UGT pide al Gobierno que aplique el artículo 155 en Castilla y León ante la "quiebra" del Serla que impide atender conflictos individuales

El sindicato UGT de Castilla y León ha reclamado este jueves al Gobierno de España que aplique el artículo 155 de la Constitución en la Comunidad ante la "quiebra económica" del Serla que impide atender los conflictos individuales en Valladolid. El secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, ha alertado de la "saturación judicial" que provocará la derivación de 5.000 trabajadores a los juzgados, ante la eliminación de la mediación en conflictos individuales, y ha asegurado que la Junta lleva siete años "incumpliendo" la extensión de la resolución de estos conflictos a las otras ocho provincias, ya que solo existe en Valladolid.

"El Ministerio debería coger las riendas del servicio de mediación, que el Ministerio actúe y haga un artículo 155 para garantizar el derecho de mediación", ha afirmado, recordando que "un juez dijo que en Valladolid la mediación en conflictos individuales la tiene en exclusiva el Serla". Además, ha recriminado al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que dote de financiación al Serla y ha recordado que en 2022 "no le importó meter la financiación entera" mientras que ahora no lo hace "por ideología". "No me vale que Mañueco diga que cree mucho en el Serla cuando lo que está haciendo es asfixiar el Servicio, si tanto cree que realmente preste la financiación necesaria para el 100% del Servicio", ha afirmado.

Santa Eufemia ha denunciado que la estrategia de la Junta es "asfixiar económicamente" el Serla y que ahora mismo se encuentra en "quiebra financiera". "En diciembre tuvimos esa dificultad de pagar las nóminas y prestar el servicio al 100%", ha recordado, asegurando que, en este momento, el fondo presupuestario del Servicio ronda los 200 euros y que en diciembre se destinaron 40.000 euros "solo para pagar las nóminas y las pagas extra" de los siete trabajadores.

Además, ha hecho hincapié en que el director del Serla remitió a la Junta cinco solicitudes de financiación entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que la Junta dictó en abril esa subvención "solo para pagar las nóminas" por lo que, a su juicio, la Junta sabía que el Servicio empezaría enero "con esa asfixia". "A esas cinco solicitudes, el director del Serla sumó otras cinco entre mayo y octubre de 2023 avisando ya de la quiebra técnica y de que no se podía pagar ni la luz, ni la calefacción ni el papel higiénico", ha insistido, recriminando a la Junta que entienda que "con los conflictos colectivos" sería suficiente mientras que en Valladolid existe una sentencia que da "exclusividad" al Serla en los conflictos individuales.

El secretario de Acción Sindical de UGT Castilla y León ha denunciado que el director del Serla lleva seis meses "sin cobrar ni salario ni seguros" y que se ha devuelto el recibo del alquiler de la sede del Serla en la calle de Los Molinos, número 4. "En 2023 hemos tenido que hacer un ejercicio para intentar mediar para abaratar el arrendamiento o al menos abaratar alguno de los pagos. Ahora mismo tenemos una quiebra y en cualquier momento puede hasta demandar un deshaucio", ha señalado, asegurando que durante el año 2023 "se negoció varias veces con el proveedor de luz, papel, material de oficina y Correos".

5.000 conflictos individuales en 2023 en Valladolid

El representante de UGT ha destacado que en 2023 en Valladolid se abordaron 5.000 conflictos individuales. "Para que luego digan que es un gasto superfluo y no tiene éxito", ha ironizado, señalando que entre conflictos individuales y colectivos "más de 20.000 ciudadanos" han pasado por el Serla. "Eso es abaratamiento del coste público y evitar la saturación de los juzgados y dar por ley lo que es una libertad constitucional y un derecho de los ciudadanos de acudir a un servicio de mediación", ha afirmado, apuntando que en torno al 60% de los conflictos se resuelven "satisfactoriamente". "Es un servicio que funciona", ha afirmado.

Santa Eufemia ha alertado de que "hay 150 sobres sin mandar" y que, por tanto, 150 trabajadores de Valladolid que lo han solicitado "no van a tener convocatoria" para un servicio de mediación. "Tenemos un plan de contingencias para mantener lo posible la actividad del Serla, aliviar la presión adicional de los trabajadores del Serla y desde el 15 de enero se está enviando un correo electrónico a los solicitantes del servicio público de mediación, se les veta de su derecho constitucional al no haber dinero y se les envía al juzgado", ha afirmado.

El secretario de Acción Sindical ha alertado de que, en los próximos meses, debido a esa imposibilidad de llevar a cabo la mediación en los conflictos individuales, se "encarecerá el coste" y se "saturará el ámbito judicial". "5.000 ciudadanos que pasaron por el Serla en Valladolid llegarán a los juzgados. Vamos a intentar asegurarnos de que los procedimientos no tengan afecciones graves, pero no está en nuestra mano", ha señalado.