La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha analizado un lunes más los asuntos de actualidad de Castilla y León, relacionados con el caso de la ‘Perla Negra’, y después de denunciar la semana pasada la adjudicación de un contrato valorado en 15 millones a la empresa Clave Mayor SA, ahora da un paso más y ha solicitado la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ante el Pleno de las Cortes. Hay que recordar que una persona que está imputada, Francisco Armero, es directivo de esta empresa adjudicataria.

“Leímos a Carriedo diciendo que estaría encantado de dar explicaciones sobre este tema, pues sus deseos son órdenes”, ha afirmado Sánchez mostrando una información publicada por EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Así, se espera que Carriedo de explicaciones en el próximo pleno de las Cortes que se celebrará el 13 y 14 de marzo. La socialista ha vuelto a hablar de “corrupción” por este caso, aunque desde la Junta ya se matizó que se trata de un contrato legal y con todo en regla. “Que lo diga en sede parlamentaria”, ha insistido Sánchez para rematar con una frase ya utilizada por Luis Tudanca, "no ha terminado la primera temporada de la corrupción del PP en Castilla y León y ya están rodando la segunda".

Armero se le atribuye la supuesta autoría de corrupción, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho cometidas entre 2005 y 2009.

Además ha tenido un mensaje de reproche al presidente de la Junta. “Mañueco ya estaba allí y es un símbolo más de la decadencia y corrupción que hay en la Junta de Castilla y León, que es un tema estructural, es un símbolo más de la corrupción”.

Le acompañó en esta rueda de prensa, la viceportavoz en las Cortes, Patricia Gómez, que ha recriminado a la Junta de Castilla y León que aunque se presenta en este caso  como acusación particular, como lo hace el PSOE y Fiscalía, las penas y sanciones que exige para algunos de los imputados son “laxas” y “las más bajas”.

Para Carriedo, la convocatoria de manifestación de interés público para la concesión de este contrato se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, y que a él pudieron acceder “todas las empresas que lo estimaron oportuno”. Aunque finalmente solo lo hizo una. Además, también ha defendido que la empresa seleccionada “está calificada también por la Comisión Nacional del Mercado de Valores” y trabaja para otras administraciones públicas.