Nueva batalla ganada por Juan García-Gallardo y Mariano Veganzones. La Comisión de Ética Pública de Castilla y León ha concluido que el vicepresidente y el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta no han vulnerado el Código Ético después de sus declaraciones que hizo en el balneario de Las Salinas sobre la llegada de inmigrantes a Medina del Campo y las intervenciones de ambos durante las manifestaciones realizadas en la sede contra el PSOE. Para la Comisión, “no se daña la imagen de la Comunidad”  y sus actuaciones se hacen dentro del ámbito de la libertad de expresión. Una iniciativa llevada a cabo por parte de Francisco Igea que se ha visto de nuevo frenada.

La Comisión ha señalado que la imagen de la Administración de la Comunidad de Castilla y León “no se ha visto perjudicada por las manifestaciones objeto de consulta, y que la conducta adoptada por los altos cargos se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión” constitucionalmente protegida, sin prejuzgar otras posibles responsabilidades jurídicas que pudieran proceder contra sus autores.

Sobre la segunda consulta formulada, se dan por reproducidas las consideraciones efectuadas en lo referente a la libertad de expresión en el asunto anterior del que trae causa este segundo, señalando que el texto constitucional no impide, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas. Asimismo, la tercera persona, una periodista, que presuntamente pudiera estar ofendida, por su profesión y conocimientos jurídicos específicos, cuenta con sus propias facultades y procedimientos para su defensa, sin que se haya hecho pública ninguna acción suya al respecto.

En todo caso, la Comisión de Ética Pública llega a estas conclusiones teniendo en cuenta la doctrina generada por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, recuerda que, en aras de garantizar su compromiso con la transparencia, las actas de la citada Comisión de Ética Pública se podrán consultar en la web de la Junta de Castilla y León, una vez sean aprobadas por sus miembros.

El enfado de Igea

Igea ha lamentado la decisión de la Comisión de Ética Pública y ha recordado que “debe distinguirse entre lo éticamente reprobable y lo penalmente punible”. “Es difícil que la imagen de la Junta de Castilla y León caiga más bajo. No se puede tener peor imagen”.

En referencia a los expertos que constituyen la Comisión de Ética Pública a recordado que argumentan su conclusión en la jurisprudencia del Tribunal Superior, para advertir que “no se trata de eso. La ética es el estudio del deber ser y no de lo que es penalmente o no punible”.

“Este organismo ha asumido su inutilidad e incapacidad; su fracaso”, ha concluido. “Si en Castilla y León solo es reprobable aquello que es punible judicialmente, este organismo no es necesario”.

Antecedentes

Con fecha 1 de diciembre de 2023 se recibe una consulta liderada por el procurador Francisco Igea para esclarecer si estos dos altos cargos de la Junta de Castilla y León pudieran haber violado el artículo sexto, apartado dos del Código Ético, que establece que «en su condición de ciudadanos, cumplirán con diligencia los deberes a los que, de manera general, estén sujetos. En actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios». Esta presunta violación, se habría producido en el contexto de unas declaraciones en materia de inmigración.

Esta consulta es objeto de una primera toma en consideración por la Comisión de Ética Pública en su reunión de fecha 22 de diciembre de 2023, en la que se considera necesario profundizar en su análisis, por lo que se propone una nueva reunión de la Comisión el 15 de enero de 2024. Esta nueva reunión se pospone al recibirse pocos días antes, con fecha 9 de enero de 2024, una consulta complementaria a la primera y formulada por el mismo interesado, al objeto de poder ser así contestadas conjuntamente, circunstancia que se ha efectuado en reunión de hoy. Esta segunda consulta pedía a la Comisión analizar las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en relación con el archivo de unas diligencias de investigación fiscal de una denuncia formulada sobre el mismo tema.