El juicio por el caso ‘Perla Negra’ se ha reanudado en esta mañana, tras varios días de descanso, con la declaración de los acusados. En este caso el primero en hacerlo ha sido el supuesto cabecilla de la trama, Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía desde julio de 2003 a julio de 2007 y desde esa fecha secretario general de la Consejería hasta junio de 2011. La Fiscalía solicita 11 años de cárcel y 29 de inhabilitación por el delito continuado de revelación de secretos, en concurso por tráfico de influencias, y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Delgado fue también presidente del Consejo de Administración de ADE Internacional Excal desde 2003 a diciembre de 2007, y vocal del Consejo de Administración desde 2007 a julio de 2011.

Como era de suponer, Delgado se ha declarado “totalmente inocente” y se ha encargado de echar la culpa del sobrecoste en el edificio de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda al que fuera consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, y en gran parte para la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ya que desde Hacienda "fueron los primeros en pensar en comprar". En sus palabras, todas sus actuaciones se hicieron dentro de la obediencia que se debe a sus superiores y con el único objetivo del interés público, ya que ha afirmado que era algo “beneficioso” aportando datos sobre las cuentas."El edificio se adquiere en torno a 58 millones y entiendo que desde la Junta se está haciendo una buena operación", ha manifestado.

Delgado ha afirmado que todas estas operaciones eran conocidas por los consejeros y, en concreto, por la entonces consejera de Hacienda Pilar del Olmo, que en su declaración afirmó que ella no sabía nada. En su declaración a preguntas de Fiscalía ha firmado que Hacienda era la que estaba facultada para hacer los pagos y dar oficinas. Para posteriormente afirmar que Hacienda delegó en Economía y esta encargó la operación a Gesturcal. Ha asegurado que no tuvo conocimiento del concurso público de adjudicación del edificio y desconoce por qué el pliego de las condiciones fue conocida por una empresa de arquitectos de Madrid antes de ser publicadas en el Bocyl.

Delgado ha reconocido que intervino en la ordenación del pago desde Gesturcal, empresa pública, de algunos gastos relacionados con este caso, “pero no en su encargo o preparación, yo obedecía, yo no ordenaba”. La abogada de la acusación particular le ha recordado que un testigo alertó de que estos gastos no se podían pagar, algo que ha rechazado hasta el punto de decir que no le conocía.

Sobre el precio excesivo de la compra del edificio, el exviceconsejero ha reconocido que nadie le trasmitió que “hubiera problemas”, pero “tampoco lo tenían que hacer”. Para volver a ratificarse en el acuerdo con Urban Proyectos, el conocimiento lo tuvo al ser informado por el consejero Villanueva. También ha asegurado que no tenía ningún tipo de interés en que Urban sacara adelante el proyecto, y ha reconocido no tener ninguna relación con los socios. Sobre su relación con Alberto Esgueva, exdirector de la División de Creación de Empresas e Internacionalización de Servicios de ADE), ha asegurado que su relación sólo fue en el ámbito de ADE, en el laboral.

Delgado ha insistido en señalar al consejero de Economía y a la consejera de Hacienda como “los que habían dado el visto bueno a la operación, poco más podíamos hacer nosotros”. Sin embargo, la acusación le ha dicho que ese visto bueno no consta en ningún parte.

Cuestionado por una factura de cuatro millones para pagar a la empresa Urban ordenada por él, ha afirmado que “no conocía los gastos financieros, pero al consejo sí le dio información” para posteriormente volver a insistir en que él cumplía órdenes. La abogada le ha insistido en que si él firmaba "todo sin mirarlo", en este momento ha sido cortada por el juez.

Sobre las compras de las parcelas del inexistente polígono industrial de Portillo, ha asegurado no saber de quién surgió la idea de comprarlas, pero sí de quién dio la orden: Tomás Villanueva, ya que “coordinaba todos los entes de la consejería, ha apuntado.

En la misma línea se pronunciaron otros dos de los principales acusados que declararon en la sesión de hoy, Begoña Hernández, sucesora de Delgado como viceconsejera de Economía, que aseguró que el alquiler de la segunda torre del edificio de Arroyo fue una instrucción que recibió directamente de Villanueva, y Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal, que indicó que todo lo concerniente al futuro Centro de Soluciones Empresariales venía marcado desde la Consejería de Economía y Empleo.

Mientras tanto, Begoña Hernández, quien reconoció que firmó la reserva del contrato de compra fijada en siete millones de euros de acuerdo a la decisión unánime del consejo de administración de Gesturcal y por una cuestión de seguridad jurídica para poder seguir negociando, también indicó que nunca recibió indicaciones directas de Rafael Delgado, ni mantuvo contacto profesionales o personales con los responsables de Urban Proyecta.

Además, Hernández explicó su oposición a la compra de terrenos en Portillo, rechazo que trasladó personalmente a Villanueva, así como el mandato de este de intentar revertir la operación. En este sentido, recordó que el acuerdo marco ya estaba firmado y que el propio informe encargado a Garrigues concluye que hay “marcha atrás”. Hernández argumentó su negativa a la compra de terrenos por el escenario de crisis inmobiliaria, por el alto montante de la operación y por las tensiones de liquidez que ya sufría Gesturcal.