El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha cargado contra las ONG’s, Cruz Roja y Accem, por jugar un “papel decisivo” en la inmigración ilegal. En su opinión están “contribuyendo a que quienes vienen de manera ilegal a España, en pateras a las Islas Canarias, pero también a otros lugares, que tengan una gestoría administrativa que les prepara todo el papeleo para esquivar la aplicación correcta y ordinaria de la ley de extranjería en España”, ha denunciado.
Gallardo cree que es “inaceptable” que algunas ONG “obtengan un lucro muy grande a través de subvenciones millonarias” para defender posteriormente la inmigración legal: “Somos una comunidad de acogida pero para los que quieren trabajar e integrarse”. Además ha advertido que se vigilará "muy atentamente", con carácter general, el destino de las subvenciones que perciben estas organizaciones.
Así, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que detenga la financiación de ONGs que traen a personas "engañándolas, obteniendo unos ingresos muy cuantiosos hasta nuestros países y que están generando un problema de convivencia tan serio".
El político de Vox cree que algunas organizaciones “disfrazadas bajo una apariencia de solidaridad” están contribuyendo a la venida de inmigrantes ilegales a Castilla y León. “Pedimos a todos los grupos políticos que se involucren para acabar con las trampas legales de la ley de asilo que impiden que se aplique correctamente la ley de extranjería”, ha afirmado. Así, tras mantener una reunión en la tarde de hoy en las Cortes con representantes del sindicato Justicia Policial (Jupol) y Justicia Guardia Civil (Jucil) ha asegurado que solo el 3% de quienes acceden de manera ilegal a España acaban en expulsión y que la media de resolución de los expedientes de asilo es de dos años, así, “para cuando se quiere acordar la expulsión de un inmigrante ilegal porque no concurre a ningún requisito para ser concedido el asilo, ya se ha consolidado el derecho a raigo que les permite obtener el permiso de residencia aquí en España”.
Por eso ha reconocido que va a solicitar que se acabe de “una vez por todas” con la industria tan “lucrativa que es el tráfico ilegal de personas, en la que vemos que hay unos colaboradores necesarios que están contribuyendo de una manera decisiva al éxito de esta industria ilegal”.
Reformatorio de los jóvenes conflictivos del resto del mundo
Su argumento contra la inmigración ilegal ha continuado con más datos. “España no se puede convertir en el reformatorio de los jóvenes conflictivos del resto del mundo y esto es lo que parece que quiere el Gobierno central”, ha denunciado. En su opinión, “vemos que en Castilla y León cada vez tenemos menos población autóctona y que tenemos cada vez más inmigración”. Según los datos ofrecidos por Jupol, Castilla y León es de las comunidades en las que más ha crecido la inmigración en el último lustro, un 30% en 2019 al presente año. “Y esto es una situación que nos preocupa”, ha apuntado. “Vemos que el 6% de la población, que es la población extranjera, está cometiendo el 15% de los crímenes y consideramos que esta es una tendencia preocupante”.
Para Gallardo, “Castilla y León no está en la misma situación que otras comunidades más tensionadas por la criminalidad y la inmigración ilegal como es Cataluña, pero si no lo rectificamos a tiempo, estamos siguiendo el mismo camino. Nosotros no queremos que Castilla y León se vea en la misma situación que en el País Vasco, en Cataluña, en Alemania, en Suecia, en Bélgica o en Francia. No queremos que el barrio de Gamonal acabe como Sant Denis en Francia o que por ejemplo el barrio Las Delicias acabe como Molenbeek en Bruselas y vemos que por desgracia en Castilla y León cada vez se ven más machetazos, más agresiones sexuales, vemos que se ha detenido hace poco a personas relacionadas con el yihadismo, vemos que cada vez hay más robos con violencia, en viviendas, en vehículos y nosotros creemos que hay que detener esta situación. Queremos pedir más responsabilidad al Gobierno central, vemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado están desprotegidos, les faltan medios materiales, les faltan medios jurídicos, necesitan más medios en definitiva para proteger nuestra seguridad”.
Además, durante la reunión ha solicitado más medios económicos, materiales y de protección jurídica para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Acabar con el efecto llamada. “Aplastar a la industria ilegal del tráfico de personas que están llevando a la muerte a tantas personas al Mediterráneo, y pedimos también que se revise muy atentamente el papel de las ONGs que están colaborando en el tráfico ilegal y masivo de personas”, ha insistido. En su opinión, el Gobierno central “podría hacer algo en el asunto, pero no lo va a hacer, sabemos que el Gobierno central de España está aliado con nuestros enemigos internos y externos, y colaborar con nosotros en esta materia sería servir al interés general de España, y vemos que el Gobierno central está precisamente para todo contrario”.