La Junta asegura que se cumplirá la ley estatal de Memoria Democrática en la protección de la ‘Pirámide de los italianos’ ICAL
La protección BIC de la Pirámide de los italianos "no chocará" con la Ley de Memoria Democrática
Carriedo ha negado que este proceso haya tenido ningún trato favorable y desconoce si la persona que lo ha solicitado tiene alguna relación con Vox
23 febrero, 2023 14:41Noticias relacionadas
La posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la ‘Pirámide de los italianos’, ubicada en el puerto del Escudo (Burgos), cumplirá con la ley de Patrimonio Cultural de Castilla y con la Ley estatal de Memoria Democrática. No habrá incompatibilidad ni "chocará". Así lo ha asegurado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy, que no obstante ha reconocido que "hay cauces legales si alguien considera que la ley no lo permite".
Una medida que fue anunciada ayer por la Consejería de Cultura y Turismo y que pretende blindar este monumento puesto en pie en agosto de 1939 para recoger los restos de combatientes de soldados italianos durante la Guerra Civil. Un monumento de origen franquista y que la Ley estatal de Memoria Democrática pretende derribar. Carriedo, fiel a su estilo, no ha contestado si los miembros del PP en el Gobierno conocían la decisión de la Consejería de Cultura y Turismo, departamento en manos de Vox, y ha argumentado que no es una competencia del Consejo de Gobierno por lo que no se ha sometido “a estudio” del Ejecutivo autonómico.
Carriedo ha negado que este proceso haya tenido ningún trato favorable y desconoce si la persona que lo ha solicitado tiene alguna relación con Vox.
El consejero ha anunciado que el procedimiento administrativo tendrá un periodo alegaciones y la fase de información pública, antes de su posterior resolución. Una declaración de BIC que se ha puesto en marcha a petición de un particular, por lo que ha asegurado que todas las consultas que lleguen a la Junta sobre posibles declaraciones son estudiadas, ya que es “un procedimiento administrativo, que cualquier particular puede pedir la declaración”.
