilla y León, pero para ello necesita mostrar su utilidad y los frutos de su trabajo como partido en un gobierno en activo.

Acciones que no serán tan fáciles de cumplir como Mañueco esperaba, a tenor del revuelo que ha causado el nuevo protocolo sanitario destinado a las mujeres embarazadas que prevé que los facultativos ofrezcan a las pacientes escuchar el latido del feto, asistencia psicosocial y ecografías 4D. Un protocolo con medidas que el vicepresidente Juan García Gallardo adjetiva como “provida” con el objetivo de reducir el número de abortos, y que anunció como de obligado cumplimiento para los sanitarios.

[El Gobierno requiere a Castilla y León para que no aplique el plan antiabortista de Vox]

El anuncio ha provocado una cascada de críticas, especialmente desde los sectores de izquierdas y feministas, pero también desde el ámbito sanitario y ha motivado, incluso, una advertencia del Ministerio de Sanidad, ya que podría vulnerar los derechos de las mujeres establecidos en la Ley del Aborto.

Mientras, el presidente de Castilla y León sostiene, al contrario que su socio, que el ofrecimiento no será obligatorio, sino solo una posibilidad más para las futuras madres. Veremos si Vox se conforma con reducir a un mero ofrecimiento la medida, que ha situado al partido como adalid de la lucha contra el aborto en España y ha puesto en una situación muy incómoda al PP de Núñez Feijóo. “No tragaremos con cualquier cosa”, se apresuró a decir su portavoz, Borja Sémper.

A pesar de que la medida, anunciada tras el Consejo de Gobierno de la Junta y en presencia del portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP), no está incluida en esa batería de ejes y acciones del acuerdo de legislatura, la propia Consejería de Sanidad destacó en la nota de prensa remitida a los medios que con ella se pretende dar cumplimento al pacto.

Se trata del eje 10, que defiende el “apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas” y la acción número 12, que contempla el “impulso de una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del Estado de bienestar”, y la número 13, de apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y el fortalecimiento de la conciliación de la vida laboral, social y personal.

Violencia intrafamiliar vs. violencia de género

No es la primera vez que el interés de Vox por implantar su línea ideológica en la acción de gobierno de la Junta hace pasar un mal rato al PP. La implantación del término "violencia intrafamiliar" hizo desterrar del vocabulario del presidente y los consejeros del PP cualquier alusión a la violencia de género durante las primeras semanas de gobierno de coalición, si bien finalmente los consejeros del PP han optado por defender ambos conceptos sin exclusión.

Sin embargo, uno de los puntos regulados en el pacto es la aprobación de una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar “para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas”, que actualizaría la normativa vigente “para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad”.

La ley aún no se ha tramitado pero, todo parece indicar que Vox no renunciará tampoco a una de sus medidas estrella en contraposición con la ideología de género, lo que obligará nuevamente al PP a retratarse.

Inmigración ordenada y adoctrinamiento en las aulas

Si Vox intenta acelerar el cumplimiento de los puntos más ideológicos del pacto de gobierno con el PP antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, e incluso antes de las generales, el daño para el Partido Popular puede ser evidente, un camino al calvario lleno de piedras en la campaña de Alberto Núñez Feijóo.

Véanse, por ejemplo, los puntos referidos al sistema educativo (14 y 17): “Consolidaremos un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico” y “garantizaremos la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”. O el que hace alusión a los movimientos migratorios con destino Castilla y León: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”, a pesar de que la CC. AA. no tenga competencias en políticas de interior ni fronteras.

El proteccionismo de los productos agroganaderos de Castilla y León frente a la “competencia desleal del producto extracomunitario”, la reivindicación de planes hidrológicos para la región, la reversión de la política energética del Estado, el equilibrio territorial, la financiación autonómica y el problema de la ocupación de viviendas son otros de los puntos que recogen este acuerdo, si bien menos problemáticos que los anteriores para consensuar una postura común con el Partido Popular.

Una ley de Concordia que no termina de aflorar

Al margen del programa del acuerdo, el Ejecutivo autonómico de Partido Popular y Vox iniciaron a finales de junio del pasado año la tramitación de una nueva legislación “de concordia” que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica de Castilla y León, impulsado por el mismo PP en el año 2018 y que fue una norma pionera en una comunidad del PP.

La nueva ley -o decreto- de Concordia, está pensada como contrapeso a Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso para ampliar las prerrogativas de la Ley de Memoria Histórica de 2007, y con el objetivo de “reconciliar a los españoles".

Pero lo cierto es que el Partido Popular se ha visto forzado a iniciar el camino de dar muerte a su propia legislación para complacer a su socio de gobierno, como también es cierto que, desde que se iniciara su tramitación parlamentaria, el proyecto duerme en algún cajón a la espera de acontecimientos. Los de Vox se muestran ya impacientes por la inexplicable lentitud en el proceso, y todo apunta a que la presión durante estos próximos meses será mayor sobre el PP para que cumpla con lo pactado.

Sin duda, Castilla y León podría estar, de nuevo, en el foco de unas elecciones con repercusión para el resto del país. La bola de cristal en la que adivinar cómo sería un virtual gobierno de España conformado por el PP de Feijóo y el Vox de Abascal.