Castilla y León ha avisado de que utilizará "todas las armas legales" si el Gobierno de España toca la asignación para políticas de vivienda que le corresponde a la Junta por el peso demográfico de la Comunidad. 

Lo hará para así evitar que se condicione la recepción de fondos al cumplimiento de la normativa estatal en aspectos voluntarios, como la declaración de zonas tensionadas que pone límites a los precios de los alquileres.

Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, después de que la Junta criticase la decisión de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de vincular las partidas del Estado para políticas de vivienda a la puesta en marcha de los instrumentos que recoge la Ley de Vivienda Nacional.

De este modo, el consejero ha avanzado que recurrirán a la vía judicial si se dicta alguna resolución en ese sentido, puesto que, tal y como ha recordado, las competencias transferidas llevan aparejadas una financiación.

"Rechazamos este autoritarismo", ha confesado Suárez-Quiñones, al tiempo que ha denunciado que el Gobierno recurra a la “amenaza” y la “coacción” para que las comunidades apliquen una política “fracasada”.

En este sentido, se ha referido a las zonas tensionadas a las que la Junta se ha opuesto desde el principio por estar basadas en la “confiscación”, ya que, según ha recordado, el control de precios termina retrayendo el mercado y, por tanto, elevando los alquileres. 

Mañueco se reunirá con la ministra de Vivienda en octubre y le exigirá que "no amenace" a las comunidades

Si bien, más allá de vincular estas políticas “erráticas” con la situación “agónica” del Gobierno y la necesidad de hacer concesiones a sus socios, Suárez-Quiñones ha comunicado que Castilla y León pedirá más financiación para las comunidades en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que se abordará en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, prevista para el 3 de octubre.

Asimismo, ha revelado que Castilla y León también demandará la incorporación de una mayor perspectiva rural en las políticas de vivienda que se diseñan para todo el país y un cambio en la estructura de las ayudas dirigidas a los jóvenes.

Al respecto, ha recalcado la importancia de que se unifiquen estas ayudas que conceden las autonomías y que en el caso de Castilla y León han superado los 40 millones de euros en su última convocatoria.

Finalmente, el titular de Vivienda ha insistido en la necesidad de que "no se frustren las expectativas de la población juvenil con anuncios sobre nuevas políticas, que no terminan llegando a todos ellos". 

"Chantajes permanentes"

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha denunciado hoy en Burgos "los chantajes permanentes" del Gobierno de España, frente al “diálogo continuo” del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Blanco se ha referido así a la advertencia lanzada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de que el Gobierno central podría retirar fondos para la vivienda a las comunidades que no cumplan con la ley aprobada en la materia por el actual Ejecutivo.

En este sentido, la consejera ha acusado a la ministra de “chantajear nuevamente a las comunidades autónomas” y ha afirmado que “solo sabe ceder ante sus socios separatistas”.

“Cualquier excusa le vale para desviar la financiación hacia sus socios separatistas, quitándoselas al resto de las comunidades autónomas de España”, ha expresado.

En contraposición, ha aprovechado la ocasión para poner en valor las acciones llevadas a cabo por su Gobierno, haciendo referencia a los cuatro nuevos acuerdos del Diálogo Social alcanzados ayer en materia de educación, dependencia, vivienda y transición justa. Acuerdos que según ella "buscan mejorar la vida de las personas de Castilla y León”. 

En lo que ha vivienda se refiere, Blanco ha recalcado que este acuerdo busca poner en marcha 1.600 viviendas más, así como “seguir apostando” por las convocatorias de alquiler que, por ejemplo, en el mundo rural para los jóvenes llegan hasta el 75%, entre otras medidas.

“Vamos a seguir, desde el diálogo con las entidades, los agentes del diálogo social y las corporaciones locales, trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Castilla y León y de nuestro mundo rural”, ha apuntado. 

Aprovechando su presencia en Quintana Martín Galíndez, localidad burgalesa que hoy ha acogido la celebración del Día de la Provincia de Burgos, la vicepresidenta ha recordado que Castilla y León es una Comunidad “eminentemente rural”, donde el 36% de la población vive en el mundo rural; y 2.119 municipios de los 2.648 tienen menos de 2.000 habitantes. 

Al hilo de esto, Blanco ha explicado que estos servicios, cuando se prestan en los pueblos, son más caros. Por todo ello, ha prometido que desde la Junta seguirán trabajando “por las personas del mundo rural”, y poniendo encima de la mesa “medidas que incentiven que las personas quieran venir y quedarse en nuestros pueblos”.