El Consejo Consultivo de Castilla y León da la razón a la Junta en su intención de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento Nacional. De esta manera, avala el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco el pasado 30 de mayo. De esta manera, la Junta podrá ya presentar el recurso de inconstitucionalidad.

A partir de ahora los letrados se ocuparán de presentar el recurso de inconstitucionalidad. La Junta informa de que existe un plazo legal de tres meses para recurrir la norma. Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, detalló antes de verano tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el proceso que seguirá el recurso en el seno de la Junta de Castilla y León, que ya en noviembre de 2023 ratificó el acuerdo para comenzar la tramitación interna para recurrirla en vista de su previsible aprobación. Desde entonces, “la Junta no ha dejado de trabajar en la definición del campo de futbol”, señaló en su día.

Ahora, la institución propia dictamina que el Gobierno autonómico está legitimado para interponer ese recurso y considera que existen “fundamentos jurídicos suficientes” para recurrir la ley. El dictamen del Consejo Consultivo, consultado por Ical, recoge que hay “fundados argumentos” para mantener que la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, “no tiene cabida en la vigente Constitución Española”, por lo que su aprobación, conforme a los principios y valores constitucionales, requeriría la previa reforma de la Constitución. 

El dictamen, que fue aprobado por mayoría pero que contó con un voto particular, mantiene que la Ley de Amnistía, impulsada por el Gobierno de España, “vulnera el derecho de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, y los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica, así como los preceptos contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución, atinentes al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes”. 

No obstante, el dictamen del Consejo Consultivo matiza que no debe entenderse vulnerada la Constitución ni el bloque de la constitucionalidad por haber sido utilizado el procedimiento legislativo de urgencia para la aprobación de la proposición de Ley de Amnistía.