La Comisión Europea ha propuesto este miércoles al Consejo de la Unión Europea reducir el nivel de protección del lobo y que pase a estar dentro de la clasificación de animal “protegido” y no como “estrictamente protegido”, como estaba hasta ahora. Una medida que ha sido aplaudida por la Junta de Castilla y León, ya que al igual que otras comunidades, venían defendiendo este cambio. Ya que el aumento de este animal ha producido serios problemas entre los ganaderos.
La Comisión viene a avalar los argumentos de la Junta que aseguran que zonas que habían estado ausentes durante mucho tiempo de lobos ahora han visto cómo aumentaban las poblaciones lo que ha provocado el aumento de “ataques al ganado y conflictos con agricultores y cazadores”.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo tiene claro y ha mostrado su satisfacción por la decisión que “da la razón a la Junta en la gestión del lobo y pone en evidencia a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y su orden ministerial que priva a las comunidades autónomas de esta gestión”. Además, a través de su cuenta de X, reclama al Gobierno que derogue de forma inmediata esa orden y “cesen los ataques del Gobierno de Sánchez a nuestra tierra. Con la decisión de la Comisión Europea gana el medio rural de Castilla y León, el sector ganadero y la propia conservación del lobo”.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones, también ha reclamado en el mismo sentido para no apartarse e ir “en sentido contrario” de la Comisión Europea que propone catalogar a la especie como protegida, y no como estrictamente protegida.
El consejero ha destacado el trabajo realizado por la Comunidad, junto a Asturias, Galicia y Cantabria, así como al pronunciamiento del Parlamento Europeo en 2022 en el que reconocía preocupación por los daños que producía el lobo y el oso en algunos territorios. A esto, indicó, se unió la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, quien se comprometió este año a trabajar en esta materia y ordenó que se estudiasen soluciones.