El pasado 29 de junio, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba del conflicto en el sector de las ambulancias. CGT, el sindicato mayoritario, anunciaba la “convocatoria de una huelga indefinida” si no se solventaban los problemas en el sector. Dos por encima del resto: la prevención en riesgos laborales y pedían además subidas salariales, como afirmaban a través de un comunicado.
Desde la misiva sindical “denunciaban” los “graves incumplimientos” del contrato que la empresa HTGROUP obtuvo de la Junta de Castilla y León y, además, “reivindicaban un salario justo” antes de anunciar una manifestación, por parte de la Coordinadora Regional de CGT de Transporte Sanitario frente a la Consejería de Sanidad.
Una manifestación que se desarrolló el pasado viernes, 5 de julio y en el que los empleados de las ambulancias de Castilla y León “explotaron” y amenazaron con una “huelga indefinida” si “no se solucionan los principales problemas que afectan al sector”.
Trabajadores de las ambulancias en una manifestación en Valladolid
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aseguraba que “no podemos actuar en el conflicto entre conductores de las ambulancias y la empresa” y añadía que “deben solucionarlo ellos”. Garantizaba, además, que en caso de que los trabajadores convoquen huelga indefinida “habrá servicios mínimos”.
EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Ángel Vicente, secretario del Comité en Ávila de CGT y trabajador del sector desde el 2007. A sus 42 años, el salmantino trabaja en una ambulancia del 112 de San Pedro del Arroyo (Ávila) y nos confiesa que, actualmente, cobran “menos sueldo que en el año 2010”.
“Las condiciones económicas en nuestra autonomía son las peores de toda España. El conflicto comienza con un convenio firmado en marzo de 2022 por el sindicato mayoritario que por aquel entonces era UGT, con un 85% de la plantilla de Castilla y León en contra. Solo queremos dignificar nuestro sector en la Comunidad. Somos empleados esenciales y queremos sueldos que se igualen a los del resto del sector en España”, explica nuestro entrevistado.
Un conflicto que parece lejos de resolverse.
La historia de Ángel
“Soy un trabajador de 42 años que disfruta con lo que hace. Estoy agotado por el trato que recibimos por parte de la Junta de Castilla y León que subcontrata una empresa, financiada con fondos buitres, para un servicio esencial como son las Emergencias en nuestra región”, explica Ángel Vicente.
Él es Licenciado en Historia y Ciencias Políticas. En la actualidad se está sacando la Formación Profesional de Emergencias Sanitarias. Solo le falta que le convaliden las prácticas. En 2006 comenzó a trabajar en Miranda de Ebro, dentro del denominado Transporte No Urgente, y en el 2007 se desplazó hasta Piedrahíta, para ser empleado dentro del sector del Transporte Urgente.
Está casado y tiene una hija de 12 años y uno de 9. Desde el día 15 espera para cobrar la siguiente nómina. A lo largo de estos más de 15 años ha tenido que vivir de todo. Desde accidentes de tráfico, pasando por suicidios y asistiendo a partos. Todo, afrontado con la mayor profesionalidad posible.
Trabajadores de las ambulancias frente a la Consejería de Sanidad
Un conflicto “enquistado”
“Actualmente, el conflicto está enquistado. Ni empresa ni Junta de Castilla y León se quieren hacer responsables de nuestra situación. La Consejería tiene que saber que somos la cara visible del 112 y también somos su responsabilidad”, asegura el secretario del Comité en Ávila de CGT.
Piden, por un lado, el “cumplimiento íntegro del concierto que tiene la empresa con Sacyl” porque, afirma, que “no se están cumpliendo los pliegos” y habla de “entrega de EPIS, del número de trabajadores necesarios y de las categorías profesionales”. Por otro lado, nuestro protagonista también pide “subidas de sueldo” que les “equiparen al resto de España” dentro del sector de los conductores y técnicos de ambulancias.
“La manifestación del 5 de julio en Valladolid fue una primera toma de contacto y estamos ilusionados por el apoyo de la plantilla. No es fácil movilizar a trabajadores en julio porque una gran parte está trabajando y otra gran parte de vacaciones”, afirma.
Además, informa que han solicitado una reunión “urgente” con el consejero Alejandro Vázquez que “están a la espera de contestación”.
Trabajadores de las ambulancias
La amenaza de la huelga indefinida
“En el Serla previo a la huelga, la empresa admitió que los sueldos que paga son muy bajos. Inferiores al Salario Mínimo Interprofesional en muchos casos, pero nos informó que tiene las manos atadas si la Junta no aumenta los presupuestos”, apunta el trabajador. En Castilla y León son un total de 3.000 los empleados del sector.
Ángel asegura que “irán a la huelga porque es inevitable” desde este “12 de julio y con carácter indefinido”. Para no llegar a este punto piden a empresa y Junta de Castilla y León que “atiendan a sus reivindicaciones”.
“El futuro lo vemos de forma esperanzadora. La plantilla del Transporte Sanitario de Castilla y León ha dicho basta y se ha unido para conseguir mejoras. Solo queremos dignificar el sector en la Comunidad y conseguir sueldos en correspondencia con la importancia para la sociedad de nuestro trabajo”, finaliza.
Sanidad establece los servicios mínimos ante la huelga
La Consejería de Sanidad ha publicado este jueves, 11 de julio, una orden para garantizar la prestación de servicios mínimos en el transporte sanitario terrestre con motivo de la convocatoria de huelga por parte de CGT en el sector.
Abarca a la totalidad de trabajadoresde las empresas que componen la Asociación Regional de Empresarios de Ambulancias de Castilla y León (ALECA), según la orden del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
En dicha orden se considera que los servicios mínimos a prestar durante los días afectados por la huelga deben ser al menos de todos los servicios programados para los tratamientos de hemodiálisis y radioterapia y quimioterapia, es decir, para los pacientes oncológicos.
Además, todas aquellas indicaciones cuya no realización pueda, a juicio del facultativo prescriptor, producir un daño o perjuicio grave al paciente o a la evolución de su enfermedad.