El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado en su reunión de hoy el acuerdo que faculta a la Fundación del Serla para que pueda abonar, con cargo a la aportación dineraria de 400.000 euros concedida por la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo, gastos de arrendamiento, costes salariales del personal de alta dirección y gastos derivados de los servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de todos los conflictos, tanto de conflictos colectivos como de conflictos individuales.

En cuanto a los gastos de arrendamiento, la cantidad asciende a los 28.000 euros, mientras que el relativo al personal, atiende a retribuciones pendientes al director gerente, quien, al parecer, no ha cobrado los meses de este 2024 ni tampoco varios del 2023. 

Además, el cuerdo contempla la ampliación del periodo de ejecución de los fondos recibidos, de modo que, la Fundación podrá destinar la aportación económica de la Junta de Castilla y León, que se ha hecho efectiva el pasado mes de mayo, a sufragar gastos generados tanto durante el presente ejercicio como durante el segundo semestre del pasado año 2023.

De este modo, el Gobierno autonómico pretende facilitar el pleno funcionamiento de la Función del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León y posibilitar la financiación de su actividad mediadora en los conflictos surgidos entre empresas y trabajadores, evitando su judicialización.

El acuerdo aprobado es fruto del compromiso adquirido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo con CEOE CYL, UGT y CCOO en el marco del Diálogo Social celebrado el pasado lunes y constituye el punto de partida para abordar las dificultades económicas de la Fundación.

En este sentido, el objetivo del Gobierno autonómico es alcanzar un acuerdo tripartito consensuado, con criterios de eficiencia económica y seguridad jurídica, que dé estabilidad a la Fundación.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno en Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la mañana de este jueves, cuando ha declarado que el único objetivo de la Junta de Castilla y León en relación a esta cuestión es "garantizar el funcionamiento del Serla, como hemos hecho siempre, acordando la flexibilización de los pagos".  

Si bien, Carriedo ha insistido en la importancia de garantizar el funcionamiento de la Fundación "desde la eficiencia y con austeridad", así comollevar a cabo una "búsqueda de ahorros".

Así, más allá de afirmar que la Junta va afrontar los pagos pendientes del Serla en materia de alquier y personal, por está obligado a hacerlo, ha insistido en que esto no exime ni a la Junta ni a la propia Fundación de "examinar qué gastos se pueden realizar con menor importe". 

En este sentido, ha expresado que no se descarta que en los próximos meses el Serla cambie de ubicación de la sede, por implicar un menor gasto económico, siempre y cuando pueda "garantizar el servicio con la máxima calidad".

Sobre esto, el portavoz del Gobierno regional ha adelantado que lo primero que se va a estudiar es el traslado de la sede a instalaciones de la Junta para ahorrarse la cantidad destinada al alquiler, pero que, si esto no fuese posible, se seguirá "estudiando el mercado para ver si hay espacios adecuados para prestar el servicio con mejores condiciones de precio". "Es obligación del Serla, como fundación pública, buscar esa fórmula, examinando si es capaz de prestar el mejor servicio posible con menor gasto. En cualquier caso, los gastos incurridos, habría que pagarlos", ha expresado el consejero. 

Carriedo también ha aprovechado la ocasión para criticar el hecho de que la Junta sea "la única entidad que está financiando al Serla", al tiempo que ha recordado que, pese a que las Cortes ya pidieron apoyo al Gobierno de España, este nunca ha llegado.