La batalla, una más, entre Castilla y León y el Gobierno de Pedro Sánchez ya está librada. En esta ocasión por un tema del que el presidente socialista ha hecho bandera siempre que lo necesita: la memoria histórica. En pleno huracán por el caso Koldo, desde el Ejecutivo nacional se vuelve a apostar por este comodín contra las comunidades autónomas que han decidido modificar sus leyes en este ámbito para abrirlas a las de la concordia. El Ministerio de Política Territorial y Memoria las considera inconstitucionales, y quiere preservar así, por todos los medios, la actual Ley de Memoria Democrática, estatal.

Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León están en el foco de mira del Gobierno. ¿Por qué? A continuación te detallamos cuáles son las principales diferencias que se encuentran entre la Ley de Concordia y la actual Ley de Memoria Democrática del Gobierno. Como siempre, hay matices en palabras que cambian la perspectiva. Por ejemplo, en el texto autonómico en ningún momento se habla de dictadura, algo que para el PP no es importante ya que va implícito.

Aunque lo que más llama la atención, y es lo que más ha causado polémica, es que en la nueva norma de PP y Vox se amplíe el tiempo hasta 1931. O lo que es lo mismo, se quiera incluir también lo ocurrido en la II República. Es decir, igualar este periodo de tiempo al de la Guerra Civil. De hecho, según el texto aprobado por el PP y Vox, la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936 sino a "dinámicas de enfrentamiento de años anteriores".

Uno de los puntos del acuerdo de coalición autonómico preveía "reivindicar [la] historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles". La intención es reconocer así a quienes "padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales". Fuera la época que fuera y viniendo del bando que fuera.

"A petición de Bildu"

Si hablamos de tiempo, es curioso que el texto del Gobierno amplía el periodo hasta 1983 para incluir así a las "personas que lucharon por la libertad y la democracia" durante la Transición. En cuanto se apruebe la nueva ley, quedarán fuera de la legislación autonómica. Una ampliación de tiempo que ha sido criticada también por la Junta de Castilla y León. Una normativa de memoria democrática, ha dicho el portavoz Carriedo, que incluye un amplio periodo de la democracia española como “petición de Bildu”. Un acuerdo al que se llegó para poder mantenerse el PSOE en la Moncloa donde la norma reconoce a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. Es decir, que se incluye a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, llegó a asegura que se había abierto “un camino para poner en jaque el relato de la Transición”.

En este sentido, se ha insistido en que la Ley de Concordia que salga de las Cortes “será plenamente respetuosa con las leyes nacionales de referencia, sobre todo, con la ley de leyes, que es la Constitución”, ante el anuncio del Gobierno de que denunciará el texto normativo ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.

Como curiosidad, la ley de la Comunidad Valenciana amplía también el campo de actuación hasta 1931, pero no lo extiende hasta 1978 sino "hasta nuestros días", pudieron también introducir a víctimas de violencia yihadista o de etarras.

Otra de las novedades y que se diferencia de los dos textos. Es la puesta en marcha de una Comisión de Exhumaciones que sustituye al actual Consejo Técnico de la Memoria Histórica, excluyendo así a las asociaciones de víctimas de la toma de decisiones. Una vez se apruebe la ley, este organismo tendrá la plena capacidad de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas sin contar con las asociaciones. Eso sí, desde la Junta se ha confirmado que no habrá recortes y que se seguirá apoyando.