La Junta ha querido cerrar el debate polémico sobre la condena a la dictadura franquista con la aprobación ayer, en las Cortes de Castilla y León, de una proposición no de ley que condena y define como tal dicho periodo, Eso sí, contó con los votos a favor del PP, pero no de Vox, el otro socio de Gobierno. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, cierra el tema con lo vivido en el parlamento. “La mayoría amplía condenó el franquismo” y ha defendido que es la misma postura que “siempre ha mostrado” la Junta de Castilla y León. Aunque en la proposición de ley de concordia que PP y Vox presentaron en las Cortes no incluyera la calificación de dictadura para el franquismo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, menos diplomático que Carriedo, ha pedido “leer bien” la Ley de Memoria Democrática antes de criticar la proposición de ley de concordia autonómica presentada por PP y Vox. González Gago ha recordado que la Ley de Memoria Democrática estatal, aprobada en 2022, “junta un periodo de dictadura con un periodo democrático bajo la vigencia de la actual Constitución”, lo que consideró “mucho más sangrante”, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia.

Gago ha ofrecido datos y ha hablado de la disposición adicional 16 de la ley, “incluida por Bildu”, donde amplía el periodo de protección a las víctimas a los años entre 1978 y 1983, lo que a juicio del consejero de la Presidencia, iguala a víctimas de la dictadura franquista con las de los primeros años del actual periodo democrático. Por ello, ha pedido a los críticos con la proposición de ley de concordia “leer bien” la actual Ley de Memoria Democrática.