La Junta de Castilla y León contabilizó un crecimiento del 29 por ciento, en el primer semestre del año, de los ataques del lobo a la ganadería, en relación al periodo anterior a la inclusión de este cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), en septiembre de 2021. En este sentido, al 20 por ciento de incremento de daños del 2021 al 2022, se añade que entre enero y junio de 2023 se registraron 1.717 ataques, nueve diarios, y 2.705 cabezas muertas por las fauces del cánido, es decir, 15 animales diarios que dejaron de rendir para los ganaderos.

Del total de ataques en el primer semestre, tres de cada cuatro dañaron a ganado vacuno (1.256), con especial incidencia en Ávila (644). La provincia abulense sufrió la muerte de 811 cabezas por este motivo, seguida de las 736 de Segovia. En global, murieron en la Comunidad a causa del lobo 1.374 vacas, 1.048 ovejas, 165 equinos y 118 cabras.

En declaraciones a la agencia Ical, el consejero del Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consideró que la situación de la población del lobo es “favorable” en Castilla y León, al pasar de las 179 manadas del último censo de 2014 a las más de 200 de la actualidad. En este sentido, urgió al Gobierno de Pedro Sánchez a reunir a las comunidades autónomas y materializar la decisión de Bruselas de flexibilizar su nivel de preservación, conocida este mes de diciembre. “Castilla y León gana y el Gobierno pierde en esta discusión”, si bien el consejero incidió en que “lo importante es acabar con el efecto dañino que la decisión adoptada por el Gobierno de España en 2021 está teniendo en la ganadería y en el medio rural”.

En este punto, consideró que la decisión de la Comisión Europea marca “un antes y un después” y defendió que la Junta “ha hecho mucha labor en Europa” para favorecer este cambio de la Comisión Europea después de que el MITECO “incluyera al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE) por motivos meramente ideológicos y en contra de las comunidades autónomas, en un proceso que se considera nulo por los defectos y errores que tiene”, causa por la que esa orden ministerial se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional.

En síntesis, resumió que fue una “acción de gobierno totalmente errónea, equivocada y muy peligrosa y dañina para el medio rural, para la ganadería extensiva y para Castilla y León y el resto de territorios”, refiriéndose a las autonomías de Galicia, Asturias y Cantabria fundamentalmente, que en conjunto reúnen al 95 por ciento de los lobos de España.

Suárez-Quiñones celebró que la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, encargara un estudio y abriera en septiembre de 2023 un periodo de información pública europea para escuchar a los estados, las regiones y la sociedad, y que finalmente confluyó en esa decisión según la cual “hay que flexibilizar el régimen europeo de protección actual”, es decir, modificar el Convenio de Berna de 1979 y después la Directiva Hábitat, que desde 1992 establece que en toda Europa el lobo era “estrictamente protegido y no se podía gestionar por los gobiernos, salvo en el norte del río Duero en España y un territorio de Grecia, siendo ahora este último régimen de protección simple el que habría que extender a toda Europa”.

“Es decir, el Gobierno de España extendió por propia voluntad política e ideología al norte del rio Duero el régimen de estricta protección que había en el sur, cuando la Comisión europea, al contrario, considera que ese régimen de protección simple que tenía Castilla y León al norte del Duero, es el que tiene que regir en toda Europa”, argumentó.

Como primer paso, señaló el consejero, es urgente que el gobierno de España deje sin efecto la orden ministerial de catalogación del lobo en el LESPRE, y que el norte del Duero recupere el régimen de protección simple. Una vez que se materialice por la Unión Europea la modificación que pretende de la Directiva Hábitat, extender esa simple protección del norte al sur del Duero en la Comunidad, acabando con el actual régimen de protección estricta.

Estado favorable

El consejero de Medio Ambiente cree que esta decisión de Bruselas constata que el estado de conservación de la especie es “favorable” y se toma para “disminuir los daños a la ganadería y el riesgo de abandono del medio rural, porque Europa sabe que hay un problema de despoblación”. “Esto es lo que ha dicho Europa. ¿Qué hizo el Gobierno? justo lo contrario”, espetó Suárez-Quiñones, quien entendió que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “está obligada a dar una respuesta a esta situación” y devolver las competencias a las comunidades autónomas al norte del Río Duero, un trámite que se podría materializar ya.

Castilla y León espera una “respuesta urgente y rápida” porque “lo exige el medio rural” para frenar la cadencia de estos años, que anota más de 5.000 reses muertas en el año 2022, un 20 por ciento por encima del año completo 2021, y creciendo también en 2023, como hemos reseñado. “Hay más ataques, cada vez hay más reses muertas y por tanto más ganaderos que se van del medio rural. Por tanto, esta situación exige una respuesta urgente. Pedimos la vuelta al diálogo y al consenso del Gobierno de España con las comunidades, que siempre presidió en democracia todas las decisiones sobre las especies silvestres, ofreciendo la ayuda de la Junta, no solo a fin de dejar sin efecto la orden ministerial, sino para alcanzar acuerdos con la estrategia de conservación del lobo por la que el Gobierno elaboró y sustituyó en julio de 2022 la que había del 2002. “Se necesita responsabilidad y sensatez política”, dijo.

Posibilidad “cercenada”

También se refirió a la petición de las organizaciones agrarias de que la Junta puede aplicar la Directiva Hábitat, que en su artículo 16 señala que se podría controlar la especie cuando existan daños a la agricultura y la ganadería en el actual régimen de estricta protección. Al respecto, Suárez-Quiñones señala que el Gobierno “ha cercenado esta posibilidad” al someter estos controles a unos requisitos regulados en la disposición adicional primera de la orden ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE que impide la realización de controles. “Si no podemos hacer controles, es responsabilidad y culpa del Gobierno de España”, aseveró.

Sobre las compensaciones económicas a las ganaderos por los daños del lobo, en el año 2022 la Consejería abonó 1,97 millones de euros a los ganaderos por los daños provocados en la ganadería, mientras que en 2023 se han liberado, hasta ahora, tres millones. Pero, señaló, “al ganadero no le valen las compensaciones económicas, pues lo que quiere es su ganado vivo”. Así es que, “pese al compromiso de la Junta en la compensación económica de los daños, con unos baremos renovados y duplicados en cuantía, eso no evita la zozobra de los ganaderos y el hecho de que algunos abandonen sus explotaciones”.

Accidentes con la fauna silvestre

Ante el aumento en los últimos diez años de los accidentes viales provocados por la fauna silvestre, que se han duplicado, Suárez-Quiñones sostuvo que en su mayoría están originados por una “sobrepoblación” de corzos y jabalíes, un problema generalizado en España.

Recordó que el control de población ha de hacerse con la gestión cinegética por parte de los titulares cinegéticos. Al respecto, el cometido de la Junta es “favorecer el control de estas especies flexibilizando y agilizando los requisitos administrativos, promoviendo que haya más actividades de caza, que es la forma de controlar las especies”.