Echar a un okupa de casa es una tarea cada vez más compleja. En España se necesita tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de tu vivienda y lo más llamativo es el tiempo de espera que un propietario debe dejar pasar hasta que consigue la resolución. 

A nivel nacional, el plazo medio se ha estipulado -al cierre del año pasado- en unos 24 meses, sumando el periodo medio de los procedimientos de los juzgados de primera instancia y los de las audiencias provinciales, en caso de recurso.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, facilitados por Idealista, el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los juzgados de primera instancia y de instrucción de lo civil se situó en 12 meses en 2023; frente a los 10,6 meses de 2022. En el último lustro, el plazo prácticamente se ha triplicado. 

Unos tiempos medios que cada vez son mucho más elevados y a los que hay que añadir lo que tardan las apelaciones de sentencias en las audiencias provinciales en procedimientos civiles, cuyo tiempo promedio se ubica en los 11,2 meses.

Más allá de la media nacional, los plazos judiciales para poder desalojar a un okupa en una vivienda con una sentencia en firme cambian dependiendo de la comunidad en la que residas. Sin embargo, Castilla y León lidera el ranking siendo la que más tiempo tarda en tener una sentencia para poder desalojarlos.

En el caso de esta región, se tarda una media de 15,2 meses para el juicio verbal en los tribunales de Primera Instancia. Asimismo, alcanza los 20,7 meses si se suman los procedimientos de las audiencias provinciales, en caso de apelación. Todo ello lleva a una media de 35,9 meses -casi tres años- para poder tener una sentencia en firme que obligue al okupa a abandonar el hogar.

Murcia es la segunda de la lista con una media de 27 meses, seguida de Canarias con 26 y Andalucía con 24,9 meses. También por encima de la media nacional se encuentra Cataluña y Baleares con 23,7 meses y 23,5 meses.

Un escalón por debajo de la media nacional se ubica Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Euskadi, todas con un plazo de 21 meses de media. Por el contrario, las únicas comunidades autónomas con plazos medios totales inferiores a los 15 meses son Asturias (14,9), Navarra (14,2) y Aragón (13,5).