El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha destacado este miércoles los tres retos principales del sindicato de cara al presente año 2024: la mejora salarial y de condiciones de trabajo de todos los empleados públicos, el "necesario" rejuvenecimiento de las plantillas y la firma de los necesarios acuerdos en la Relación de Puestos de Trabajo y la Ley de Función Pública. Unos ejes dirigidos a "frenar la mala praxis de los Gobiernos" que, a su juicio, "normalizan el mal funcionamiento de los servicios públicos" para "justificar su incapacidad y eludir sus responsabilidades". 

Castro ha recordado que existe una pérdida de poder adquisitivo que supera el 20% de media y que el IPC conduce a "un doble castigo" porque el acuerdo salarial condena a "una nueva pérdida de poder adquisitivo". Además, ha anunciado que ha solicitado a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, el inicio de una negociación para un nuevo acuerdo retributivo para los empleados públicos y ha recordado que Castilla y León es "la tercera comunidad por la cola" en el pago a sus empleados públicos. 

También ha denunciado que con el convenio colectivo rubricado a mediados del pasado año condena al personal laboral de la Junta a unas condiciones "paupérrimas" y ha recordado que CSIF no firmó ese acuerdo. El presidente del sindicato ha hecho hincapié, además, en la "importancia y trascendencia" de las elecciones sindicales que tendrán lugar en marzo en la Administración General de la Junta y en Sanidad, en las que votarán unos 80.000 trabajadores. 

Castro ha incidido en que "casi la mitad" de los empleados públicos de la Comunidad se van a jubilar en los próximos 15 años y ha señalado que este hecho redunda "en la calidad de los servicios públicos" y que el Ejecutivo autonómico debe reaccionar con "planificación, urgencia y responsabilidad" ante esta realidad. Además, ha asegurado que la epidemia de virus respiratorios druante el último mes ha demostrado esa urgencia. "Las plantillas siguen como estaban en la pandemia y en el momento en el que hay una tensión en el servicio sanitario pasa lo que pasa, y los usuarios sufrimos una peor asistencia", ha afirmado.

También ha recordado que CSIF presentó en octubre del pasado año un plan trianual al consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, expresando su voluntad de "mejorar" las ofertas de empleo público y "actualizarlas". "Estamos a la espera de respuesta e invitamos al consejero de la Presidencia y al presidente Mañueco a sentarse en una mesa y a actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo", ha afirmado.

El presidente de CSIF se ha referido concretamente a la Sanidad, y ha asegurado que los procesos de estabilización laboral en este ámbito serán uno de los asuntos de mayor atención en los próximos meses. "El pago del complemento de los sábados de turnos ordinarios a todos los trabajadores de Sacyl o la extensión del solape a otros grupos, además de un nuevo decreto de carrera profesional o reclamar más personal en los centros sanitarios y la reforma y mejora de la Atención Primaria, son algunos de los aspectos en los que el sindicato va a trabajar durante el presente año", ha afirmado.

Castro ha señalado que el 32% de las plazas totales de la Administración General de la Junta están vacantes en este momento, es decir, 5.613 puestos. Ese porcentaje de puestos sin cubrir, según ha afirmado, oscila entre el 96% de las plazas de categoría E, el 59% en C2 o el 11% de las vacantes que intercambian los trabajadores A2-C1. También ha lamentado que en Sacyl la interinidad ronde el 23% y en Educación el 21%. 

Además, ha cargado contra la subida del precio del kilometraje para los empleados públicos de la Junta y ha incidido en que, "como mínimo", se debería "devolver al trabajador lo que ha puesto" aunque ha señalado que lo ideal sería dotar de vehículos a aquellos empleados que lo necesitan. "Pedimos al Gobierno de España y al de Castilla y León que se sienten en una mesa y que piensen que hablar de las condiciones laborales y salariales es hablar de la mejora de los servicios y no podemos dar por hecho que los gobernantes normalicen ese deterioro", ha zanjado Castro.