CCOO y UGT acusan a Vox de "oportunismo" por "reabrir" la denuncia sobre el Diálogo Social en el Parlamento Europeo

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han tachado de “oportunista” la acción de Vox de reabrir en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la denuncia que realizaron los sindicatos, en marzo, por la “incorrecta aplicación” del Diálogo Social en aquel momento.

Todo después de que las organizaciones sindicales hubieran dado ya “por cerrado” el asunto, al “haberse restituido la democracia participativa”, tras la ruptura del pacto entre PP y Vox y la salida del gobierno regional de los segundos, como apuntan a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Diálogo Social recibe 3,9 millones de la Junta, que también restituye la financiación perdida al Serla

Vicente Andrés, secretario general de CCOO en Castilla y León y Faustino Temprano, secretario general de UGT en la Comunidad, denunciaron el 19 de marzo, ante el Parlamento Europeo, la “incorrecta aplicación que en aquel momento el gobierno autonómico, formado por PP y Vox, estaba realizando de la legislación de la Unión Europea en relación al Diálogo Social y al Serla”, apuntan en el comunicado.

“Cuando planteamos dicha denuncia, la ilegalidad era una constante en el gobierno autonómico”, defienden, pero añaden que los sindicatos “lo dimos por cerrado” porque roto el pacto de Gobierno en Castilla y León “se restituyó la democracia participativa y se inició la recuperación de los derechos arrebatados al comienzo de la legislatura”.

Añaden que ahora Vox “pretende utilizar el trabajo que realizamos en su día” y “ha decidió reabrir el proceso en la Comisión de Peticiones” que se va a celebrar este lunes, 18 de noviembre.

“Se trata de una maniobra de rencor hacia el presidente de la Junta de Castilla y León y un intento de tergiversar los hechos pues mientras en marzo denunciamos que la ley no se cumplía, en estos momentos está en proceso de restituirse y, por tanto, la Petición he perdido su sentido”, afirman los sindicatos.

Faustino Temprano y Vicente Andrés volverán a intervenir este 18 de noviembre en la Comisión de Peticiones donde, han afirmado, “Vox hará gala de una actitud oportunista que sólo busca protestar contra la legalidad a la vez que pretende atacar al PP”.

UGT y CCOO han lamentado que a “Vox no le guste ni la democracia, ni los fundamentos legales que la sustentan”.

Gallardo defenderá las medidas aplicadas 

Fuentes de Vox han asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que “el debate está basado en una petición “presentada por UGT y CCOO Castilla y León sobre los recortes de las subvenciones realizadas por Vox”.

Todo cuando formaba parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León en la búsqueda de un Diálogo Social “no ultra subvencionado y con la austeridad como premisa”.

“La Comisión Europea ha emitido una contestación escrita a la solicitud indicando que no es competente para decidir si hay vulneración o no de la normativa europea”, afirman desde Vox.

A raíz de la salida de Vox del Gobierno y a la vista de que el Gobierno en solitario del PP “ha revertido todas las subvenciones directas a los sindicatos”, los miembros de Vox en la Eurocámara han solicitado “un nuevo debate para exponer esta realidad en el Parlamento Europeo”.

Añaden que con la presencia de García-Gallardo en Bruselas, se “podrá transmitir de primera mano esta situación a los miembros de Vox en la euro cámara” y se “trasladará al grupo parlamentario de Patriotas por Europa, donde está encuadrado Vox, su preocupación por el abrazo de Mañueco a los postulados de la Agenda 2030”.

“Esto puede suponer para el sector agrícola y ganadero y de la automoción de la Comunidad un perjuicio con las consecuencias negativas para la economía de Castilla y León y la pérdida de puestos de trabajo incluidos o la aceptación de una política de fronteras abiertas en materia inmigratoria”, apuntan.

Añaden que se están “rechazando una y otra vez las propuestas de Vox para frenar el efecto llamada o hacer cumplir el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería ya que es competencia autonómica”.

García-Gallardo defenderá las medidas aplicadas durante su presencia en el Gobierno autonómico, con “un recorte directo de más de 20 millones de euros” de subvenciones a los sindicatos que, según fuentes de la formación, “permitió la aplicación de líneas de ayudas para que las empresas comprasen maquinaria o la elaboración de estrategias inéditas en prevención de riesgos laborales”.

Además, exigirá explicaciones a su exsocio del Partido Popular y al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que entiende como “un nuevo regalo de 1.000 millones de euros” que aseguran que se ha realizado a los sindicatos como fruto de los nuevos acuerdos del Diálogo Social.