La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado este miércoles que la Ley de Concordia "coarta la libertad de expresión" de las víctimas del franquismo y ha anunciado que la llevará a los tribunales si se aprueba. Así se ha pronunciado Emilio Silva, presidente de la Asociación y nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada genéticamente en España que fue exhumada en el municipio leonés de Priaranza del Bierzo, el 21 de octubre de 2000, tras registrar un escrito contra la Ley en las Cortes de Castilla y León.
Silva ha señalado que la norma, presentada este martes por PP y Vox, pretende que "no se pueda hablar de los asesinos" y se ha remitido a un apartado del articulado sobre las asociaciones que lleven a cabo las exhumaciones en el que se afirma: "Los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas".
El presidente de la ARMH ha asegurado que ese artículo "impide que se pueda hablar de los asesinos", porque seguidamente después dice "incluyendo a las víctimas" por lo que ha considerado que "anteriormente se está refiriendo a los verdugos". "Eso significa que yo no podría estar aquí hablando de mi abuelo, que nosotros que el próximo 2 de abril vamos a empezar una exhumación en Mojados deberíamos hacerlo de forma clandestina, que no podríamos contar quien es la víctima y que tendríamos que hacerlo todo a escondidas", ha denunciado, asegurando que la norma de Concordia es "una Ley Mordaza para las víctimas del franquismo".
Silva ha confiado en que la proposición presentada por PP y Vox este martes "no llegue al Boletín Oficial" y "no llegue a ser una ley". "Veremos lo que hace este parlamento con cosas tan graves como esta, que es coartar la libertad de expresión de víctimas de hechos violentos", ha afirmado. Con todo, ha asegurado que si se aprueba, la ARMH la llevará a los tribunales. "Evidentemente tendremos que ir a un tribunal a denunciarlo porque están tratando de impedirnos hablar. Yo no me voy a callar jamás, hagan las leyes que hagan en cualquier parlamento", ha afirmado.
"Es una operación de blanqueo de la dictadura"
El presidente de la ARMH ha señalado que, en el texto, tratan de llamar concordia a "una operación de blanqueo de la dictadura" y ha criticado que se utilice "un lenguaje permanente sobre la guerra civil y lo bélico en una comunidad autónoma donde las trincheras no cubrían ni el 0,2% del territorio". "Lo que hubo fue la conquista por parte de los golpistas y el asesinato de miles de civiles, como mi abuelo, que no estaban cerca de ningún frente de guerra y que alguien decidió que no solo no debían existir sino que además debían desaparecer", ha señalado.
Silva ha considerado que la Ley de Concordia es "un insulto" para familias como la suya y ha considerado "incomprensible" que se utilice un parlamento autonómico en democracia "para lavar la cara a una dictadura". Además, ha recordado que su abuela vivió durante 40 años "con los asesinos de su marido siendo los representantes institucionales en su pueblo" y ha señalado que "eso no se puede blanquear en ningún caso".
"Utilizan la palabra concordia o la palabra reconciliación, que son palabras que en ese texto están completamente huecas, porque su intención no es concordar nada. Nadie iría con ese discurso al País Vasco a decirles a las víctimas que les van a dar el mismo trato que a quienes murieron preparando un atentado", ha afirmado, considerando que lo que se está haciendo es "una agresión a las víctimas".
La ARMH recuerda que los asesinados en CyL "eran civiles" y "no estaban en ninguna guerra"
Silva ha afirmado que el propósito de la presentación del escrito en las Cortes es el de "abrir un debate" y que no parezca que esa proposición de ley "le da igual a las personas afectadas". El presidente de la ARMH ha reconocido que ninguna ley de memoria en España "ha garantizado a las víctimas el acceso a la justicia" pero ha considerado inadmisible que se pretenda "lavar la cara" y comparar a su abuelo, "que era un militante de un partido republicano moderado", con quienes lo asesinaron. "No se puede dar esa mala lección democrática a la sociedad", ha afirmado.
Silva ha recordado que la Asociación ha exhumado 102 fosas en Castilla y León desde el año 2000 y que se han recuperado los restos de 850 personas "que eran civiles, no estaban en ninguna guerra, no había trincheras cerca, simplemente un golpe de Estado y alguien decidió que sobraban en la sociedad". "No se puede tratar igual a los verdugos que a las víctimas", ha insistido.
La ARMH denuncia que en Castilla y León "no se ha hecho una buena investigación de la represión"
El presidente de la ARMH ha denunciado que en Castilla y León "no se ha hecho una buena investigación de la represión" por "una decisión política". "No existe esa información porque en todos estos años de democracia nadie ha puesto los instrumentos necesarios para que lo sepamos", ha afirmado. Además, ha cargado contra la "falacia" de acusar al Gobierno de España de "querer imponer una visión del pasado". "Mi abuelo era un asesinado, lo dijo una prueba de ADN, tenía dos orificios de bala en el cráneo, eso es un hecho, y cada persona tiene derecho con su ideología a hacer una lectura sobre ese pasado, pero no se pueden poner en duda los hechos", ha afirmado.
Silva ha denunciado que la nueva Ley de Concordia "habla de que esas partes de la historia a veces son relatos de padres, abuelos o bisabuelos, como diciendo que no son documentos históricos". "Yo no he tenido el relato de mi abuela porque jamás nombró al que había sido su marido por terror, porque lo que hubo aquí fue un gran ejercicio de terror", ha afirmado. Además, ha considerado que las Cortes y el Gobierno de la Junta "deberían investigar la represión" y ha recordado que la ARMH "no pide subvenciones para las exhumaciones".
"Estamos en contra de que los derechos humanos se subvencionen. En ningún país del mundo con desaparecidos se ha utilizado el modelo de dar subvenciones para que otros que no son del Estado busquen a esos desaparecidos", ha señalado, asegurando que "la mejor concordia se establece en un juzgado" y que las víctimas del franquismo deberían tener "la puerta de un juzgado abierta para tener los mismos derechos que otras víctimas de hechos violentos". "Aquí lo que se está haciendo no solo es negarles ese derecho sino casi negarles la posibilidad de contar que han sido víctimas", ha zanjado.
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