Este jueves, PP y Vox tumbaron en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León la proposición de Ley de derechos y garantías al final de la vida, impulsada hace dos años por el procurador Francisco Igea, representante en aquel entonces de Ciudadanos. La norma ha sido uno de los grandes caballos de batalla del procurador liberal en lo que va de legislatura e Igea ha denunciado en infinidad de ocasiones los retrasos en su tramitación, que achacaba a una vendetta personal de su exsocio de Gobierno entre 2019 y 2021, el Partido Popular.

El ex de Ciudadanos denunciaba este mismo jueves que la norma, que apostaba por profundizar en los derechos de las personas al final de su vida y por garantizar la seguridad jurídica de los médicos que acompañan a los pacientes, se ha visto sometida al "rechazo sistemático del rodillo parlamentario" de PP y Vox y denunciaba que un texto similar, que no concluyó su tramitación por el adelanto electoral, contaba con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Pero más allá de la pugna política, el rechazo en la Comisión de Sanidad de este texto, que afecta de forma directa a la vida de las personas, ha generado reacciones en asociaciones como Derecho a Morir Dignamente, muy críticas, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, con la Ley impulsada por Igea, al considerar que "no aportaba nada" y que "todo lo que regulaba está ya regulado". Este medio se ha puesto en contacto también con la asociación ELA Castilla y León, que se ha negado a hacer declaraciones al respecto.

Una Ley que "no aportaba nada"

Fernando Sanz, médico de familia jubilado y portavoz Derecho a Morir Dignamente en Castilla y León, se ha mostrado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, muy crítico con la Ley de Derechos y Garantías de Igea, ha asegurado que la norma fue una "respuesta" de Ciudadanos a la Ley de Eutanasia nacional y que no les parecía "necesaria" y "no aportaba nada". "Que con el esfuerzo que cuesta implementar un proyecto de ley, decaiga y exista un consenso implícito en que no era necesaria o interesante me parece bastante gordo", ha afirmado.

Sanz ha considerado que "todo lo que regulaba ya estaba regulado" y que la norma impulsada por el ex de Ciudadanos "se ocupaba básicamente de cuestiones que tienen que ver con los cuidados paliativos, el final de la vida y los derechos de las personas que reciben asistencia en esas circunstancias". "La regulación legal que existe sobre todas esas cuestiones en España probablemente es suficiente", ha señalado el portavoz de Derecho a Morir Dignamente, afirmando que de lo que hay una carencia es "de gestos políticos y decisiones políticas que implementen esos derechos".

Derecho a Morir Dignamente apuesta por "renovar la regulación"

Sanz ha recordado que, en Castilla y León, los cuidados paliativos se rigen por el Plan de Cuidados Paliativos 2017-2020, que se redactó hace ya siete años y lleva cuatro "caducado". "Continuamente el proyecto de ley hacía referencia a esa regulación pero nos parece que tendría mucha más lógica renovar esa regulación a términos actuales y adaptados a la realidad de nuestro territorio, porque somos una comunidad muy dispersa y eso tiene que reflejarse en la regulación", ha afirmado.

El portavoz ha insistido en que la Ley nació "como una respuesta de Ciudadanos a la promulgación de la Ley de Eutanasia" y que su postura era "que la eutanasia no es necesaria porque con cuidados paliativos podemos aliviar todo el sufrimiento". "Eso es una falacia", ha afirmado con rotundidad, asegurando que con cuidados paliativos "se pueden aliviar muchas cosas pero hay mucha gente que sigue teniendo sufrimiento por síntomas refractarios o simplemente porque su capacidad de estar en la vida no es la que consideran mínimamente digna".

Una Ley de Autonomía del Paciente con más de 20 años que "todavía no se cumple"

También ha denunciado que la Ley de Autonomía del Paciente tiene ya más de 20 años y todavía "no se cumple en muchos de sus extremos". "Nunca hemos visto esfuerzo para crear una cultura de la autonomía, un nuevo modelo de relación con los proveedores de cuidados y con los servicios sanitarios", ha señalado, haciendo hincapié en que los cuidados paliativos "llevan existiendo muchísimo tiempo" y que en un sistema sanitario como el español se encomiendan a la Atención Primaria y a los servicios hospitalarios y se crearon en su momento "unidades específicas para atender aquellos casos de particular complejidad".

"Lo que vemos ahora es una deriva hacia la idea de que todos los cuidados paliativos deben ser llevados a cabo por unidades asistenciales y en el modelo sanitario del Estado español no cabe eso", ha señalado, asegurando que si hay que cambiar de modelo e ir hacia un modelo que utilice unidades específicas para todos los cuidados paliativos eso "necesitará un debate y un consenso social, como lo tuvo en su momento el modelo sanitario" de España. "Por ahí hay mucho terreno en el que hacer trabajo político antes que redactar una Ley que no regulaba nada", ha zanjado. Una norma que ha generado reacciones encontradas y que finalmente no saldrá adelante en Castilla y León.