UGT acusa a la Consejería de Educación de haber manipulado el Decreto Ley de las 35 horas en contra de los profesores

El pasado 30 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de Castilla y León. Sin embargo, tal y como ha denunciado UGT, no todos los sectores se van a ver beneficiados de esta medida. 

"Una vez más, la Junta de Castilla y León tiene empleados de primera y empleados de segunda categoría. Los docentes de Castilla y León vuelven a ser los grandes discriminados", aseguran desde el sindicato tras comprobar las supuestas intenciones de la Consejería de "tergiversar y manipular el Decreto Ley de la jornada laboral de 35 horas", plasmadas, según ellos, en la instrucción que la Consejería ha remitido a las distintas provincias y a la que han tenido acceso. 

El sindicato recuerda que a lo largo de este mes los centros educativos tienen que establecer los puestos de trabajo necesarios para el inicio del próximo curso escolar y que estos deberían estar configurados con el horario de 35 horas que, en el caso de educación, se divide en horas lectivas y no lectivas. Sin embargo, UGT ha podido comprobar que en la citada instrucción la Junta de Castilla y León obliga a los centros a configurar las plantillas a 18 periodos, cuando realmente debería ser a 17 para que así los docentes puedan disfrutar de la jornada de 35 horas. Insisten, por tanto, en que la Junta ha convertido "la excepción en norma", al mismo tiempo que ha "incumplido" el decreto ley. 

Por todo ello, desde el sindicato aseguran que no van a permitir “que se siga abusando de los docentes de nuestra comunidad, los mejor valorados en todos los informes y los que peores condiciones laborales tienen” e informan que llevan una semana exigiendo a la Consejería de Educación coordinación y voluntad para cumplir lo pactado, así como la dignificación de los docentes de la Comunidad, recibiendo por su parte "evasivas y falta de compromiso". 

Además, para los representantes sindicales, esta “excepcionalidad” que la Junta pretende implementar “provoca que los centros educativos aumenten aún más su carga burocrática y se reduzcan los refuerzos y apoyos educativos del alumnado”.