Escalada de violencia en las cárceles más peligrosas de CyL: "Si estamos así aquí, no me imagino en la calle"

Es un hecho que trabajar con delincuentes no es una tarea sencilla. Ni mucho menos un paseo de rosas. Pero la situación a la que se enfrentan los funcionarios de prisiones de las cárceles más conflictivas de Castilla y León ha empeorado gravemente durante este pasado año 2022. Prueba de ello es el aumento exponencial del número de agresiones a trabajadores que se han producido dentro de estos centros, según el informe expedido por Instituciones Penitenciarias en cumplimiento de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, firmado por el secretario general, Ángel Luis Ortiz González.

Cabe destacar que estos datos han sido solicitados por este medio a Instituciones Penitenciarias y no ha obtenido respuesta al respecto. No obstante, ha sido posible acceder al informe gracias a uno de los sindicatos de los funcionarios de prisiones. Durante el 2022 se produjeron hasta 45 agresiones en las cárceles de Castilla y León, con principal incidencia en los centros de Topas y Dueñas, donde aglutinaron 31 incidentes del total regional, es decir, el 68,8%.

En el cómputo general, en España ascendieron hasta las 453, regresando a cifras anteriores a la implantación del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social de la Secretaría General de IIPP. Es importante señalar que en Castilla y León sucedieron casi el 10% de los sucesos.

Por centros, tal y como se ha indicado con anterioridad, Dueñas y Topas son las cárceles donde la violencia ha hecho principal incidencia. En el caso de la palentina se han registrado 16 agresiones durante 2022, colocándola entre el top 5 a nivel nacional cuantitativamente. Además, una de ellas ha sido calificada como grave. La salmantina ha registrado 15. El resto se encuentran bastante por debajo: León (4), Valladolid (3), Soria (2), Segovia (2), Burgos (2) y Ávila (1). 

Con el objetivo de conocer la situación en los dos centros más peligrosos de la Comunidad, este periódico se ha puesto en contacto con los delegados sindicales de Tu Abandono Me Puede Matar en Topas y Dueñas, Ángel Luis Gallego y Esteban respectivamente, y con Fernando Martínez, miembro de la Ejecutiva nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.

Los tres representantes sindicales tienen claros cuales son los puntos clave para que la situación haya empeorado de esta manera en los últimos años. Concretamente señalan que la falta de personal y formación, la ausencia de la condición como agente de autoridad y de un estatuto propio y la denominada "política de buenismo" del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, son algunos de los aspectos que han agravado la situación en los centros penitenciarios.

Imagen del Centro Penitenciario de Dueñas.

Ángel Luis Gallego: "Somos el termómetro de la sociedad. Si estamos así aquí, no me quiero imaginar en la calle"

El delegado sindical de Tu Abandono Me puede Matar en la cárcel de Topas tiene claro que los centros de reclusión son el "termómetro de la sociedad". Por ello, para este funcionario de prisiones es patente que si la situación es de tal gravedad aquí, puede ser un reflejo de lo que esté pasando en la calle. "Si estamos así aquí, no me quiero imaginar en la calle", recalca.

Centrando el objetivo en la cárcel salmantina, donde las agresiones han ascendido hasta las 15 en este último año, Ángel Luis Gallego recalca que buena parte de la culpa de ello es la falta de personal. "Estamos en una situación bastante precaria. Han tenido una falta de previsión muy grande sobre el personal penitenciario. Una vez tenemos 57 años nos podemos salir a la llamada segunda actividad, que es de oficina en principio y luego ha habido un decreto que te sales del Ministerio del Interior, pero que puedes trabajar en puestos de área mixta o v2, que es vigilancia en puestos que solo se necesita durante el día", explica el representante de Tu Abandono Me Puede Matar.

A esta situación habría que añadir que la edad media en esta cárcel es de 58 años, lo que ha provocado que en el centro penitenciario de Topas haya 170 funcionarios en la segunda actividad. "Lo han solucionado con 50 funcionarios en prácticas. Es gente que está aprendiendo, no tienen experiencia y tampoco pueden tener esa responsabilidad", denuncia Gallego.

En la actualidad el centro penitenciario de Topas cuenta con 120 funcionarios de carrera en vigilancia interior, además de otros 50 en prácticas.

Esto desemboca en una "falta de continuidad en el trabajo", que provoca que no "tengas control directo sobre los presos". De la misma manera, genera una "falta de clasificación de internos". "En Topas hay dos módulos cerrados que si habría más personal no habría problema", subraya el sindicalista.

Control de la Guardia Civil a la entrada de la cárcel de Topas

Cabe recordar que la Relación de Puestos de Trabajo no contempla a los funcionarios que pasan a segunda actividad, es decir, estos contabilizando como trabajadores en activo del centro, sin que se refleje esa vacante en vigilancia interna que generen.

En Topas también se ha producido un crecimiento exponencial del número de la población reclusa, pasando en dos años de los alrededor de 600 a unos 800 presos."Esto es por la política actual de Interior, que es la del buenismo. Presos que están en primer grado porque están inadaptados a la vida normal del centro los progresan en otras prisiones a segundo grado, es decir, a una vida normal. Nos están viniendo conducciones de otros centros de toda España", recalca el delegado sindical.

En este sentido, el representante sindical ejemplifica que hay muchos internos de "origen musulmán" que están llegando a Topas después de "cometer incidentes en otras prisiones". "En vez de regresarlos a primer grado les cambian de prisión en segundo grado, es decir, nos vienen presos de otras prisiones de segundo grado camuflados", pone de manifiesto. Un comportamiento que, según denuncia el funcionario, es consecuencia de la intención del Ministerio, que es la de "reducir la población reclusa en clasificados en régimen cerrado o primer grado".

Fernando Martínez: "Nos jugamos la vida y muchas veces a cambio de nada"

Por su parte, el miembro de la Ejecutiva Nacional de la APFP, Fernando Martínez, puntualiza que los trabajadores de los centros penitenciarios "nos jugamos la vida y muchas veces a cambio de nada". Esto se debe a la peligrosidad de su puesto de trabajo. El representante sindical pone el foco en la necesidad de nombrar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. "Esta condición lo que haría es minimizar las agresiones porque lo que le caería es una pena. Ahora mismo les sale gratis: es una privación de recreo, actos recreativos o quedarse encerrado durante un tiempo. Las agresiones, insultos, vejaciones son gratis. Cada 24 o 26 horas hay una agresión grave en los centros penitenciarios de toda España", matiza.

Al igual que lo expuesto por el delegado de TAMPM en Topas, el representante de la APFP subraya que el caso de Topas y Dueñas es "peculiar", especialmente en el caso del centro salmantino, donde está "plagado de gente de prácticas". Esto hace que las agresiones "puedan correr a la orden del día". "Estás en un periodo de formación, llegas a un sitio hostil y difícil y observas que con quien trabajas, si es alguien igual que tú, no tiene ni dea... pues ya me dirás. Estamos trabajando con personal escaso y personal de prácticas, es el caldo de cultivo necesario para que haya agresiones", ratifica.

Imagen de archivo del Centro Penitenciario de Dueñas. Leticia Pérez Ical

En 2017 entró en vigor el Peafa, pero, según explica Martínez, hay un "desconocimiento" por parte de los trabajadores. "No lo han explicado prácticamente a los funcionarios, no han hecho cursos de formación. En muchas ocasiones no se realiza (el Peafa). Este año es el año que más han repuntado las agresiones", puntualiza.

Martínez explica que cuando se sufre una agresión, "hay varias partes". Por un lado está el apartado físico. "Muchas de ellas han sido roturas de tabique, cortes e incluso el jefe de servicios del centro de Cuenca, que estuvo a un palmo de que le cortaran la yugular con un cristal y morir", ejemplifica, al tiempo que advierte de que se está a "al filo de la navaja de que haya un hecho gravísimo".

De la misma manera, por otro lado se encuentra la parte psicológica. "Después de una agresión se sufre mucho. Las personas que te agreden no se van del centro, continúan durante tiempo y hasta que no vuelven a liarla sigues teniendo que verlas. Entrar a trabajar con personas que te han agredido no es de gusto. Muchos funcionarios sufren de baja psicológica", aclara.

Igualmente, relata que durante la realización de la vigilancia interna el equipamiento del funcionario es un "bolígrafo y un walkie". "No tenemos medios ni formación y hacemos lo que podemos. No estamos preparados. Hemos pedido formación y siempre nos la deniegan. Hemos pedido pistolas taser porque hay internos superpeligrosos", destaca Martínez. Asimismo, viendo que hasta que no se produce el incidente no se pueden equipar con elementos coercitivos, una de sus reivindicaciones es que haya grupos de intervención en los centros, como ocurre en "toda Europa". "Personas especializadas que saben reducir a un interno sin hacer ni un mínimo de daño. No nos los están autorizando porque no quieren desde Madrid porque existe un buenismo", afirma.

Esteban: "Activas el Peafa y parece que el que comete el delito eres tú"

En sintonía con sus compañeros, Esteban, delegado sindical de TAMPM del centro penitenciario de Dueñas, considera que la condición de agente de autoridad es una de las cuestiones "fundamentales". Esto implicaría que pasarían a tener presunción de veracidad. "Ahora legalmente nuestra palabra vale lo mismo que la de un interno. Dicha condición implica una mayor condena para el agresor. Debería reconducir las acciones de los presos, no es lo mismo que les caiga un año que les caigan cinco", recalca.

El representante sindical de Dueñas además reconoce que la aplicación del Peafa "no es una cosa que se haga siempre", sino que se aplica únicamente en "determinadas ocasiones graves". "Lo activas y parece que te están tratando como que hubieras cometido el delito, no es algo que nos guste", admite.

Imagen de una celda de aislamiento de la cárcel de Dueñas destrozada por el incendio provocado por un interno.

Para Esteban el aumento de las agresiones es una "tónica general de la sociedad". "Si no tenemos cobertura legal podemos hacer pocas cosas. Nos faltan medios materiales y humanos. No es lo mismo que estés dos funcionarios en un módulo de 80 o 90 personas que estés tres, eso influye", puntualiza.

El funcionario de prisiones considera que ahora mismo se encuentran desprotegidos, ya que cuando sucede un incidente "tienes que estar justificando lo que has hecho". "Los malos son ellos. Nosotros hacemos nuestro trabajo y cada vez que hay cualquier cosa parece que el que has hecho las cosas mal y has provocado el suceso eres tú", reitera.

Según informe elaborado por la APFP, en Castilla y León habría hasta 647 vacantes por cubrir. Especialmente en los puestos de vigilancia interior, donde, como no podía ser de otra manera, destacan en Dueñas y Topas.

Otra cuestión a tener en cuenta es el personal sanitario, ya que la normativa refleja la necesidad de contar con hasta ocho profesionales en cada centro. Sin embargo, en la cárcel de Salamanca en estos momentos hay cuatro médicos, de los que dos están de baja, por lo que las guardias de 24 horas lo hacen únicamente entre dos. Dicha carencia de la garantía asistencial, tanto para internos como para funcionarios, podría ser otros de los motivos que generase esa crispación y tensión en las cárceles. El informe de la APFP subraya que en Topas faltarían seis profesionales sanitarios, mientras que en Dueñas serían hasta siete.

Como conclusión a toda esta situación, los tres representantes sindicales coinciden en la necesidad de aplicar la condición de agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones, aumentar los medios personales y materiales e impartir formación. Estas son las "cuatro claves" para intentar frenar esta escalada de violencia que se viene dando en las cárceles de Castilla y León, especialmente en las de Topas y Dueñas.