El procurador Francisco Igea ha presentado este martes una proposición de ley para modificar el Estatuto de los altos cargos de la administración de la comunidad de Castilla y León. En concreto, Igea solicita reformar la composición de la Comisión de Ética Pública con el objetivo de hacer frente a la "parcialidad en la designación de sus integrantes". En este sentido, ha recordado que "los niveles de exigencia ética de los altos cargos han variando a lo largo del tiempo" y sus estándares constituyen un "reflejo de la calidad democrática de los estados y de las administraciones públicas".

"Es necesario que de los integrantes de la Comisión de Ética Pública no sean designados por la propia administración autonómica en su totalidad", ha demandado. "La actual composición adolece de la presunción de imparcialidad necesaria para el ejercicio de sus funciones porque la interpretación exclusiva no puede recaer en quien dirige la administración autonómica o a quienes designen".

Asimismo, Igea ha solicitado, al amparo de lo previsto en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León la actuación de la Comisión de Ética Pública para valorar el posible incumplimiento del Código Ético.

El objetivo, valorar un posible incumplimiento del Código Ético por parte del consejero de Presidencia al participar el pasado 29 de enero de 2024 en la reunión de la Comisión de Ética Pública, cuando se analizaba una posible sanción a dos miembros del gobierno autonómico. Dicha situación se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como en lo previsto en articulo 23 de la Ley 4/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo tanto, "debiendo haberse abstenido el consejero de Presidencia de su participación en este asunto".