La amnistía reclamada por los independentistas catalanes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y la supuesta predisposición del Ejecutivo a negociarla, ha levantado una auténtica polvareda en la arena política española durante este mes de septiembre. A las duras críticas de la oposición –el PP ha convocado un gran acto contra la medida de gracia solo dos días antes de la previsiblemente fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo– se suman los reproches de algunos socialistas históricos, que no ven con buenos ojos la amnistía.

El expresidente Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra, junto con figuras destacadas de los últimos años como Jordi Sevilla, Tomás Gómez y Odón Elorza, han censurado esos posibles beneficios a los independentistas. También en Castilla y León se han escuchado voces críticas, como la del excandidato a la Presidencia de la Junta Jesús Quijano, que aseguraba recientemente que la amnistía "es algo fuera de lugar" y que "no tiene sentido".

Una de las cuestiones que ha generado mayores dudas con respecto a esta medida de gracia es su posible encaje constitucional y socialistas en activo como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han considerado que "no cabe en la Constitución". Precisamente, EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido conversar con algunos de los diputados constituyentes del PSOE de Castilla y León en aquella legislatura en la que se elaboró la Carta Magna, entre 1977 y 1979, acerca de tan polémica iniciativa.

Juan Luis Colino Salamanca (Valladolid, 1947), diputado por Valladolid en la legislatura constituyente, ha vinculado una posible amnistía al "arrepentimiento" de los independentistas catalanes encausados por los hechos de octubre de 2017. "No sé cómo podría encontrarse su encaje constitucional pero me parece que lo principal sería que los amnistiados se arrepintieran y no se les ocurriera volver a hacerlo. Me parece que debería ser una condición sine qua non", ha asegurado Colino.

Aunque ha reconocido que, por ahora, "no parece muy clara esa voluntad" por parte de los independentistas, ha advertido de que el Gobierno "todavía no se ha pronunciado sobre el asunto" y que es "pronto" para hablar del tema. "Ha habido movimientos de Sumar, pero el Gobierno ha dicho desde el principio que cualquier medida que tome la tomará desde la Constitución", afirma, mostrándose "tranquilo" y asegurando que no tiene ningún "reproche" que hacer al Gobierno de Pedro Sánchez.

Colino ha señalado que ahora "es el tiempo de Feijóo", con la investidura de los días 26 y 27 de septiembre en el horizonte, y que "el de Sánchez llegará en su tiempo si llega". "Creo que estamos hablando de estos asuntos un poquito antes de lo necesario", ha comentado, aunque insiste en que si el Gobierno aprueba esa amnistía dentro de la Constitución, y el Tribunal Constitucional lo avala, no tendría "ningún problema" con la medida.

Con respecto a las negociaciones con los independentistas, este diputado constituyente ha asegurado no tener "ningún problema". "Lo han hecho todos, lo hizo Aznar, Rajoy, Felipe González y sobre el diálogo yo no tengo ningún problema", ha zanjado.

Demetrio Madrid (Villaralbo, 1936) fue diputado por Zamora en aquella legislatura constituyente y, solo seis años después, se convirtió en el primer presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986. Madrid ha asegurado a este medio que, a su juicio, "todavía no toca" hablar de la amnistía y que "quien tiene que tomar decisiones" es Alberto Núñez Feijóo de cara a su investidura.

"La amnistía no sé si llegará o si no llegará y cuando llegue no necesariamente tiene que haber una amnistía en el sentido estricto porque hay otras fórmulas. Pero eso no ha llegado y yo no me quiero anticipar a los acontecimientos", ha afirmado el expresidente de la Junta.

A juicio de Madrid, Feijóo es quien tiene la responsabilidad de "resolver" la situación” y ha señalado que, si su investidura no sale adelante, es cuando le correspondería "entrar en función" a Pedro Sánchez. "Esto lleva un trámite y ese trámite hay que respetarlo. En estos momentos de lo que se trata es de ver si el actual candidato consigue ser investido presidente", ha insistido.

En el caso de que, como es previsible, Feijóo no fuese investido el próximo 27 de septiembre, el diputado constituyente ha asegurado que será entonces cuando Sánchez "empezará a recabar los votos necesarios". Pero se muestra escéptico con la necesidad de una amnistía a los independentistas catalanes para que la investidura del actual presidente salga adelante. "No sé si habrá que llegar finalmente o no a esa imagen que nos hemos formado todos en la cabeza", ha zanjado.

El que fuera elegido diputado al Congreso en cinco ocasiones consecutivas por el PSOE, primero lo fue por Murcia (1977-1982), y después por Salamanca (1982-1990), Ciriaco de Vicente Martín, nacido en 1936 en el municipio salmantino de Martiago, actualmente fuera de la vida política, no desea pronunciarse sobre la supuesta amnistía de los políticos catalanes por parte del Gobierno central. Así, De Vicente asegura: "No puedo dar opinión sobre un texto que no existe, intelectualmente no cabe otra respuesta. Cuando ese texto exista, lo haré con mucho gusto".

Luis Solana (Madrid, 1935), fue diputado por Segovia en aquella primera legislatura. EL ESPAÑOL de Castilla y León ha tratado, sin éxito, ponerse en contacto con él y fuentes del PSOE de aquellos años recuerdan que "fue diputado solo aquella legislatura y desapareció de la escena política", llegando a ser presidente de Telefónica entre 1982 y 1989 y director general de Radio Televisión Española (RTVE) entre 1989 y 1990. Además, es hermano de Javier Solana, ministro de Exteriores, Educación y Ciencia y Cultura con el Gobierno de Felipe González y exsecretario general de la OTAN.

Posiciones dispares pero una clara coincidencia entre los diputados socialistas de Castilla y León que formaron parte del Congreso de los Diputados en la legislatura en la que se elaboró la Constitución: la necesidad de no anticiparse, dejar pasar la previsiblemente fallida investidura de Feijóo y esperar a que se conozca el texto si es que finalmente se elabora. Una posible medida que ha levantado la polémica y que ha demostrado que Carles Puigdemont no va a vender baratos sus votos para permitir que Pedro Sánchez siga en el poder.