La Junta de Castilla y León ya tiene en su poder el primer requerimiento del Gobierno de España en relación a la asistencia de mujeres embarazadas y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Fuentes del Ejecutivo lo han confirmado hoy a este periódico que lo tienen en su poder. En él aseveran para que la Junta “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”, según un comunicado enviado el pasado domingo.

La idea es que impone el Gobierno es que se paralice el protocolo con el que se quería instar a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, una ecografía en 4D (de imagen en movimiento) y recibir asistencia psicológica. Sin embargo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, informó ayer en una declaración institucional realizada en Valladolid que no se iba a obligar “a nada” ni a médicos, ni a mujeres embarazadas, que no se había actualizado el protocolo para estas pacientes, ni tampoco para la interrupción del embarazo. Al contrario de lo que va anunciado su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox.

Este martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar un acuerdo para enviar un nuevo requerimiento de “incompetencia” a la Junta, que en este caso abre la vía ante el Tribunal Constitucional, para que cese de forma inmediata en la aplicación de cualquier retroceso en los derechos de las mujeres. Se da un mes para dar respuesta ya que de lo contrario el Gobierno prevé acudir al TC.