PP y Vox han tumbado en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles, con su mayoría de 44 procuradores, una moción del PSOE que pedía a la Junta que reforzase las plazas residenciales públicas en la Comunidad y que elevase las prestaciones vinculadas a estos servicios.

Un rechazo justificado por los populares en que la dependencia y la atención a los mayores es la "gestión estrella" de la Junta y Vox ha solicitado que se reconociese la labor del Gobierno de coalición entre 2022 y 2024 a través de una enmienda que no ha sido aceptada por los socialistas.

La iniciativa del PSOE, en cambio, ha contado con el apoyo del resto de la oposición, ya que el Grupo UPL-Soria Ya y los tres representantes del Grupo Mixto: Pablo Fernández, de Unidas Podemos, Pedro Pascual, de Por Ávila y Francisco Igea, le han dado su apoyo.

La socialista Yolanda Sacristán ha denunciado que no se cumple en Castilla y León el acceso en igualdad a los servicios público y ha recordado que "solo una de cada 10 plazas es pública en la Comunidad".

El procurador popular Juan Jesús Blanco ha asegurado que las propuestas "llegan tarde" en una Comunidad "líder en gestión de la dependencia y con mayor cobertura de plazas". 

La procuradora de Vox María Luisa Calvo ha apoyado que se ponga el foco en los mayores para que no sufran el aislamiento social y el aislamiento y ha planteado una enmienda de sustitución  para reconocer "las medidas adoptadas durante el Gobierno de coalición de PP y Vox".

Sacristán, por su parte, ha rebatido al PP que haya plazas suficientes y ha acusado a la Junta de "hacer caja" al "ahorrarse 35 millones sobre lo recibido del Gobierno para la dependencia, con lo que se podría aumentar las prestaciones vinculadas a servicios".

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido asumir los desafíos ante la elevada población mayor de 65 años en Castilla y León para su atención con políticas públicas y Francisco Igea ha asegurado que la propuesta socialista "va en la dirección correcta".

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha rechazado que el 70% de las plazas sean privadas con lo que "se desatiende" a los mayores al convertir a los servicios sociales en "un vehículo de negocio". Y la leonesista Alicia Gallego ha apostado por "reforzar" los servicios públicos y ha apoyado la moción.