Los deberes que el Procurador Común pone a los políticos: lucha contra grafitis o el ruido de las fiestas

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha realizado la presentación del informe de la institución correspondiente al año 2023 ante el pleno de las Cortes de Castilla y León. Un repaso a las quejas y reclamaciones que los castellanos y leoneses realizan durante el año a este órgano consultivo, pero no vinculante. 2023 ha sido cerrado con 1.774 quejas ciudadanas y 97 actuaciones de oficio, ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, como acordaron hoy la Mesa y Junta de Portavoces.

Uno de los argumentos que más ha llamado la atención es la de instar en una resolución a los grandes municipios de la Comunidad a elaborar y aplicar un plan de choque que permita la limpieza y protección del patrimonio público frente a estos actos vandálicos de pintadas y grafitis que “afean las ciudades”.  “hay que intensificar las labores de vigilancia policial, sobre todo de las zonas en que se prevea que, tras la limpieza, puedan verse nuevamente afectadas; realizar campañas de concienciación y educación”, ha comentado Tomás Quintana.

En lo referente a la materia de urbanismo, se han contabilizado 81 quejas y emitido 68 resoluciones, todas ellas dirigidas a administraciones de ámbito local excepto una que lo fue a la Administración autonómica. La mayoría de las reclamaciones presentadas, como en años anteriores, estuvieron relacionadas con el deficiente estado de conservación de construcciones y solares debido al incumplimiento del deber de conservación impuesto por la normativa urbanística a los propietarios y a causa de la inactividad municipal, incluso pese a las denuncias presentadas, o por los retrasos en la emisión de las órdenes de ejecución o las declaraciones de ruina, dejación que afecta no solo a la estética de las pequeñas localidades, sino que puede llegar a comprometer la seguridad pública.

Asimismo, las fiestas populares que, “sin duda, son motivo de regocijo y de estrechamiento de relaciones personales en nuestros pueblos”, como contrapunto a veces generan ciertaconflictividad, sobre todo por la elección de determinados lugares para realizar conciertos y verbenas por el ruido que producen. A la vista de las 8 quejas que recibieron en 2023, “en nuestras resoluciones hemos reiterado que no nos corresponde determinar el lugar en el que se han de llevar a cabo, pues esa decisión debe ser el resultado del ejercicio de una potestad discrecional, debidamente motivada, por parte de la Corporación municipal correspondiente; y, más aún, en el caso de que el órgano municipal acuerde suspender temporalmente los límites de los niveles sonoros, conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley del Ruido de Castilla y León, se debe valorar previamente la incidencia acústica de las actividades programadas”, ha argumentado. “Nuestras resoluciones, en general, fueron aceptadas”.

También ha vuelto a ser motivo de queja la falta de intervención municipal en defensa de la legalidad urbanística ante usos indebidos del suelo por ser contrarios a las licencias urbanísticas otorgadas o por carecer de ellas o de las correspondientes declaraciones responsables; así como la disconformidad con la denegación o excesiva demora en la resolución de solicitudes de licencias urbanísticas. “Exhortamos a las autoridades locales a ejercer sus competencias en materia urbanística con la diligencia debida, solicitando, en su caso, el auxilio de las diputaciones provinciales cuando carezcan de medios para ello”, ha comentado.

También se refirió el Procurador a una resolución dirigida a las diputaciones provinciales con la voluntad de contribuir al fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad de pequeños municipios, en muchos casos en deficiente estado de conservación. Todas diputaciones provinciales, a excepción de la de Ávila, que aún no ha respondido, aceptaron esta resolución.

En relación con el constitucional derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada recibieron 37 quejas y dictaron 10 resoluciones en expedientes de queja y 2 actuando de oficio. De las reclamaciones recibidas, 24 se referían a la resolución de la primera convocatoria delllamado Bono Alquiler Joven y otros procedimientos destinados a financiar el alquiler o la rehabilitación de viviendas.

Se detuvo también en una resolución de oficio, en la que volvió a insistir, sobre la necesidad de contar en Castilla y León con un Parque Público de Vivienda, aceptada por la Consejería, que permita el alquiler de un número de ellas acorde a las dimensiones y necesidades existentes en la Comunidad. Para ello, vio necesario aunar los esfuerzos de todas las administraciones y agentes sociales implicados, con objeto de garantizar a las personas más vulnerables.

Sanidad

El Procurador del Común reclama a la Consejería de Sanidad “reforzar” las medidas que aplica para reducir las listas de espera y las “demoras” en la atención así como adoptar otras diferentes con el fin de evitar “retrasos” en la atención que demandan los ciudadanos, al ser un asunto que motivó un “importante” número de quejas en 2023, lo que para la institución que preside Tomás Quintana refleja la “preocupación” de los castellanos y leoneses por este asunto.