Los funcionarios de Justicia en Castilla y León no tiran la toalla. Un problema que, lejos de llegar a una solución, cada vez está más tenso. Este miércoles se manifestaban frente a la sede del PSOE en Castilla y León para reclamar que negocien con ellos. Una petición que llevan haciendo durante todo el tiempo que llevan de huelga, que ya son más de dos meses.

"Reclamamos que se nos reconozca legal y retributivamente el trabajo que hacemos en el día a día en juzgados y tribunales", afirma Juanjo Banciella, responsable de Justicia de CSIF en Castilla y León. Una movilización en la que hoy, más que nunca, estaban enfadados. Y es que el pasado fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudía a un mitin en Dos Hermanas (Sevilla) y llamaba "intolerantes" a unos funcionarios de Justicia que desplegaron unas pancartas para pedir una negociación. 

"No entendemos cómo el presidente de un gobierno, que dice ser progresista, nos llame intolerantes. Nos preguntamos quién es el intolerante, si el que después de dos meses no se sienta a negociar o los que queremos hacerlo. Nos preguntamos si es el que da la espalda a la realidad de los juzgados o los que piden mejoras de la administración", lamentaba Banciella. 

Cansados de la situación, los funcionarios de Justicia critican la "política de tierra quemada que hace el Gobierno" en esta materia. Recuerdan que el 2023 es ya un año judicialmente "perdido" y que "no se están celebrando juicios, no se saca el trabajo y los ciudadanos ven cómo sus derechos no están reconocidos". 

Lo cierto es que, tras el anuncio de elecciones anticipadas al 23-J, todo se ha complicado más si cabe. Cuestionan que el Gobierno está "dando un pucherazo" al no sentarse con ellos a negociar bajo el pretexto de "estar en funciones". Ellos no lo ven así: "Tienen la capacidad y obligación de solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos".

Por otro lado, han pedido a Óscar Puente que se reúna con el Comité de Huelga y escuche sus reivindicaciones, para así poder trasladarlas a Madrid. Tienen claro que el culpable de la situación es el Gobierno del PSOE "que ha generado el problema y ha tenido dos meses para negociar" sin éxito porque, lamentan, les han dado "la espalda". 

Para la ministra Pilar Llop también han tenido un mensaje: "Cuando los jueces amenazaron con huelga, ella corrió a subirles el sueldo porque es jueza. No es de recibo que lo haga con los suyos y no negocie con quienes somos la base del juzgado". 

Al Partido Popular tampoco les dan la espalda y aseguran que si "quieren ser una alternativa seria" de gobierno deben "atender los problemas de la Justicia". Motivo por el que intentarán reunirse también con sus principales representantes. De este modo, han agradecido el apoyo de los populares en las Cortes de Castilla y León, pero no es suficiente y piden que "se conozca la problemática y se resuelva antes de las elecciones".