El Gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León ha saltado por los aires este jueves por la tarde, dos años y medio después de conformarse. El presidente del socio minoritario del Ejecutivo autonómico, Santiago Abascal, ha anunciado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la formación celebrada a las 18:30 horas, que todos los miembros de Vox que conforman los gobiernos autonómicos compartidos con los populares abandonarán sus cargos después de la decisión de esas autonomías de participar en el reparto de menores inmigrantes no acompañados propuesto por el Gobierno.

Una reunión a la que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha llegado con el libro 'Sumisión' del autor francés Michel Houellebecq, que relata la llegada al poder de un partido islamista en Francia, bajo el brazo, en lo que ha sido toda una declaración de intenciones previa al anuncio definitivo. La decisión de salir del Ejecutivo, que será acatada tanto por Gallardo como por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, podría, no obstante, no ser secundada por el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ni por el responsable de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ambos independientes.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León, este último, que mantiene una estrecha relación de amistad con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado al Comité de Dirección de la Consejería este viernes para tomar, conjuntamente con los altos cargos de su departamento, la decisión definitiva.

Abascal ha denunciado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya "pactado con el autócrata", en referencia a Pedro Sánchez, y haya "torpedeado los acuerdos con Vox en las regiones". "Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales", ha afirmado, asegurando que, así, "condenó a la inseguridad, al efecto llamada, a las okupaciones y a la delincuencia" a esas comunidades. El presidente de Vox ha señalado que "es imposible pactar con quien no quiere hacerlo".

"Nadie ha votado a Vox para que continúe la invasión de la inmigración ilegal", ha asegurado. Y ha anunciado que los acuerdos regionales "están rotos" y que, en la reunión de este jueves, se ha acordado retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de las comunidades donde, hasta ahora, compartía ejecutivos con los populares. "Los vicepresidentes dimitirán y se retirará el apoyo parlamentario", ha afirmado.

Finaliza así el recorrido político del que fue el primer Ejecutivo autonómico en el que se integró Vox en España, tras los comicios del 13 de febrero de 2022, y que el partido de Abascal interpretó desde un inicio como un auténtico laboratorio de experimentación de sus principales caballos de batalla. Desde la reducción de las subvenciones a los sindicatos, encabezada por el beligerante consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, o la lucha contra el aborto, hasta el combate contra la memoria histórica o la inmigración masiva, un último aspecto que ha terminado por volar todos los puentes con los populares después de meses de tensiones.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el anuncio de la ruptura de los gobiernos autonómicos con los populares tras el Comité Ejecutivo Nacional del partido, este jueves

La disputa por la inmigración erosiona el Gobierno de coalición

El antagonismo entre ambos partidos a la hora de afrontar el fenómeno migratorio ha sido un escollo para el Gobierno desde su inicio, a pesar de que en el acuerdo, rubricado el 10 de marzo de 2022, se hablaba de fomentar la "inmigración ordenada" y luchar contra las mafias del tráfico de personas. Un ámbito que el propio vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, reconocía esta misma semana que había sido el más complicado a la hora de llegar al acuerdo con el PP, un partido que cuando ha gobernado en España se ha mostrado siempre favorable a la inmigración y, de hecho, fue bajo el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) cuando llegaron las primeras oleadas masivas de inmigrantes.

Las tensiones a este respecto entre ambos partidos en Castilla y León se recrudecieron desde la campaña de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, en la que Gallardo endureció su discurso, hablando de "moros violentos" y alertando de la inseguridad que, a su juicio, genera la inmigración masiva en los pueblos y barrios de la Comunidad, y la aceptación por parte de la Junta del reparto de menas propuesto por el Gobierno de España en la Conferencia Sectorial de Inmigración ha sido la gota que ha colmado el vaso. 

La salida del Gobierno de los miembros de Vox abre un escenario incierto en la Comunidad, en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que decidir si opta por tratar de terminar la legislatura, que finalizaría en febrero de 2026, o si se decide por un adelanto electoral para reforzar su posición.

Actualmente, los populares cuentan con tan solo 31 procuradores en las Cortes, a 11 de la mayoría absoluta, y necesitarían contar con el apoyo puntual del Grupo Socialista, con 28 representantes, para sacar iniciativas adelante, ya que los partidos provinciales, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria Ya y Por Ávila, suman siete escaños, insuficientes para completar la mayoría de los populares.

Con todo, está por ver si Vox retira todo apoyo legislativo en la Cámara autonómica al PP tras la ruptura o si, por el contrario, mantiene su apoyo externo a Mañueco para sacar adelante algunas iniciativas, como la ya anunciada Ley de Concordia, que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica de 2018, o los presupuestos de 2025. En ese caso, el presidente de la Junta podría alargar su mandato un año y medio sin necesidad de pulsar el botón del adelanto electoral, un movimiento siempre arriesgado a pesar de los últimos buenos resultados del PP en la Comunidad.

Más de una veintena de cargos públicos en riesgo

La ruptura del acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León provocará la previsible salida de un total de 25 cargos públicos vinculados a la Vicepresidencia y a las consejerías gestionadas por los de Santiago Abascal en la Comunidad. En primer lugar, hay que recordar que tan solo el hasta ahora vicepresidente, Juan García-Gallardo, cuenta con el acta de procurador en las Cortes, ya que fue elegido como cabeza de lista por Valladolid en las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022.

En el caso del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, fue como número siete en la lista vallisoletana y no fue elegido procurador y tanto el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, como el titular de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, son independientes y no fueron en las listas de Vox en aquellos comicios. Los tres, por tanto, perderían todo cargo público si acatan la decisión de la dirección nacional de Vox.

Además, el vicepresidente de la Junta tiene tres directores generales que perderían sus puestos: su director de Gabinete, José María Barrio Gil-Fournier, su directora de Coordinación e Interacción Social, Ana Belén Ruiz y el recientemente nombrado director de Relaciones con la Sociedad Civil, el exgerente del Ecyl, Álvaro Ramos-Catalina. Mariano Veganzones, por su parte, tiene un secretario general, Alberto Díaz Pico, y un total de cuatro directores generales: María Pettit, Emma Fernández, Jesús Jiménez y Fernando de la Parte.

El departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, gestionado por Gerardo Dueñas, tiene un viceconsejero, Pedro Medina, un secretario general, Joaquín Sagarra, y cuatro directores generales: y Jorge Izquierdo, María José González, Teresa Rodríguez y Ángel María Gómez. A ellos, se suma el director del Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), Rafael Sáez.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que encabeza Gonzalo Santonja, por su parte, cuenta con una viceconsejera, Mar Sancho, y con un total de cinco directores generales: Juan Carlos Prieto, Inmaculada Martínez, Ángel González, Carlos Fajardo y Enrique Sánchez Guijo. Además, habría que sumar a los asesores y a los responsables de prensa de cada una de las consejerías gestionadas por Vox.

Un improbable adelanto electoral en Castilla y León

El adelanto electoral es una opción poco probable en Castilla y León. La primera de las posibilidades, y la más plausible, es que, tras la ruptura del acuerdo con Vox en la Comunidad, Mañueco opte por tratar de finalizar lo que queda la legislatura con un Gobierno en minoría. Mañueco tendría garantizada cierta estabilidad, al menos en lo que queda de año ya que los presupuestos autonómicos se aprobaron a finales del mes de abril y el presidente de la Junta contaría, además, con la posibilidad de prorrogarlos si le fuese imposible acordar con el resto de los grupos unas cuentas públicas a finales de 2024, que, hasta ahora, y en lo que va de legislatura, siempre había sacado adelante únicamente con el apoyo de Vox.

Con todo, la posibilidad de un adelanto electoral tras la salida de Vox del Gobierno, aunque improbable, es una opción más plausible en Castilla y León que en las otras cuatro comunidades que contaban con ejecutivos de los populares y los de Santiago Abascal. La Comunidad, al contrario que el resto de autonomías, debería celebrar elecciones en febrero de 2026, ha superado ya el ecuador de la legislatura, que encara su recta final, y sería plausible que Mañueco optase por apretar el botón para llamar a las urnas a los ciudadanos, como ya hiciese en diciembre de 2021 tras la ruptura, en aquel caso decidida por él mismo, de su acuerdo con Ciudadanos.

Además, el dirigente popular tendría argumentos para tomar esa decisión, ante el crecimiento de los apoyos a su partido en todas las elecciones que se han celebrado en la Comunidad desde las autonómicas del 13 de febrero de 2022. En aquellos comicios, que dieron lugar al primer acuerdo entre PP y Vox en España y a la entrada de los de Santiago Abascal por primera vez en un Gobierno, los populares obtuvieron un 31,40% de los votos, el peor resultado de su historia en la Comunidad, frente al 17,64% de un Vox en crecimiento y con el actual vicepresidente, Juan García-Gallardo, como candidato, que exigió, por primera vez, la entrada en un Ejecutivo. Pero las tornas no tardarían en cambiar.

Poco más de un año después, en las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP logró un 39,98% de los apoyos frente a solo el 7,5% de Vox, en unos comicios en los que los populares hicieron valer su implantación territorial y que difícilmente podían compararse con los autonómicos. Pero la tendencia se vio confirmada en las generales. En las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP consiguió un 41,55% de los apoyos y pasó de 13 a 18 escaños en el Congreso de los Diputados por la Comunidad, mientras que Vox se quedó en el 13,78% –tres puntos menos que en las anteriores generales y cuatro puntos menos que en las autonómicas de 2022– y pasó de seis diputados a tan solo uno.

En las europeas del pasado 9 de junio, los populares continuaron en sentido creciente, llegando a un 44,56% de los votos, un porcentaje que se acerca al que tenía la formación cuando contaba con mayoría absoluta en la Comunidad, mientras que Vox se ha quedado en un 10,51%, siete puntos menos que en las autonómicas de hace dos años y medio y más de tres puntos menos que en las generales de hace menos de un año. Una situación de fortaleza del PP y de debilidad de Vox que ha hecho consciente a Mañueco de que un adelanto electoral podría beneficiarle.

El presidente de la Junta, pues, podría tener en la salida de Vox del Gobierno autonómico la excusa perfecta para tratar de neutralizar a su exsocio en las urnas y lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario, necesitando como mucho el apoyo puntual de los partidos provinciales. Pero los cálculos electorales no siempre son exactos, y el presidente de la Junta lo sabe bien después de su apuesta fallida de diciembre de 2021, tras la que obtuvo el peor resultado en votos de la historia de los populares en la Comunidad.

Por ello, es más probable que prefiera tratar de finalizar la legislatura gobernando en solitario, con apoyos puntuales del resto de grupos, teniendo en cuenta que los presupuestos de 2024 ya han sido aprobados y que tendría la posibilidad de prorrogarles y encarar, de este modo, el último año de legislatura con un Gobierno monocolor del PP, algo que no sucede en Castilla y León desde hace cinco años.

La incógnita de los consejeros Dueñas y Santonja

La decisión tomada por la dirección nacional de Vox este jueves será acatada con entusiasmo por dos miembros del Gobierno autonómico: el vicepresidente, Juan García-Gallardo, que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y es muy cercano al presidente del partido, Santiago Abascal, y por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, presidente de Vox en Valladolid y muy activo en todos los actos y manifestaciones convocadas o apoyadas por la formación en los últimos meses, como las protestas ante las sedes del PSOE contra la Ley de Amnistía.

La mayor incógnita se encuentra en los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. Ambos son independientes y no se presentaron en las listas de la formación en las elecciones del 13 de febrero de 2022, por lo que Mañueco podría tratar de convencerles que se quedaran conformando el Ejecutivo hasta el final de la legislatura, abriendo así una grieta en la decisión de la formación en Castilla y León. Además, en el caso de Santonja, mantiene una estrecha amistad personal desde hace años con el presidente del Ejecutivo autonómico. Un Gobierno que ha sido calificado como "útil y eficaz" en incontables ocasiones por parte de todos los consejeros de Vox y los titulares de ambos departamentos podrían agarrarse a ese argumento.

Con todo, ambos consejeros han mostrado una total sintonía con la línea ideológica de Vox durante los más de dos años y medio de legislatura –Dueñas se ha convertido en el adalid de la lucha contra las "imposiciones climáticas" y la normativa de sanidad animal de Bruselas y Santonja ha llevado la batuta en la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de monumentos franquistas como la burgalesa Pirámide de los Italianos– y, en principio, sería previsible que aceptaran la decisión del presidente de Vox y salieran del Gobierno junto a Gallardo y Veganzones. Una ruptura que ha puesto punto final al que fue el laboratorio de experimentación de Vox y el Ejecutivo pionero en los pactos entre ambas formaciones en España.