La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido este martes en Salamanca de que se han "traspasado líneas rojas" con el protocolo antiaborto en Castilla y León y ha exigido a la Junta una respuesta a los requerimientos del Ejecutivo. "Esta ministra dirigió un requerimiento formal y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta y por tanto el Gobierno de España lo que ha hecho es llevar a cabo un nuevo requerimiento por la vía constitucional para saber de que estamos hablando", ha concretado.

Darias ha asegurado que "a día de hoy" el Ejecutivo sigue sin saber "cual es el alcance" de la medida y que "los profesionales sanitarios a día de hoy no saben a que atenerse". "Hasta ahora no hemos recibido ningún documento a pesar del requerimiento que hemos formulado. Lo ideal sería no tener que recurrir a ninguna vía judicial", ha señalado. La ministra ha asegurado que el compromiso del Gobierno es "no permitir que se produzca ningún retroceso" en los derechos de las mujeres y ha asegurado que los socialistas seguirán "apoyando a las mujeres en su capacidad de decidir cuando quieren ser madres".

Reafirmar el compromiso del Gobierno de España en la defensa de las libertades y de la legalidad vigente y de los derechos de las mujeres. El Gobierno, ante los anuncios de la Junta, en la tarde del domingo comunicamos un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa a la Junta en la que le instabamos a que se abstuviera de realizar cualquier tipo de acción que vulnerase la legalidad vigente o que fuera en contra de los derechos de las mujeres. 

El objetivo del Ejecutivo, según ha señalado Darias, es, por un lado "la defensa de la legalidad vigente" y, por el otro, "la defensa de los derechos de las mujeres". "Estas pruebas van en contra del criterio médico y se saltan los plazos en los que deben hacerse. El máximo respeto a la decisión de la mujer libremente tomada, responsable y sin interferencia de terceros que pueda menoscavar la libre decisión de la mujer", ha dicho.

Darias: "Estamos hablando de derechos fundamentales"

Darias ha recordado que el Consejo de Ministros de este martes ha comunicado un acuerdo de un nuevo requerimiento en la vía constitucional, por incompetencia, a la Junta, "entendiendo que carece de competencias para añadir nuevos requisitos y nuevas pruebas complementarias que no sean aquellas que estén contempladas en la Ley del Aborto".

"Desde el Gobierno manifestamos nuestro compromiso en no permitir ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Es un asunto de máxima prioridad y supone un antes y un después: nunca antes una comunidad se había atrevido a dar pasos así sobre la interrupción voluntaria del embarazo", ha añadido.

La ministra no se ha dado por satisfecha con la aclaración de Mañueco por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no habrá modificación del protocolo del aborto. "No me toca interpretar, me toca requerir a la Comunidad para saber de que estamos hablando. Se han traspasado una serie de líneas rojas que hasta este momento en este país no se había producido. Gobernar con la ultraderecha tiene ese riesgo, que acabas siendo lo mismo", ha afirmado.

La ministra ha advertido de que la medida podría "entrar en choque con lo que establece una Ley Orgánica" además de "ir en contra de los derechos de las mujeres. Estamos hablando de derechos fundamentales". "Si alguien tiene que aclararse es el Gobierno de Castilla y León, el Gobierno se está tomando con la máxima seriedad la tropelía que quiere llevar a cabo la Junta", ha zanjado.

Un requerimiento previo al conflicto de competencias

El requerimiento a la Junta de Castilla y León por el polémico protocolo antiaborto, acordado este martes en el Consejo de Ministros, es el paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. En el mismo, el Ejecutivo insta a la Junta a "cesar" cualquier actuación que "invada las competencias estatales" y "menoscabe" la Ley del Aborto de 2010 o las guías y documentos elaboradas en ese sentido. 

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que el Gobierno de la Nación podrá, de forma potestativa, requerir de incompetencia al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma, con anterioridad a la presentación del conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional. La Junta de Castilla y León dispone de un mes para responder el requerimiento, a cuyo término, si no es atendido, se entenderá en todo caso rechazado.

El acuerdo destaca también que las comunidades autónomas no pueden establecer "requisitos adicionales" a los que se derivan de la normativa estatal en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.