Los jóvenes podrán solicitar a partir del 23 de mayo el aval de la Junta del 17,5% para una hipoteca

Los jóvenes de Castilla y León podrán solicitar a partir del 23 de mayo el aval que pone en servicio la Junta, del 17,5 por ciento, para la suscripción de una hipoteca para adquisición de vivienda. Así lo anunció hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien señaló que a eso se suma el 80 por ciento que “garantiza la propia hipoteca”, lo que hace que el beneficiario “solo esté obligado a un 2,5 por ciento de la entrada de la compra para poder independizarse y acceder una vivienda en el mercado libre”. Una medida que contará con ocho millones de euros.

Suárez-Quiñones profundizó en esta medida en el día en que el Consejo de Ministros da luz verde a las medidas en materia de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado fin de semana, y que el consejero criticó por perseguir “réditos electorales” y realizar anuncios “aprovechando las políticas del PP y de la Junta”.

“Una vez más, la Junta conoce estas medidas por los medios de comunicación, sin contacto previo del Gobierno con las comunidades cuando son competencias autonómicas, algo reprochable y sorprendente”, sostuvo el consejero, quien aplaudió este tipo de políticas “copiadas” del programa de vivienda presentad por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que están implantadas en las comunidades en que gobiernan los ‘populares’, como son Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León.

“Nos parece bien, porque está en la vía de nuestras políticas y no en la confiscación y la prohibición de la Ley de Vivienda, sino en fomentar las políticas de ayudas a los más vulnerables, como son los jóvenes”, defendió.

En este punto, mencionó también otros proyectos de vivienda como el programa ‘Tuya’, donde los jóvenes tienen acceso a viviendas de titularidad de la Junta y que se basa en un descuento del 20 por ciento del precio; o el acceso al alquiler, que en Castilla y León “llega a todos los jóvenes”, frente a otra medida que también impulsó el Gobierno de España, el Bono Joven, que “dejó fuera al 75 por ciento de los solicitantes”. “Esa es la diferencia de estas políticas”, afeó el consejero.

A su juicio, todas las políticas de vivienda de la Junta “beneficiarán a 40.000 jóvenes en todas las modalidades aptas y específicas para ellos”. Se trata, dijo, de medidas “serias y reales, no anuncios”, como el Bono Joven, o los pisos de la Sareb, que “produjeron una cierta ilusión y es una noticia vacía, porque en Castilla y León no hay más de unas decenas de viviendas” con las que ya trabaja la Junta con el denominado ‘banco malo’ “desde hace años”.

Por ello, el consejero reclamó “seriedad” y pidió al Gobierno que “cese” en esa “unilateralidad para buscar réditos electorales y trabaje con las instituciones, gobierne o no en ellas el PSOE”. “Hay que ser menos sectarios y más responsables en las labores de Gobierno”, instó Suárez-Quiñones.

Freno a la ocupación

Igualmente, anunció que próximamente la Junta aprobará una medida de “asesoramiento y apoyo a las personas que tienen sus viviendas ocupadas”, porque el derecho a la propiedad “tiene que ser protegido y la ocupación hace muy poco a favor del mercado del alquiler, porque retrae a las personas en disposición de poner viviendas en el mercado”. “Tenemos que luchar contra ese fenómeno. No lo hace el Gobierno, que lo favorece con la Ley de Vivienda, pero nosotros trabajamos para ir en contra de la ocupación ilegal de esas viviendas”, manifestó, en declaraciones recogidas por Ical.

Suárez-Quiñones respondió así a la posibilidad que tiene su departamento de actuar ante las protestas surgidas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), por la ocupación de 80 personas de un bloque de viviendas. “No es una competencia de la Junta. Pero que sepan que puede constituir una infracción penal como ocupación ilegal”, advirtió, para añadir que pueden actuar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia, además de los ciudadanos mediante “acciones civiles para verse libres”.

En este punto, aprovechó para insistir en la oposición de la Junta a la actual Ley de Vivienda, que “favorece la ocupación y viene a semiproteger la actuación de los ocupas, desposeyendo a los propietarios de la legítima posesión de sus viviendas”. “Es un mal momento para el Gobierno que estas protestas en Arroyo se produzcan después de la aprobación de esa ley”, reflexionó.