Imágenes del interior de la cueva donde se encontraban los dos espeleólogos

Imágenes del interior de la cueva donde se encontraban los dos espeleólogos Guardia Civil

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¿Quién paga el rescate de Paloma Bombín y Alfonso Urrutia? Un operativo de 94 personas para dar con los dos espeleólogos

56 efectivos del GREIM y 24 de la UME, diferentes medios técnicos, un helicóptero de la Guardia Civil y un dron buscaron durante horas a la pareja

25 junio, 2024 12:13

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Un amplio operativo de 94 personas, conformados por 56 efectivos del GREIM (una treintena de ellos procedentes de otras comunidades) y 24 de la UME, que contaron con diferentes medios técnicos, entre ellos, un helicóptero de la Guardia Civil y un dron lograron rescatar a Paloma Bombín y Alfonso Urrutia, los dos espeleólogos que habían desaparecido en la cueva Garma Ciega-Sima del Sombrero en Soba (Cantabria).

Cabe recordar que la pareja se adentró en la cueva en cuestión, sin que el servicio de emergencias 112 tuviera conocimiento de ello. Paloma y Alfonso ontrataron los servicios de una empresa privada que les proporcionó el material de acceso para hacer la travesía de forma autónoma, y que comenzó el sábado a mediodía, pero se perdieron durante el trayecto.

La pareja fue localizada a las 13.30 horas, pero no fue hasta las 20 horas que la vallisoletana, de 38 años, y el salmantino, de 40, llegaron al Puesto de Mando Avanzado, que había coordinado su rescate. Lo hicieron sorprendentemente tranquilos, ya que tenían estaban preparados para permanecer durante varias horas en el interior de la cueva con "agua, comida, de todo".

Fueron conscientes de que se habían perdido durante su ruta y tomaron la determinación de esperar a ser rescatados. "Nos hemos quedado tranquilamente a esperar a que la gente profesional nos viniera a buscar", indicaba ayer Alfonso Urrutia.

Pero una vez pasado el susto y visto el espectacular operativo de rescate desplegado para encontrar a los dos espeleólogos, surgen las dudas sobre quién va a pagar el desplazamiento y horas de trabajo de casi un centenar de medios. 

La normativa vigente en España establece que cualquier persona debe ser rescatada. La Constitución, en su artículo 104, que trata sobre la creación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, señala que bajo la supervisión del Gobierno, su misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/1986, de 13 de marzo) estipula, entre otras cosas, la obligación de estas fuerzas de asistir y proteger a las personas, así como de garantizar la conservación y custodia de los bienes en situación de peligro por cualquier causa.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prestan sus servicios de rescate sin coste para el ciudadano afectado. Sin embargo, algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco, Cantabria y Castilla y León, han implementado tasas para ciertos casos específicos, como imprudencias o incumplimientos de la ley.

Pero en el caso de la pareja castellano y leonesa, Martín González, de la Fundación Espeleosocorro Cántabro (ESOCAN), ha explicado a EL ESPAÑOL que "esta operación de rescate lo paga el Gobierno, porque estamos en un Estado social y de derecho". Si bien no se ha aventurado a señalar con precisión cuál sería el coste total de un servicio de tal envergadura como este.