Castilla y León y el Gobierno de Sánchez, una guerra permanente: del aborto a la memoria histórica

Las tensiones entre el Gobierno de Castilla y León, compuesto por PP y Vox, y el presidente Pedro Sánchez, que dirige una coalición gubernamental entre PSOE y Sumar, solo hacen que incrementarse cada día que pasa. El abismo ideológico que separa a ambos ejecutivos ha provocado que hayan mantenido un enfrentamiento casi permanente desde que se rubricó el acuerdo en la Comunidad que permitió a Vox, en marzo de 2022, entrar a formar parte por primera vez de la dirección de una comunidad en España. Una formación cuyos principales caballos de batalla políticos chocan de manera frontal con los principales postulados de Moncloa.

La última colisión ente ambos gobiernos se ha producido esta última semana, a cuenta de la presentación de la Ley de Concordia por parte de PP y Vox en la Comunidad, que pretende derogar el Decreto de Memoria Histórica impulsado por los populares en abril de 2018, cuando gobernaban en solitario. Una norma con la que la formación dirigida por Juan García-Gallardo se ha anotado un tanto, arrastrando a los de Alfonso Fernández Mañueco a su terreno y forzándoles a eliminar un Decreto que ellos mismos habían impulsado y con el que, hasta el momento, se habían sentido cómodos.

La Ley de Concordia equipara a las víctimas de persecución política y religiosa entre 1931 y 1978, ampliando el periodo a la II República y yendo más allá del reconocimiento a las víctimas de la guerra civil española y el franquismo. Además, la norma no se refiere en ningún momento al franquismo como una dictadura, algo que ha levantado las críticas entre la oposición de izquierdas en la Comunidad. El dirigente socialista, Luis Tudanca, arremetió contra la nueva ley desde que se hizo pública, denunciando que equipara "a víctimas y verdugos" y pidió al Gobierno de España que actuase para frenar su aprobación.

El Ejecutivo central recogió el guante y, este mismo lunes, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que llevará al Tribunal Constitucional la normativa de concordia de Castilla y León, además de las de Aragón y la Comunidad Valenciana, donde también gobierna el PP con Vox y que ya han sido aprobadas. El objetivo: analizar si vulneran la Ley de Memoria Democrática estatal de 2022. Además, Torres exigió a ambas formaciones la retirada de la proposición de ley en la Comunidad y aseguró que es "inadmisible" blanquear a la dictadura. Un choque que es el último de una larga lista de fricciones entre la Junta y el Gobierno de España.

El polémico protocolo antiaborto

El primer choque de envergadura entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España llegó cuando la coalición de PP y Vox en la Comunidad llevaba poco más de 10 meses al mando. En enero de 2023, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, presentó un polémico protocolo antiaborto que contemplaba la atención psicológica para la madre, el ofrecimiento de la escucha del latido fetal y de la realización de ecografías en 4D, con el objetivo desalentar a la madre si tuviera intención de abortar, además de "proteger" la objeción de conciencia de los doctores.

Desde su presentación, el Gobierno de España se puso en alerta y envió un requerimiento al Ejecutivo autonómico instándole a retirar o evitar ese protocolo y advirtiendo que, si no lo hiciera, interpondría un recurso ante el Tribunal Constitucional por conflicto de competencias entre administraciones. El Gobierno alertaba de que no permitiría ninguna actuación que "vulnerase o menoscabase los derechos regulados" en la Ley del Aborto de 2010 y acusaba a la Junta de "extralimitar sus competencias".

La polémica medida anunciada por Gallardo no fue desmentida en un inicio por el PP de Castilla y León pero, finalmente, tras las críticas de la propia dirección nacional de los populares y el requerimiento del Gobierno, el propio Mañueco se terminó desmarcando y zanjó la polémica, asegurando que no se iba a obligar ni a las mujeres ni a los médicos "a nada". La medida nunca llegaría aplicarse y se terminó conociendo como 'protocolo fantasma'.

El Diálogo Social y el Serla: la amenaza del artículo 155

Otro de los momentos de máxima tensión entre ambas administraciones llegó solo dos meses después del choque por el protocolo antiaborto, en esta ocasión a cuenta de la pretensión del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, de eliminar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), el servicio de mediación laboral de la Comunidad. El 13 de marzo de 2023, el Gobierno de España envió un nuevo requerimiento instando a la Junta a "reponer" el Serla, como paso previo a la interposición de un recurso judicial por "la falta de ejecución de la legislación laboral" y de "los acuerdos relativos a la solución de conflictos laborales".

Finalmente, el Gobierno autonómico terminó cediendo y en la reunión del Consejo de Gobierno del 13 de abril se acordó destinar 400.000 euros al Servicio, un 60% menos que en años anteriores. Una cantidad que fue considerada como "ínfima" por los representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) en la Comunidad, que acusaron al consejero de pretender dejar "morir de inanición" al Serla. Ante esta situación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió un segundo requerimiento a la Junta en el mes de mayo instando al Gobierno autonómico a dotar de un presupuesto "propio, adecuado y suficiente" al servicio de mediación.

En febrero de 2024, tras una reunión con los dirigentes de ambos sindicatos en la Comunidad, Faustino Temprano y Vicente Andrés, Díaz volvió a exigir la restitución de la financiación del Serla en la Comunidad y, finalmente, ambas organizaciones sindicales llegaron a pedir al Ejecutivo que aplicase el artículo 155 de la Constitución para asumir las competencias de mediación ante el "estrangulamiento" al que había sometido Vox al Servicio, impidiendo el desarrollo de sus funciones desde el 22 de enero. Una situación que sigue sin resolverse y ante la que los sindicatos han llegado a elevar una petición a la Comisión Europea.

La tuberculosis bovina, las ayudas a la sequía y la EHE

Otro ámbito de choques frontales entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León han sido los relativos al ámbito agropecuario. En mayo de 2023, el Ejecutivo central dio la orden de limitar el movimiento del ganado bovino en la Comunidad ante la expansión de la enfermedad de la tuberculosis bovina y la publicación de una orden autonómica que flexibilizaba los controles de esa enfermedad.

La decisión generó un profundo malestar en el Gobierno autonómico, que pidió una flexibilización en los controles sanitarios, y el choque entre ambas administraciones llegó a su pico máximo de tensión con el intento de asalto de un grupo de ganaderos a la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, que se saldó con tres manifestantes y 11 policías heridos. Finalmente, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural retiró la orden y el Ejecutivo eliminó las restricciones al movimiento del ganado bovino. 

En septiembre de 2023, además, el presidente de la Junta acusó al Gobierno de estar provocando un "agravio" a Castilla y León por destinar "menos ayudas contra la sequía" que a otras comunidades autónomas y recriminó al presidente, Pedro Sánchez, que no otorgase a la Comunidad el nivel de "riesgo máximo" ante esta problemática. A su vez, cargó contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, acusándole de estar "de brazos cruzados" ante la expansión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) mientras que el titular del departamento arremetió contra Mañueco por "politizar" esa cuestión. Una tensión entre administraciones que ha tenido su último episodio con la Ley de Concordia y que no parece tener visos de aminorar a corto plazo.