En la mañana de este lunes, 9 de octubre, el sindicato CSIF ha dado a conocer un estudio sobre los costes de kilometraje y otras indemnizaciones que, como han afirmado, están repercutiendo “negativamente” en los “miles de funcionarios" que “utilizan sus vehículos particulares por razón del servicio que prestan en la Junta de Castilla y León”.

Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, ha exigido a la Junta de Castilla y León que “enmiende de los presupuestos de 2024 la burla a los empleados itinerantes y abone 0,31 euros por kilómetro efectuado”.

El presidente en la región del sindicato ha asegurado que la institución regional “se mofa de los 7.000 empleados públicos” a los que “obliga a utilizar su vehículo particular para trabajar” a cambio de “unos paupérrimos 0,23 euros por kilómetro”, ha explicado en rueda de prensa añadiendo que el abono de esta “ridícula y muy escasa cantidad diezma de manera inasumible los bolsillos de estos empleados públicos” y “supone un enriquecimiento ilícito de las arcas de la Administración autonómica a su costa”, ha defendido.

Desde la Central Sindical Independiente y de funcionarios han defendido que el pago del kilometraje actual, fijado en los 0,23 céntimos, representa “un agravio comparativo” si nos fijamos “en los 0,26 euros por kilómetro” que ha aprobado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en pasado mes de julio para los empleados públicos que dependen del Estado.

“Tres meses han pasado y la Junta no ha cumplido un compromiso alcanzado el pasado mes de febrero de equiparar estas indemnizaciones a los términos nacionales, cuando el Gobierno realizara una subida”, ha añadido Benjamín Castro.

Además, ha apuntado que, desde CSIF, exigen a la Junta que enmiende los presupuestos de 2024 para paliar “esta burla hacia los trabajadores” y contemple la compensación económica de “0,31 euros por kilómetro para turismos” también de “0,127 euros para las motocicletas” e incrementar las dietas “en un 30%”.

“Toda cifra inferior a estas cuantías será inadmisible”, ha apuntado el presidente autonómico de CSIF que ha cifrado en 2,4 millones de euros el desembolso que la institución regional debería llevar a cabo para paliar este “problema” lo que supondría un “0,020% del presupuesto autonómico”.

Más peticiones

“Estamos preocupado por la pérdida de poder adquisitivo de todos los empleados en general, pero de los trabajadores públicos en particular que han perdido un 20% de su poder adquisitivo en los últimos años. Un 5% si hablamos de este 2023”, ha afirmado Rodrigo Molledo, el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Comunicación en CSIF Castilla y León.

Molledo ha añadido que cada céntimo de euro que aumenta tanto el precio del gasoil, como el de la gasolina “es un golpe contra el poder adquisitivo de esos trabajadores” especialmente contra los que dependen tanto de la Consejería de Sanidad como de la de Educación que son los que “están más afectados por la volatilidad de los precios de los carburantes”, ha apuntado Molledo.

Desde CSIF han dado más detalles de un informe económico elaborado por el propio sindicato. Mientras en el año 2018 el pago del kilometraje supuso un gasto de 5,2 millones de euros, en el 2022 no llegó a los 4,6 millones, lo que supondría una merma del 27,98%.

En cuanto a las dietas, que ha sido otra de las peticiones lanzadas a la Junta por parte de la central sindical, apuntan que se ha pasado en el mismo periodo de los 913,968 euros a los 505.162 euros. “Esto supone una reducción del 44%”, ha apuntado Rodrigo Molledo.

Una caída que choca, ha apuntado, con un “contexto de expansión presupuestaria de la Junta de Castilla y León”. También han reclamado la eliminación de las diferencias existentes entre los grupos y subgrupos de los empleados públicos a la hora de establecer estas compensaciones y que se establezca la obligatoriedad de revisas esas cuantías con carácter anual o bianual, como máximo, previa negociación con las organizaciones sindicales. “Todo lo demás sería una tomadura de pelo”, ha apuntado Molledo.

Por tanto, desde CSIF han pedido, por un lado, elevar esa cuantía a los empleados públicos en materia de kilometraje a los 0,31 euros por kilómetro, aumentar la cuantía en dietas y eliminar esa comparativa entre categorías y la revisión periódica de los costes en función al aumento del coste de la vida que marca la inflación.