La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho pública este viernes, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la nueva orden mediante la cual se establece un nuevo procedimiento para reconocer y calificar el grado de discapacidad. Una norma que introduce una serie de novedades con el objetivo de "mejorar la calidad y la agilidad" del proceso y que facilita el papel que deben jugar los ciudadanos que se encuentran inmersos en el procedimiento.

Uno de los grandes avances es la apuesta por la eliminación de "duplicidades innecesarias", algo que sucede cuando una persona en pleno reconocimiento de una discapacidad ya ha tenido que pasar de forma previa por un procedimiento de valoración de su grado de dependencia. Si existiesen informes relativos a este último proceso, se considerarán válidos y podrán incorporarse al expediente sobre la discapacidad para evitar que se multiplique el trabajo y que se demore la tramitación.

Además, la Junta ha recordado que la inexistencia, hasta la fecha, de un modelo de informe sanitario que estuviese normalizado hacía más difícil el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales, ya que la interpretación del diagnóstico clínico no es algo sencillo. Por ello, las consejerías de Familia y Sanidad han impulsado un modelo de informe de salud normalizado y único, para evitar que se presenten múltiples informes por parte del ciudadano y que también permita a los valoradores que fundamenten de forma adecuada la valoración de la discapacidad.

Una gran novedad es también el impulso de la historia social única dentro de este procedimiento. Los valoradores de los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales podrán, por tanto, acceder, durante el proceso en el que se esté reconociendo y valorando el grado de discapacidad, a toda la información previa que exista acerca del usuario en cuestión.

Además, la Consejería ha dado el apoyo definitivo a los medios telemáticos en este procedimiento, ya que podrá llevarse a cabo una valoración por informes a disposición de los profesionales dentro el sistema informático para evitar los desplazamientos de personas que, muchas veces, tienen movilidad reducida.

El año pasado ya entró en vigor otra orden a través de la cual se promovía la adaptación de las Unidades de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad que son dependientes de las gerencias territoriales de Servicios Sociales a la normativa estatal. En aquel caso, la Junta apostó por el impulso de un modelo organizativo que se basase en la polivalencia del personal, al ser necesario contar con profesionales que estuviesen formados tanto en el área social como en el ámbito sanitario.