Ruptura total de Vox con el PP en Castilla y León. La aceptación por parte de la Junta de la acogida de 21 menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias, en la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada este miércoles en Tenerife, ha terminado de hacer saltar por los aires todos los puentes entre ambas formaciones, que comparten el Gobierno de la Comunidad desde abril de 2022, que ya venían agrietándose desde la amenaza de este lunes del líder de Vox, Santiago Abascal, de que rompería los pactos con aquellas comunidades populares que aceptaran menas.
La salida de los miembros de Vox del Gobierno autonómico –el vicepresidente, Juan García-Gallardo, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja– es inminente y previsiblemente se confirmará esta tarde, después del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que se reunirá de urgencia en Madrid a las 18:30 horas para tomar la decisión final sobre la ruptura con los populares en todas las comunidades en las que comparten gobiernos: Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Extremadura.
Culminarán así dos años y medio de un incómodo idilio entre PP y Vox, repleto de momentos de tensiones entre ambas formaciones que, hasta ahora, habían sabido sortear, no sin fricciones. De hecho, el vicepresidente, Juan García-Gallardo, al anunciar que hará pública su decisión de dejar el Ejecutivo tras el Comité Ejecutivo Nacional de esta tarde, ha recordado una de las más duras antes de la última de la inmigración, la del protocolo antiaborto. "Nos traicionaron en la defensa del derecho a la vida. Nos han traicionado colaborando con las mafias ilegales del tráfico de personas. Nuestra generosidad ha sido infinita, a pesar de los incumplimientos del pacto", ha publicado en su cuenta de la red social X.
La previsible salida de Vox del Gobierno autonómico colocará en una disyuntiva inédita al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pero también al PSOE, dirigido en la Comunidad por un Luis Tudanca que se encuentra ya de salida, y al resto de grupos de la oposición, que podrían optar por facilitar que el jefe del Ejecutivo autonómico completase la legislatura, que finaliza en febrero de 2026, o por dificultar la gestión de la Junta. Además, Mañueco tendría la posibilidad de repetir la jugada que ya realizó en diciembre de 2021, en aquella ocasión con menos necesidad, y adelantar las elecciones si se ve con posibilidades de salir reforzado en las urnas.
Un año y medio de Gobierno en minoría de Mañueco
La primera de las opciones, y la más plausible, es que, tras la previsible ruptura del acuerdo con Vox en Castilla y León, que podría confirmarse este mismo jueves por la tarde, Mañueco optase por tratar de finalizar lo que queda la legislatura con un Gobierno en minoría. Inmediatamente después de la dimisión de Gallardo, Veganzones, Dueñas y Santonja, el presidente de la Junta tendría que nombrar a un vicepresidente y a unos titulares de Industria, Comercio y Empleo; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Cultura, Turismo y Deporte del Partido Popular, en lo que sería el primer Gobierno monocolor en cinco años en la Comunidad.
Mañueco tendría garantizada cierta estabilidad, al menos en lo que queda de año. Hay que tener en cuenta que los presupuestos autonómicos se aprobaron a finales del mes de abril y que el presidente de la Junta contaría, además, con la posibilidad de prorrogarlos si le fuese imposible acordar con el resto de los grupos unas cuentas públicas a finales de 2024, que, hasta ahora, y en lo que va de legislatura, siempre había sacado adelante únicamente con el apoyo de Vox.
La ruptura del Gobierno también pondría en una encrucijada al PSOE. Su líder en al Comunidad, Luis Tudanca, lleva varias semanas ofreciendo al presidente de la Junta su apoyo en "cuestiones puntuales" si rompía con Vox, garantizándole, de este modo, que pudiera gobernar en minoría, a cambio de sacar a la "extrema derecha" del Gobierno. La salida de Gallardo y de sus tres consejeros del Ejecutivo autonómico abriría un escenario en el que Tudanca tendría que demostrar que cumple su promesa y facilita a Mañueco finalizar la legislatura.
Unos meses en los que el popular podría apoyarse también en los partidos provinciales, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria Ya, que suman seis representantes, Por Ávila o el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, a pesar de sus desavenencias personales. Con todo, las tensiones de los últimos dos años y medio podrían hacer muy difícil la cohabitación de populares y socialistas, ya que las Cortes se han convertido en lo que va de legislatura en un auténtico campo de batalla en el que los dos principales partidos se han dirigido los peores descalificativos. Calmar los ánimos y ser capaces de acordar para dar estabilidad a la Comunidad sería todo un reto para ambos.
Otra posibilidad es que, a pesar de la salida de Vox del Gobierno, la formación de Santiago Abascal continuase concediendo su apoyo externo a Mañueco. El partido ha querido marcar posición ante sus votantes en su rechazo total a la acogida de menas pero sería difícil justificar ante unos seguidores que, en gran parte, son exvotantes del PP, un bloqueo de la legislatura e impedir a los populares sacar adelante leyes e iniciativas. Por ejemplo, la ansiada Ley de Concordia ha sido impulsada por ambas formaciones, el PP la ha defendido en varias ocasiones y tendría que ser debatida en la Cámara en el periodo de sesiones que se inicia en otoño.
Si ese apoyo externo se produjese, aunque ambas formaciones se mostrasen más distanciadas en la Cámara y alguna iniciativa del PP pudiese no salir adelante, las principales leyes contarían con el apoyo de ambos partidos e incluso Vox podría acordar su voto favorable a los presupuestos de 2025, dando, por tanto, estabilidad a la legislatura y evitando aparecer como un partido generador de inestabilidad política en la Comunidad de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Unas Cortes controladas por Vox y la disyuntiva de los ayuntamientos
Es relevante el hecho de que si Mañueco optase por finalizar la legislatura y tratar de gobernar en solitario hasta febrero de 2026 tendría que cohabitar durante su último año y medio de Gobierno con unas Cortes controladas por Vox. Si la ruptura entre ambas formaciones es total y Vox opta por confrontar con los populares, el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, que es el árbitro de las sesiones plenarias, podría tratar de boicotear a los populares desde dentro y de poner los máximos palos en las ruedas a sus iniciativas.
Además, el PP perdería la mayoría con la que cuenta en la Mesa de las Cortes –con el apoyo de Vox–, en la que ambas formaciones han sido, durante estos dos años y medio, un bloque compacto en las votaciones, y podría verse abocado, al igual que en el caso del Parlamento autonómico, a acercarse al PSOE. Una situación que complicaría la situación parlamentaria ya que Pollán cuenta con voto de calidad en las decisiones de la Mesa por su condición de presidente. Todo ello, siempre y cuando Vox no optase por dar ese apoyo externo al Ejecutivo de Mañueco, ya que si esto se produce la relación estaría mucho más calmada, también en la Cámara.
También está por ver como afectaría la ruptura entre PP y Vox a nivel autonómico a los dos ayuntamientos de capitales de provincia que gestionan ambas formaciones en la Comunidad: Valladolid y Burgos. En la capital vallisoletana, la relación entre ambos partidos ha sido fluida desde que se conformó el Ejecutivo municipal de coalición hace poco más de un año, y no se han producido polémicas importantes, pero en la ciudad burgalesa las tensiones se han incrementado en los últimos meses, también a cuenta de la inmigración.
El intento por parte de Vox de controlar el padrón municipal y de ordenar a la Policía Local perseguir el empadronamiento ilegal de inmigrantes, desde el área de Seguridad que gestiona, llevó a que la alcaldesa, la popular Cristina Ayala, les desautorizase y mostrase su contrariedad con la iniciativa. La ruptura autonómica inevitablemente tensará las relaciones también a nivel municipal aunque, ante la ausencia de una orden de la dirección nacional del partido en ese sentido, es previsible que los gobiernos locales pudieran seguir adelante, alegando ambos partidos que las tiranteces regionales no tienen nada que ver con sus acuerdos.
El arriesgado adelanto electoral
Otra opción nada desdeñable en Castilla y León sería un hipotético adelanto electoral. La Comunidad, al contrario que el resto de autonomías donde PP y Vox comparten ejecutivos, debería celebrar elecciones en febrero de 2026, ha superado ya el ecuador de la legislatura y sería plausible que Mañueco optase por apretar el botón para llamar a las urnas a los ciudadanos, como ya hiciese en diciembre de 2021 tras la ruptura, en aquel caso decidida por él mismo, de su acuerdo con Ciudadanos.
Además, el dirigente popular tendría argumentos para tomar esa decisión, ante el crecimiento de los apoyos a su partido en todas las elecciones que se han celebrado en la Comunidad desde las autonómicas del 13 de febrero de 2022. En aquellos comicios, que dieron lugar al primer acuerdo entre PP y Vox en España y a la entrada de los de Santiago Abascal por primera vez en un Gobierno, los populares obtuvieron un 31,40% de los votos, el peor resultado de su historia en la Comunidad, frente al 17,64% de un Vox en crecimiento y con el actual vicepresidente, Juan García-Gallardo, como candidato, que exigió, por primera vez, la entrada en un Ejecutivo. Pero las tornas no tardarían en cambiar.
Poco más de un año después, en las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP logró un 39,98% de los apoyos frente a solo el 7,5% de Vox, en unos comicios en los que los populares hicieron valer su implantación territorial y que difícilmente podían compararse con los autonómicos. Pero la tendencia se vio confirmada en las generales. En las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP consiguió un 41,55% de los apoyos y pasó de 13 a 18 escaños en el Congreso de los Diputados por la Comunidad, mientras que Vox se quedó en el 13,78% –tres puntos menos que en las anteriores generales y cuatro puntos menos que en las autonómicas de 2022– y pasó de seis diputados a tan solo uno.
En las europeas del pasado 9 de junio, los populares continuaron en sentido creciente, llegando a un 44,56% de los votos, un porcentaje que se acerca al que tenía la formación cuando contaba con mayoría absoluta en la Comunidad, mientras que Vox se ha quedado en un 10,51%, siete puntos menos que en las autonómicas de hace dos años y medio y más de tres puntos menos que en las generales de hace menos de un año. Una situación de fortaleza del PP y de debilidad de Vox que ha hecho consciente a Mañueco de que un adelanto electoral podría beneficiarle.
El presidente de la Junta, pues, podría tener en la salida de Vox del Gobierno autonómico, que se anunciará previsiblemente este jueves, la excusa perfecta para tratar de neutralizar a su exsocio en las urnas y lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario, necesitando como mucho el apoyo puntual de los partidos provinciales. Pero los cálculos electorales no siempre son exactos, y el presidente de la Junta lo sabe bien después de su apuesta fallida de diciembre de 2021. Todo está en el aire y Castilla y León entra en una nueva etapa política cargada, por el momento, de incertidumbre y dudas.