El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó hoy al portavoz socialista, Luis Tudanca, de “querer tapar” el caso Koldo con su denuncia en las Cortes regionales de un contrato de la Comunidad con la empresa Clave Mayor.

El debate nacional sobre corrupción se trasladó esta tarde al pleno de las Cortes de Castilla y León a través de la pregunta del socialista Luis Tudanca al presidente de la Junta, al que inquirió si ve “adecuado y ético” la adjudicación de 15 millones de fondos europeos a la empresa Clave Mayor, con Francisco Armero como directivo, para el que el fiscal pide cuatro años de prisión en el juicio por el sobre coste en la compra del conocido edificio de la ‘Perla Negra’.

Mañueco recordó que la empresa Clave Mayor tiene contratos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que dirige Diana Morant, por lo que no entendió que pueda contratar con el Gobierno y no con la Junta. Y es que el Ministerio de Ciencia e Innovación comprometió 120 millones al programa de Transferencia de Tecnología de Innvierte, a través de tres fondos de capital riesgo, que gestionarán 40 millones cada uno, uno de ellos, gestionado a través de Clave Mayor, que apuesta por las tecnologías biosanitarias.

El socialista manifestó que el problema no está en la propia sociedad, sino en la persona, encausada en la ‘Perla Negra’. “Va a dirigir un fondo quien se sienta en el banquillo, es tremendo y no es lo mismo y la diferencia es la respuesta: en el PSOE quien la hace la paga y en el PP a quien la hace se le paga, como al señor Armero”, argumentó Tudanca, que subrayó que la Junta se personó en la causa pero no pide penas para ese directivo porque “igual para contratar con él hay que darle premios”.

En el debate entre ambos, el presidente de la Junta sacó “la infame moción de censura” presentada por el PSCyL en lo “peor de la pandemia”, de la que ahora se cumplen tres años, y le preguntó si en ese momento recibió una llamada de José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización y Ministro.

Por su parte, el socialista enumeró una ristra de casos de presunta corrupción, entre ellos Gürtel, en los que afirmó que quien tenía que vigilar como presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP (Fernández Mañueco), no lo hizo.

“Si alguien tiene que dimitir aquí por corrupción es usted”, espetó el portavoz socialista, pero el presidente censuró que mientras durante la pandemia unos se dedicaba a salvar vidas, “otros se forraban con las mascarrillas”.

En su réplica, Fernández Mañueco coló el caso de presunta violencia de género que obligó al procurador Ángel Hernández a renunciar al acta, el “jaleo” de ceses en el Grupo Socialista o las manifestaciones del ministro Óscar Puente, al que llamó “líder” del PSOE en Castilla y León. El socialista protestó desde su escaño y el presidente de las Cortes le llamó al orden.

Por el contrario, sostuvo que la Junta de Castilla y León se dedica a la gestión, donde se refirió a la apuesta por la calidad de los servicios públicos, y subrayó que de nuevo la Comunidad ocupa el primer puesto en la gestión de la dependencia.

“Quiere tapar el caso Koldo, que es lo mismo que la corrupción que carcome al PSOE”, zanjó Fernández Mañueco, mientras que el socialista sostuvo que no es “casualidad” que a dicho concurso solo acudiera la empresa a la que se ha adjudicado el contrato con fondos europeos.

Carriedo denuncia que la publicación de las balanzas fiscales por el Gobierno avanza hacia una financiación “a la carta” para Cataluña

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, denunció hoy que la publicación de las balanzas fiscales forma parte del pacto alcanzado por el PSOE con los partidos separatistas catalanes, junto con la Ley de Anmistía y la condonación de la deuda, que tiene como único objetivo alcanzar una financiación “a la carta”.

Para Carriedo, el único objetivo que busca el Gobierno es favorecer a los partidos separatistas y avanzar al llamado “pacto fiscal”, con el que se logrará, según recalcó, instaurar la desigualdad entre los territorios y “romper principios básicos como que todos los ciudadanos pagamos impuestos en igualdad de condiciones y recibimos servicios en función de nuestras condiciones y no dependiendo del lugar donde vivimos”.

A su vez, reclamó la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para que sea en este foro donde se debata cómo financiar los servicios públicos y para evitar que el Gobierno determine una financiación “a la carta” en función del peso que pueda tener cada partido político en el Congreso.

En declaraciones a Onda Cero Castilla y León, recogidas por Ical, Carriedo explicó que el modelo constitucional establece que los ciudadanos pagan sus impuestos en función de su capacidad contributiva, mientras que las comunidades autónomas reciben fondos en función de sus necesidades, por lo que lamentó que se quiera entra en un debate que es claramente perjudicial para “aquello que nos une”.

En este sentido, el portavoz de la Junta recalcó que los separatistas parten de un criterio equivocado al asegurar que son los territorios los que pagan los impuestos, a la vez que insistió que desde la Junta se reclama una financiación autonómica en función del coste de los servicios públicos esenciales, que en algunas comunidades como Castilla y León es superior por factores como la dispersión territorial, el envejecimiento o la baja densidad de población. “No estamos ante un debate interesante para la unidad de España”, sentenció.

A su vez, Carriedo explicó que la publicación de las balances fiscales forma parte del pacto firmado por el PSOE con los separatistas y de la hoja de ruta que incluye también la Ley de Anmistía, la condonación de la deuda y el llamado “pacto fiscal”, “algo que solo servirá para que Pedro Sánchez esté un poco más de tiempo en La Moncloa, pero poco útil para dar servicios públicos de calidad”.

Por último, el consejero también puso en duda los resultados de las balances fiscales y además de criticar la “intencionalidad”, matizó que hay que tener en cuenta cómo se extraen los datos. En este sentido, se al Impuesto de Sociedades y explicó que es muy difícil imputar este impuesto por comunidades autónomas. Así, explicó que muchas de las empresas instaladas en la Comunidad tienen su sede social fuera, que es donde se paga este impuesto único para toda España.

El PSOE critica que el Infocal está desactualizado y Suárez-Quiñones asegura que los plazos eran “estimativos”

El procurador del Grupo Socialista José Luis Vázquez criticó hoy que el Infocal “está desactualizado” y que debería haber estado en vigor el 31 de diciembre de 2023, a lo que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, contestó que los plazos que se establecieron cuando se firmó el acuerdo del Diálogo Social, en septiembre de 2022, eran “estimativos”, si bien anunció que esa actualización estará en “escasos meses”. De todos modos, explicó que el actual Infocal es “adecuado” y pidió al Gobierno que dicte el real decreto, “tras año y medio”, que es necesario para reformar “adecuadamente” el Infocal.

En este sentido, Vázquez acusó de una “negligente gestión” a Suárez-Quiñones en 2022, que “agravó los incendios, hasta la muerte y dolor”, de cuatro vecinos de Castilla y León, uno de ellos bombero forestal. “No asumió entonces su responsabilidad ni pidió perdón. Se reunió con el Diálogo Social solo de forma ventajista. No se haga el incómodo cuando ni siquiera ha cumplido la primera de las medidas”, apuntó.

Al respecto, señaló que el acuerdo “se ceñía a tres aspectos”, entre los que mencionó la modificación normativa (que establecía el plazo concreto del 31 de diciembre), aspectos públicos de personal y derechos y una tercera que era “salvaguardar los “intereses del sector privado, la cual ha cumplido y nutrido de millones”. “De las otras dos, nada de nada. Ni los contratos de 12 meses, ni tampoco la RPT”, sostuvo Vázquez, quien aseveró que la “mitad de directores de jornada y extinción no están habilitados porque no son funcionarios”. “Han tenido dos años y no le ha remordido la conciencia de ni siquiera cumplir el primero de los acuerdos”, señaló.

Suárez-Quiñones, visiblemente molesto, aseguró que la Junta “está cumpliendo, y en algunos casos superando las previsiones del acuerdo de la mesa del Diálogo Social de 2022”. “Bienvenido a defender el acuerdo”, añadió el consejero, quien consideró que a a la intervención de Vázquez “le sobraba demagogia, naftalina y le falta realidad”. “Todas las normas que se iban a modificar lo están siendo. Las fechas son estimativas. La modificación normativa lleva participación, transparencia y necesidad de hacerlas bien más allá de la estimación”, argumentó.

Sobre el Infocal, acusó al procurador socialista de “no saber lo que es”, dado que “difunde que la capacidad es inferior porque no se ha actualidad, lo que es falso e irresponsable”, más si cabe, añadió, cuando es un documento para situaciones de emergencia, “cuando hay incendios que son una emergencia”.