El PSOE condiciona su voto a favor de la ley de apoyo a las personas con discapacidad a la incorporación en el texto de algunas de sus ‘líneas rojas’, porque considera que el dictamen que llega al pleno de las Cortes carece de consenso, no cambia en lo esencial y no garantiza servicios y derechos para este colectivo.

El proyecto de ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León, remitido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del que se pueden beneficiar 175.000 personas en derechos y prestaciones, será la primera ley social que aprueben las Cortes en estos ya casi dos años de gobierno de coalición de PP-Vox.

“No vamos a votar favorablemente tal y como está”, explicó el socialista Rubén Illera, en declaraciones a Ical en las que analizó como ha sido la tramitación y cómo llega al plenario de este miércoles, si bien dejó abierta la puerta a cambiar el sentido del voto si se recogen algunas de sus propuestas.

Aunque se han aprobado enmiendas de su grupo -presentó 103 pero el 80 por ciento se han rechazado-, estimó que es insuficiente dado que se trata de correcciones gramaticales y de tipo técnico, pero ninguna de calado. En esas líneas rojas, destacó la inclusión de la violencia de género sufrida, en un 40 por ciento, y que pueden padecer las mujeres con discapacidad. Según advirtió, el anteproyecto lo recogía, no así el proyecto remitido a las Cortes, lo que achaca a la presencia de Vox.

“No está, es un retroceso y por ahí no vamos a pasar”, aseguró, a la vez que incluyó como prioritario el consenso y que se garanticen con recursos económicos y materiales los derechos, prestaciones y bienestar de estas personas. Pero qué supondrá en la práctica su aprobación. “Nada, dará igual que se apruebe que no se apruebe, no hay ningún tipo de cambio, y lo dicen colectivos”, enfatizó Illera.

También, lamentó que no se plasme en esta ley la educación inclusiva, ni personal de enfermería en los colegios ahora está de forma itinerante, que no se regule en horas y salario la figura del asistente personal de las personas con discapacidad o que se deriven las responsabilidades a las entidades del tercer sector sin fondos suficientes.

Proyecto de vida

En el momento de su presentación, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que está ley “está trabajada” con el tercero sector y pretende blindar con garantías la atención de las personas con discapacidad y sus familias, desde la atención temprana hasta el final de sus vidas.

Sin embargo, Illera aseguró que la ley era una oportunidad para avanzar en derechos y prestaciones de estas personas, pero reafirmó que el proyecto, de salir sin más cambios, no lo garantiza, de ahí que su grupo haya insistido y tratado concreciones y recursos suficientes para el bienestar social, educativo, cultural, de ocio y económico de este colectivo.

En este punto, destacó como la prestación de apoyo familiar no se considera esencial y su grupo insistió en que lo sea para que los servicios y prestaciones no se basen en momentos puntuales. Así, reseñó como en el momento de crisis o emergencia del cuidador, casi siempre del ámbito familiar, la persona afectada sea atendido y cuente con un recurso.

Precisamente, la consejera destacó como novedad de la ley el proyecto de vida de la persona con discapacidad, que va desde la atención temprana hasta el final de la vida, con los apoyos necesarios adecuados a cada momento de su ciclo vital.

El socialista reafirmó la falta de consenso al contrario de lo expresado por la consejera y por el portavoz parlamentario del PP, Raúl de la Hoz, que citan, en primer lugar, al Cermi, por lo que, como indicó el segundo, la oposición tendrá difícil oponerse. “No creo que en el Cermi guste algunas de las cosas que no están en la ley”, remató Illera.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 8 de junio, si bien, una vez calificado por la Mesa, sufrió el parón estival de la Cámara. El plazo de enmiendas se cerró el 29 de septiembre, y no se permitió por los socios parlamentarios una primera prórroga, como demandaron algunos grupos. De manera que solo al Grupo Socialista y UPL-Soria Ya (en concreto a los sorianistas) les dio tiempo a registrar sus propuestas. A ambos se les han aprobado 27 enmiendas, de las 122 conjuntas a la ley.